Por Manuel Adorni
No caben dudas que desde hace ya mucho tiempo la política se encuentra desconectada de lo que verdaderamente ocurre en la realidad de los argentinos, a pesar de ser ciertamente responsable de lo que nos atraviesa.
Esta semana hubo un nuevo intento en la Cámara de Diputados de la Nación para derogar la denominada Ley de Alquileres. Por supuesto que, una vez más, resultó fallido. Tal vez con una dosis más de show que de verdaderas intenciones de lograr la efectiva derogación de la norma, la política mostró una vez las propias falencias a la hora de decidir sobre el futuro de miles de personas que esperan que alguna vez emane algo de piedad de aquellos que osan gobernarnos. Desde la sanción de la ley allá por mediados de 2020 –hace ya algo más de tres años- el aumento promedio de los alquileres estuvo muy por encima de la inflación general. Además de esto, la oferta de inmuebles en alquiler se derrumbó en virtud de los cambios en las reglas del juego que introdujo: aumentó el plazo mínimo permitido de los contratos y definió una indexación anual para el precio en base a la inflación. Sumó así una cuota adicional de incertidumbre, habida cuenta de la negligencia que demostraba con esta flamante ley el Poder Legislativo. Nadie aseguraba entonces (ni asegura hoy) que los delirios no vuelvan a cambiar las reglas del juego sin previo aviso en el futuro.
Este manoseo en el mercado inmobiliario generó un freno en la industria de la construcción de inmuebles con destino a alquiler y propició que las subas en los montos de los alquileres en cada una de las renovaciones de los contratos de alquiler (en aquellos casos que aún no sufrían los embates de la nueva ley por haberse celebrado antes de la sanción de la misma) sean astronómicos.
Insólitamente, la ley perjudicó a todas las partes involucradas. Mientras la Cámara Baja se negaba a debatir su derogación, sí estuvo dispuesta a darle media sanción a un proyecto que beneficiaba a los deudores de créditos hipotecarios UVA. Este tipo de créditos totalizan unos 100.000 y de ellos solo el 1,2% mantiene algún tipo de retraso en los pagos de las cuotas. Mientras se negaban a debatir acerca de la derogación de una ley que perjudica a cientos de miles de personas a lo largo y ancho del país, dedicaron si varias horas para votar una que beneficia a algo menos de 1.200 personas que se encuentran inmersas en algún tipo de mora por haber tomado créditos para comprar su propiedad.
Al igual que con la Ley de Alquileres, los legisladores vuelven a inmiscuirse en contratos entre privados, destruyendo un poco más la ya maltrecha y vapuleada seguridad jurídica con la que se convive en la República Argentina. El Congreso de la Nación le muestra a todos que tomó la decisión de castigar a aquellos que decidieron –por prudencia, temor o instinto- no tomar el riesgo de embarcarse en un crédito hipotecario ajustado por inflación, a subsidiar –directa o indirectamente- a aquellos que si tomaron la decisión de adquirir su inmueble a sabiendas del riesgo explícito que implicaba que el ajuste de las cuotas del crédito se ajusten de acuerdo a la suba de precios. Vale recordar además que quienes obtuvieron su inmueble con este tipo de créditos –siempre medido en dólares- probablemente hayan hecho el mejor negocio de sus vidas.
En el mientras tanto nuestro ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero aseveró que a él “también le complica” que “un kilo de yerba Playadito cueste una luca”. Lo grave no es que el Canciller no sepa siquiera el precio de ese producto, lo verdaderamente grave es que no entienda que mientras él tiene la suerte de cobrar un salario de siete cifras, el 50% del país vive por debajo de la línea de pobreza.
La desconexión de la política con la realidad parece ser total. Mientras ellos parecen desconectados de lo que pasa, la gente no puede evitar recordar a cada paso una realidad que no da respiro.
© Infobae
0 comments :
Publicar un comentario