Aspecto de la sesión del Senado donde se aprobó el proyecto que aumenta las
jubilaciones. (Foto/NA)
Nacionales - El Senado de la Nación aprobó en general el proyecto que aumenta las jubilaciones en un 8,1
y pliega su actualización mensual al Índice de Precios al Consumir (IPC), que ya tuvo la media sanción de la Cámara de Diputados con dos tercios y por la cual el presidente Javier Milei afirmó
que, de sancionarse, la vetará.
Fue por 61 votos afirmativos, ocho negativos y cero abstenciones en general. En particular, la oposición logró blindar algunos artículos sensibles para el Gobierno nacional con dos tercios como, por ejemplo, el pago de las deudas que mantiene la Nación con las cajas previsionales provinciales.
Además del aumento de 8,1 y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.
A su vez, dispone que la ANSES "garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09".
También instruye a la institución a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales "no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley".
Su eventual aprobación significaría un gasto del 0,43 por ciento, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ante este panorama, Milei aseguró que utilizaría, por primera vez, su facultad de veto. El jefe de Estado calificó como "degenerados fiscales" a los diputados cuando le dieron luz verde al proyecto.
Semanas atrás, la Casa Rosada envió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, para defender el "déficit cero" que promueven Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Los funcionarios postularon que aceptaban el 8,1, pero no harían lugar al resto de los puntos. No obstante, la propuesta del 8,1 también fue condicionada por los emisarios del Poder Ejecutivo al sostener que no sería de forma retroactiva a enero, mes en el que las jubilaciones subieron 12,5 frente al 20,6 que fue la inflación, sino al mes siguiente de la promulgación de la ley.
El proyecto que se aprobó y que ahora pasará al Ejecutivo nacional —que amenaza con vetarlo— establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.
Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El Ejecutivo insistió en que esto fuera a partir de julio y la oposición lo quiere retroactivo desde febrero. Esto último es lo que se impuso.
Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09. Tampoco fue avalado por la Casa Rosada, aunque varios dialoguistas consideran que a Diputados “se le fue la mano”. No obstante, tampoco se aceptó modificarlo y se aprobó como llegó de la Cámara Baja.Además, la Cámara Baja agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE —promedio de los salarios— y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Bajo este precepto, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes. Otro punto que el Gobierno no tolera y que quedó sancionado.
Durante el debate en Diputados, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios sobre reajuste de haberes y de las deudas con las cajas previsionales provinciales —que 13 distritos no transfirieron a Nación— con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA. Para el Ejecutivo, esto significa el final del déficit cero.Por otra parte, durante la sesión ordinaria se aprobó y giró a Diputados el proyecto que impone “prisión de 5 a 15 años al que reciba y a quien entregue ilegítimamente a una persona menor de edad mediando o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
Informe: NA, Infobae, agencias y Agensur.info
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