Milei, frente a los tabúes de la política

Por Francisco Olivera

Dicen que el proyecto de la ley de Bases empezó a caerse aquel viernes por la tarde en que el oficialismo decidió ir a un cuarto intermedio. Alguna diputada se lo reprochó después a Martín Menem: tendrían que haber votado de corrido. Durante ese impasse, que duró cuatro días, se multiplicaron los llamados a diputados, principalmente por el tema que inició la serie de ocho rechazos en la votación particular: las facultades delegadas para eliminar o modificar fondos fiduciarios públicos.

Es una cuestión sensible. Uno de los grandes tabúes de la dirigencia política. Los fondos fiduciarios públicos, la mayoría de los cuales están destinados a desarrollos en distintas provincias, fueron creados en 1994 por Menem, que los incluyó en la ley de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, y usufructuados por todas las administraciones siguientes: recurrieron a ellos De la Rúa, Duhalde, Kirchner, que los incorporó a la ley de Administración Financiera; Cristina Kirchner, que incluyó la normativa en el Código Civil; Macri, que los hizo superavitarios, y Alberto Fernández. Es una caja tan atractiva que varios de ministros de Economía quisieron incorporarlos a los gastos de la Secretaría de Hacienda y fracasaron. Los últimos fueron Silvina Batakis y Sergio Massa.

Un trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso elaborado por el economista Ariel Melamud estima que los 29 fondos fiduciarios públicos nacionales que existen, sin contar los provinciales y municipales, le cuestan al país alrededor de un 2% del PBI. Es una cifra monstruosa: según un informe de la consultora Idesa, con semejante proporción de fondos se podría, por ejemplo, llevar las jubilaciones al nivel de 2017, cuando empezaron a caer. Pero el cálculo no es tan sencillo porque, en muchos casos, estos fideicomisos cumplen funciones que de otro modo debería cubrir el Estado. En todo caso, las objeciones a estos instrumentos han sido siempre la escasa transparencia con que se manejan: son una verdadera caja de la política. Y, para muchos economistas que los estudiaron, una manera de proteger gasto público.

Esto es lo primero que trabó la votación del martes. El Gobierno había acordado con los gobernadores dejar sólo dos. El más relevante, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, creado por decreto en 1995 por Menem para facilitar las privatizaciones de los bancos provinciales, que estaban quebrados como consecuencia del efecto Tequila, y saldar las deudas de esos Estados. El mecanismo alentó en su momento la llegada a varios bancos de empresarios como Jorge Brito y Enrique Eskenazi. Y el otro era el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, creado en 1997 por ley para asistir a las provincias y al Estado Nacional en la financiación de obras, y a través del Banco Hipotecario, constituir una línea de créditos que financie hasta 95% de las viviendas.

Pero eso no alcanzó para que todos votaran como pretendía el Gobierno. Durante ese fin de semana, Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, había estado esperando alguna señal de la Casa Rosada. Le habían prometido el jueves anterior una convocatoria del Presidente, que no se produjo, y él y varios gobernadores recibieron una llamada de Luis Caputo, ministro de Economía el mismo martes de la votación. “¿Recién ahora llaman?”, protestaron en una provincia. La tensión se trasladó al recinto. Cuando Martín Tetaz, de la UCR, oyó que Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, proponía esas dos excepciones, reaccionó: “Si cada uno va a hacer lo que quiere con sus fondos fiduciarios, entonces discutamos todos: ¡todos se abren, todos los fondos fiduciarios o ninguno! ¡O se van todos o no se va ninguno!”. Y así fue como el inciso H del artículo 4, que facultaba al Gobierno a intervenir sobre el tema, recibió 142 votos en contra, incluidos 32 de dialoguistas, y el oficialismo levantó la sesión.

La caída de la ley ómnibus fue un cimbronazo para los empresarios, algunos de los cuales les venían aconsejando a gobernadores que no tensaran tanto la negociación. “Ustedes no entienden cómo razona esta gente”, les dijo el líder de una cámara. Tal vez tenían indicios de que, desde que se quitó del proyecto la parte fiscal, al Gobierno le importaba más el manejo del poder que la sanción de la ley. Hace tres semanas, cuando Santiago Caputo se metió en la discusión parlamentaria con atribuciones que sorprendieron a toda la cámara, una diputada lo escuchó advertirle: “Mirá que te bajo la ley: no tengo problema en retirarla. Los voy a exponer y bánquensela”.

Los empresarios tenían expectativas con el texto, que conformaba desde a las cerealeras, por el contenido sobre semillas, hasta a las mineras, por los cambios en la normativa sobre glaciares, o petroleras y productores de biocombustibles. Pero que todo se haya frustrado alarma principalmente a casas matrices con intenciones de invertir, algunas de las cuales llamaron esta semana preocupadas a sus filiales. Hay, por ejemplo, cinco o seis proyectos de cobre que estaban cerca de anunciarse y que han decidido esperar. Por eso tanto malestar en algunas entidades. En la Unión Industrial Argentina, por ejemplo. Amcham, la cámara de comercio norteamericana, pidió el miércoles en un comunicado “liderazgos a la altura de la circunstancias”. El texto no hacía nombres, pero parecía dirigido también a la oposición. “Las disputas partidistas y los intereses individuales desvían la atención de las verdaderas necesidades de la sociedad”.

Por el momento, las empresas celebran que siga en pie una parte importante del decreto de necesidad y urgencia. La completa desregulación de precios, por ejemplo. Están en un punto de inflexión y han empezado a tomar decisiones sobre la nueva normativa. Por primera vez en mucho tiempo deberán competir. Vuelven entonces muchas promociones y estrategias de marketing que parecían olvidadas. Lo más lógico, por ejemplo, sería que, salvo las del pack de 6, una lata de gaseosa se vendiera en el quiosco, y la de botella, en el supermercado, dicen. “Nos estamos adecuando a la oferta y la demanda, como en los 78 países que hacen lo mismo”, contestaron en una cámara.

Es la lógica de Milei. Allí donde el Presidente se siente más a gusto. El trabajo legislativo, en cambio, parece por ahora perturbarlo. Una asignatura pendiente y de desenlace incierto.

Las negociaciones que hubo en Diputados dejaron al Gobierno a mitad de camino. Porque fueron pocas. Entre ellas la del artículo 59, que derogaba aranceles para la producción de azúcar, principal actividad económica del Noroeste, y convenció a los tres diputados tucumanos de votar como el oficialismo. Pero cada vez que los enviados de Milei les recordaban a los cordobeses que ellos habían puesto funcionarios en varias áreas de organismos nacionales y que, por lo tanto, se esperaba que no votaran en contra, la respuesta fue: “Ustedes le pagaron a Schiaretti, no a nosotros”.

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