Por Fernando Gutiérrez
El anuncio de las nuevas medidas fiscales y cambiarias da la pauta de la emergencia en la que se encuentra Sergio Massa y de las dificultades que implica el hecho de ser simultáneamente ministro de economía y candidato presidencial. En definitiva, las medidas tienen el efecto de una devaluación, precisamente la medida que figura como prohibida en todos los manuales de estrategias electorales de Argentina.
No por casualidad, Massa venía intensificando su retórica anti-FMI y había dejado filtrar el dato de que el organismo dirigido por Kristalina Georgieva quería endurecer su postura y exigirle a la Argentina un déficit fiscal de 1,5% del PBI. Ahora, Massa tiene al menos un argumento para plantear en la interna partidaria: que logró torcer el brazo de los duros fiscalistas del Fondo y que el objetivo quedará en sólo un 2%.
Mientras el ministro/candidato hacía discursos afirmando la necesidad de "sacarse de encima" al FMi y su esposa Malena afirmaba que, a la hora de negociar, Sergio "se pone picante", los funcionarios argentinos en Washington estaban ultimando los detalles de un arreglo difícil: cómo lograr el efecto de una devaluación pero sin devaluar formalmente.
Todas las medidas anunciadas son antipáticas para un candidato en campaña, incluso aquellas que supuestamente beneficiarán al sector agropecuario. Se lo hicieron saber al secretario de a Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en su presentación en la Rural de Palermo.
"Este tipo de medidas dejan al descubierto los desequilibrios macroeconómicos de nuestro país. Si hay un nuevo dólar diferencial, seguiremos con parches que benefician a algunos y perjudican a otros. Las medidas tienen que generales y beneficiar a todo el sector", dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, en el acto de inauguración.
En realidad, la expectativa en el campo es que el nuevo dólar de $340, al incluir al maíz, pueda tener un coletazo inflacionario, dado que ese cultivo es un insumo fundamental para la industria alimenticia y para el engorde de animales. Es, en consecuencia, una medida que puede poner en riesgo la estabilidad de precios justo en la previa de la elección.
Dentro del IPC, el rubro de alimentos no solamente es importante por su alta sensibilidad social sino porque, además, tiene una alta ponderación en la canasta del Indec. Y fue justamente el hecho de que se haya moderado hasta un 4,1% lo que permitió el sendero de baja en la inflación general que se registró en junio.
Cifras modestas, necesidades urgentes
Ahora, surgen dudas sobre si el dólar agro pueda otra vez provocar un repunte en los precios. No es que Massa y su equipo no estén conscientes de ese riesgo, claro, pero ante el deterioro fiscal y de las reservas, el margen de maniobra es cada vez menor.
Con el nuevo "dólar agro", se espera reforzar ambas cajas: la del Banco Central en u$s2.000 millones, y la de la AFIP en $1,3 billones. Son cifras modestas si se considera que la primera versión del dólar soja, en septiembre del año pasado, había permitido el ingreso de u$s8.000 millones, y que la recaudación por derechos de exportación se quintuplicó en aquella ocasión.
Ahora, en cambio, los objetivos son menos impactantes, pero las necesidades financieras son más apremiantes.
La caja fiscal viene cayendo en términos reales todos los meses, a una velocidad promedio de 4% -sólo el rubro de retenciones tuvo una caída real de 54% interanual, según estiman economistas privados-. Esto obligó a Massa a un recorte del gasto que resulta difícil de digerir para la base militante peronista: incluye una caída de 10% interanual en el rubro de las prestaciones sociales - que incluyen jubilaciones y planes de asistencia-.
Pero el mayor deterioro está en el plano de los dólares. Quedó en evidencia con el cierre de la balanza comercial de junio. Con importaciones por u$s7.177 millones, el Gobierno demostró que no puede detener las compras del exterior, o bien que no quiere hacerlo por temor a una recesión.
