Luis Almagro, secretario General de la OEA
Venezuela - La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha acusado este martes a las autoridades venezolanas
de intentar “distorsionar el resultado electoral” desde la “manipulación más aberrante” en un proceso “sin garantías”. El Consejo Permanente de la OEA, máximo
órgano ejecutivo, celebrará una reunión extraordinaria el próximo miércoles para abordar los resultados y la reivindicación por parte del régimen de la victoria, que califica
de fraudulenta.
El comunicado emitido en Washington denuncia de manera tajante lo que considera un fraude sin paliativos: “La peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de elecciones. La obligación de cada institución de Venezuela debía ser asegurar la libertad, la justicia, la transparencia del proceso electoral. El pueblo debía de contar con las máximas garantías de libertad política para poder expresarse en las urnas y proteger los derechos de los ciudadanos a ser elegidos”.
El organismo, cuyos observadores, al igual que los de la Unión Europea, no recibieron autorización para presenciar el desarrollo de la votación, lamenta que durante este proceso electoral el régimen chavista haya aplicado “un esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral”, como denuncia la oposición. En este sentido, sostiene que “el régimen madurista se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente se fue a un proceso electoral sin garantías, ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías”. “El manual completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo, en muchos casos de manera muy rudimentaria”, subraya.
El comunicado de la OEA afirma que la auditoría o recuento de actas “no ha tenido las menores condiciones de seguridad y de control”. El organismo panamericano recuerda que, en lo relativo a auditorías de escrutinio, “el régimen [chavista] está atrasado por lo menos 11 años, cuando se comprometió con UNASUR (en reunión del 18 de abril de 2013 en Lima) a hacer una auditoria del 100 por ciento de las actas del proceso electoral del 14 de abril 2013. Es obvio decir que la misma nunca se cumplió. Es obvio que una nueva burla sería inadmisible”, advierte.
Tras horas de incertidumbre el domingo, el Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE), de línea oficialista, acabó dándole la victoria a Maduro con el 51,2% de los votos frente al 44,2% del principal candidato opositor, Edmundo González.
Pero tanto la oposición, liderada por María Corina Machado, como gran parte de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y Colombia, pusieron en duda los resultados que otorgan a Maduro su tercer mandato consecutivo de seis años.
Machado aseguró el lunes que tenía en su poder copias del 73% de las actas de escrutinio y proyectó una victoria de González con 6,27 millones de votos frente a los 2,75 de Maduro.
Un paso más allá que las principales cancillerías, empezando por el Departamento de Estado de EE UU, que solicitan la publicación inmediata de las actas, la organización que dirige Luis Almagro concede pleno crédito a las pruebas proporcionadas por la oposición: “Ya ha presentado las actas por las que habría ganado la elección”, mientras que “el madurismo, incluido el CNE [Consejo Nacional Electoral], aún no ha podido presentarlas”. Por lo tanto, insta a Maduro a aceptar “las actas en poder de la oposición y en consecuencia su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela”. Si el régimen chavista no lo hace, propone el comunicado, “sería necesaria la realización de nuevas elecciones, pero en este caso con las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la OEA presentes y un nuevo CNE para que se reduzca el margen de irregularidad institucional que plagó este proceso”, ha recalcado.
El comunicado abunda en las consecuencias que para la población de Venezuela tiene la suma de “injusticias”. “Ese pueblo es víctima una vez más de la represión, sin lugar a dudas la característica gubernamental más relevante, fruto de una gestión ineficiente que ha sembrado las más graves crisis humanitaria y migratoria que ha conocido la región”, continúa el comunicado. Se estima que alrededor de ocho millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años. A Estados Unidos, donde radica la sede de la OEA, han llegado desde 2021 más de 800.000 venezolanos, incluidos 114.695 en el primer semestre de este año.
Informe: El País (España), AFP, Reuters, agencias y Agensur.info
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