Nacionales - En el paquete de leyes o Ley Ómnibus que envió al Congreso el presidente Javier Milei se encuentran varias reformas en la Cultura, entre ellas la búsqueda del cierre del Fondo Nacional de las Artes (FNA).
Se trata de una institución creada por decreto en 1958 durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu que sirve de fomento a las industrias culturales.
Esta propuesta de la derogación del Decreto Ley 1224 se observa en el artículo 589. De esta forma, se buscara cerrar el Fondo Nacional de las Artes por el cual fue designado el cineasta Javier Torre, quien aún no fue nombrado de manera oficial.
El FNA cuenta con oficinas administrativas en la calle Alsina 683 y su Casa de la Cultura, en la ex casa de Victoria Ocampo, ubicada en Rufino de Elizalde 2831, en Barrio Parque. Allí hay varias muestras para el público.
El Fondo posee obras emblemáticas del siglo de Fernando García del Molino, Juan Pedro León Pallière y Carlos Morel. Por otro lado, también pasaron por allí directores tales como Amalia Lacroze de Forbat.
El FNA es un organismo autárquico que busca fomentar el arte y tiene 120 trabajadores que reciben un sueldo por parte del Estado. Este es financiado mayoritariamente con el Dominio Público Pagante “u oneroso”, que representa un gravamen que se abona por el uso de la obra de un autor nacional o extranjero murió hace más de 70 años.
“El Poder Ejecutivo Nacional procederá a la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales con motivo de la derogación prevista en el artículo anterior”, reza el artículo 590 sobre el personal de la institución.
La Ley Ómnibus, que apunta a disminuir el gasto del Estado, también disuelve el Instituto Nacional del Teatro y impulsa varias modificaciones en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Conabip y el Instituto Nacional de la Música.
La propuesta libertaria, fiel a su insignia de dejar a los ciudadanos librados a su suerte, no llevará adelante actividades gratuitas de ningún tipo. De acuerdo al artículo 209, "en la publicidad de las prestaciones o servicios de cualquier tipo en los niveles nacional,
provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sean de libre acceso o atención por parte de los ciudadanos no podrá utilizarse la palabra ´gratuito' o similares debiéndose aclarar que se trata de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes".
Industria del libro
Bajo el Título III dedicado a la “Reorganización económica” se incluye la derogación de la ley de precio uniforme de venta al público de libros. Se trata de una medida que afectará directamente a la actividad librera nacional y, como manifestó la Fundación El Libro, institución organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires “haría colapsar a toda la cadena de valor del libro, sobre todo a los eslabones más débiles”.
Esta Fundación, integrada por la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Sociedad Argentina de Escritores; la Cámara de Librerías, Papeleras y Afines; la Federación Argentina de la Industria Gráfica y el Sector español de Libros y Revistas, manifestó su total y absoluto rechazo a “los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del valioso y admirado sistema cultural argentino”.
“Se busca hacer desaparecer a dos de las instituciones culturales insignias de nuestro país: el Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro, y así destruir el entramadado cultural argentino, tan admirado en todo el mundo”, señala su comunicado.
Víctor Malumián, de la organización de la Feria de Editores que aglutina editoriales más pequeñas, explicó en sus redes sociales que la ley que pretende ser derogada establece que los editores deben fijar el precio de venta de los libros y que debe ser el mismo en todos los puntos de venta, si esto no existiera se generaría una tendencia a privilegiar a las editoriales más poderosas. Esto traería como consecuencia el cierre de las librerías independientes, la desaparición de los puntos de venta de las pequeñas editoriales, las pequeñas editoriales y, en consecuencia, la posibilidad de publicar de escritores emergentes.
Según esta normativa, los editores, importadores o representantes de libros fijan un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe. Es decir, los libros tienen el mismo precio en cualquier librería física. Lo mismo sucede con las ediciones digitales.
Esta ley, que se inspira en la Ley Lang, promulgada en 1981 en Francia, busca proteger a las librerías frente a “grandes superficies”, como supermercados o grandes cadenas. Si el supermercado toma un libro que se vende muchísimo o dos y los pone muy baratos, porque maneja grandes volúmenes o porque eso le sirve como oferta, entonces las librerías venderán mucho menos.
Es por ello que para sostener esos comercios que se dedican exclusivamente o principalmente a los libros, se dictó una ley que impide las rebajas.
En definitiva, lo que propone la derogación de esta ley es que cualquier librería, cadena de librerías o incluso grandes supermercados puedan poner el precio que consideran al libro, más allá de lo que sugiere el editor.
Informe: NA, agencias y Agensur.info
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