Lo cierto es que el déficit comercial ya es definitivamente la tónica del año: apenas un mes la balanza no tuvo un saldo en rojo, y en un semestre ya quedó negativa en u$s4.387 millones.
Para empeorar la situación, esto ocurría mientras el Banco Central continuaba vendiendo dólares, al punto que, al cierre de la semana pasada, las reservas internacionales netas ya eran negativas en u$s8.000 millones.
Está claro por qué Massa no tuvo más remedio que ofrendar medidas poco simpáticas: el dólar blue empezó a moverse otra vez, ante la perspectiva de que el país no pudiera hacer frente al inminente vencimiento de u$s2.600 millones de fin de mes.
La ayuda de Kristalina
El mercado dará su respuesta sobre si las medidas adoptadas por Massa resultan suficiente como para aliviar los temores. Aunque, más bien, el dato que se espera con mayor ansiedad no depende de Massa sino de Kristalina Georgieva, que el domingo anticipó, con un comunicado amistoso, la inminencia de un acuerdo.
En otras palabras, Massa va a recibir una asistencia financiera como para atravesar sin turbulencias cambiarias las semanas pre PASO. Lo que no está todavía claro es si la cifra será la que ansiaba el ministro -es decir, unos u$s8.000 millones que le permitan cubrir el calendario de pagos de todo el año y, además, contar con un extra para intervenir en el mercado cambiario- o si será sólo la dosis mínima para llegar a la elección primaria.
Del otro lado del mostrador, el staff del Fondo juega su propio partido: no quiere repetir la experiencia de 2018 cuando, en la gestión macrista, su ayuda financiera se esfumó por la negativa de los funcionarios a dejar flotar el tipo de cambio.
Este año, el evento de la sequía le permite a Georgieva y su equipo un argumento como para justificar internamente la flexibilización de un programa "stand by" que ya era visto como demasiado laxo por los socios más duros del directorio del Fondo.
La reacción de un mercado nervioso
Sin embargo, la indulgencia no llegó al punto de permitir que la ayuda fuera hecha sin una contrapartida. Si el Fondo aporta una suma cercana a los u$s8.000 millones, deberá ver algo parecido a una devaluación.
Y es lo que Massa está aportando. De hecho, el dólar oficial de $268 ya casi no aplica a ningún rubro: apenas las importaciones de combustibles y de elementos considerados esenciales, como los medicamentos y los insumos de industria alimenticia, así como las importaciones temporarias de empresas manufactureras que luego harán exportaciones.
Pero todo eso no llega al 30% del total de las importaciones de bienes. Y en el rubro de servicios, ya prácticamente no queda ningún rubro para el cual aplique el tipo de cambio oficial.
Por más que la cantidad de compradores del "dólar ahorro" esté hoy reducida a su mínima expresión -unos 900.000 compradores, contra los más de cuatro millones que había hace tres años-, el nuevo encarecimiento no deja de ser una mala señal para la clase media. No tanto porque el 75% efectivo de impuesto implique un encarecimiento muy grande, sino porque la señal implícita es que el Gobierno tratará de desincentivar por todos los medios que el público se haga de billetes verdes.
Hay, además, otra situación de la que hasta ahora no se ha comentado mucho, pero que puede implicar otra mala señal: los importadores que tendrán un aumento en su costo y que se habían puesto a cubierto mediante contratos de futuro o compras de bonos dólar linked, se encontrarán con una sorpresa desagradable. El efecto es que deberán lidiar con un tipo de cambio efectivo más alto para importar, pero sin que sus estrategias de cobertura los puedan ayudar -dado que, formalmente, no hubo devaluación-. Hay economistas que calificaron esta situación como un default de hecho, y prevén situaciones conflictivas.
En plena campaña electoral, estas medidas dictadas por la emergencia pueden resultar "de doble filo": en un mercado sensibilizado, las turbulencias llevan a que los más temerosos corran al refugio del dólar. Justo lo que Massa quiere evitar con la ayuda de Kristalina Georgieva.
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