Nacionales - El juez federal Sebastián Casanello dispuso preventivamente la inhibición de bienes de los investigados por presuntas irregularidades en la administración de planes sociales y comedores populares.
Se trata de una medida provisoria, adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, después de que la Cámara Federal ordenara que se realizaran los allanamientos de las últimas horas.
Casanello dispuso, además, concretar una medida de prueba que ya había dispuesto previo a que la Cámara dispusiera los allanamientos: le pidió informes al Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) sobre el control que ejerce respecto de los fondos y alimentos enviados a las organizaciones.
La medida involucra a 28 personas y comedores que dependen de cooperativas administrados por el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
En las imputaciones que hizo el fiscal Gerardo Pollicita, expresó: “Ha podido comprobarse preliminarmente que, al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres (3) grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social —personas en situación de alta vulnerabilidad social—, bajo diversos conceptos —“cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”, etc.—, cobrarles por la entrega de alimentos —pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional—, obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional —quedándose los acusados con la ganancia— y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen —e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales—; todo ello bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería”, sostuvo el fiscal Pollicita en su acusación.
En su dictamen aparecen números chats que sostienen su imputación bajo la figura amenazas coactivas, extorsión y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. No obstante también se está evaluando si pudo existir lavado de dinero. “Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”, dice uno de los mensajes que emitió a un grupo de Whastapp Patricia Iramain, una de las delegadas.
El fiscal había pedido allanamientos para indagar y detener, pero el juez Casanello rechazó y pidió más medidas. La representante del Ministerio Público apeló y la Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a los procedimientos para secuestrar la prueba. No hay detenidos y se espera evaluar toda la prueba antes de resolver la declaración de los involucrados. Los operativos se hicieron el lunes.
Por lo pronto la inhibición de bienes alcanzó a Jeremías Cantero, el segundo de Belliboni en el PO, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.
Informe: NA, agencias y Agensur.info
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