Por Daniel Santa Cruz
“Es una duda que tengo siempre. Porque mis pulsiones me hacen pensar que vengan. La vamos a pelear y en un año y medio se van en helicóptero”, dijo el referente social Juan Grabois ante una pregunta sobre un hipotético escenario donde en la próxima elección ganara la “derecha”, como llama el kirchnerismo a todo lo que no administra o no tiene bajo su tutela política. Pero además agregó: “La verdad es una fantasía que tengo, lo que pasa es que los muertos siempre los pone el pueblo, los ponen nuestros compañeros”.
Ya había dicho, meses atrás, que “estaba dispuesto a dejar la sangre en las calles” para cambiar la realidad. Cómo si se tratase de un juego de rol y no de una tragedia social que los argentinos hemos vivido en reiteradas ocasiones.
Durante gran parte del siglo XX, nuestro país estuvo marcado por las interrupciones al orden democrático. Las Fuerzas Armadas, desde el 6 de septiembre de 1930 cuando derrocaron a Hipólito Yrigoyen, fueron parte de distintos procesos militares que ponían a la democracia a prueba, como una manera de prestarle a la sociedad la posibilidad de elegir su propio rumbo, pero sabiendo que la sombra del mal llamado “partido militar” los acechaba. Si había fallas o el mal humor social se hacía presente, la mirada se posaba sobre los cuarteles militares que tomaban el poder como si esa fuese su obligación, despojando de todos los derechos civiles y constitucionales a la sociedad. En esos años, los valores democráticos no estaban enquistados y asumidos como un derecho en la gente que, de alguna manera, lo permitía porque lo esperaba. Así funcionaba el sistema político. La última experiencia, que comenzó el 24 de marzo de 1976, fue determinante. Las violaciones a los derechos humanos, los secuestros, los centros clandestinos de detención, las torturas, las desapariciones, el robo de bebés, fue parte del “modus operandi” de una dictadura sanguinaria que culminó su faena con la guerra de Malvinas, gesta innecesaria que dejó hechos épicos y acciones valientes de nuestros soldados que participaron en el campo de batalla, pero también cientos de muertes que pudieron ser evitadas. Pero pudo más la decisión de tomar el control de las islas, con el fin oculto de perpetuar una dictadura militar que se estaba desarmando a pedazos.
Todo eso quedó en el pasado, pero vale recordarlo todos los días para darle un valor más profundo a la democracia que elegimos como sistema de representación política. Cuando en diciembre de 2001 el presidente Fernando de la Rúa tuvo que dejar el gobierno, acechado por una crisis social y económica, pero también empujado por la desesperación del peronismo por recuperar el poder, se instaló en el imaginario colectivo esa metáfora de “se van a tener que ir en helicóptero” cuando un gobierno comenzaba a mostrar debilidades o perdía confianza social. Pero ya no eran las fuerzas armadas las que amenazaban con interrumpir el orden institucional sino las fuerzas vivas, políticas y sociales que, a través de las marchas, la protesta, los saqueos y la violencia callejera, podrían generar un clima de inestabilidad política para ponerle fecha de vencimiento anticipada a un mandato constitucional. Como hicieron en 2001. Una locura a la que entraron más por conveniencia que por convencimiento también distintos actores de la política. La propia Cristina Fernández de Kirchner se subió a aquellos que apuraron el helicóptero y siendo legisladora, miembro de uno de los poderes republicanos, pidió la renuncia del entonces presidente radical. Como ella, también varios intendentes y gobernadores del PJ que no ocultaban decir que si ellos querían “el gobierno se terminaba”. Así, el poder político estaba garantizado si gobernaban quienes englobaban en sus filas a aquellas organizaciones y dirigentes sociales que, consiguiendo ayuda estatal para sus representados, se convirtieron en una amenaza para la estabilidad política e institucional de cualquier gobierno no peronista.
¿O seríamos tan ingenuos en creer que un gobierno como el de Alberto Fernández, que empeoró todos los estándares de calidad de vida de los argentinos, hubiese transitado su mandato sin embates desestabilizadores si no perteneciera a la misma fuerza de quienes desestabilizan? Lo vivió Mauricio Macri a lo largo de sus 4 años. Hasta le llevaron un helicóptero de cartón a Plaza de Mayo en la marcha del 24 de marzo de 2017, un día donde todos deberíamos celebrar vivir en democracia para no revivir aquellos episodios nefastos. Fue como una manera de amenazarlo y decir que su tiempo de gobierno dependía de ellos, porque son los dueños de la calle y, por lo tanto, necesitaban mostrarse como patronos de la democracia. Pocos gestos más autoritarios.
La frase de Juan Grabois, donde habla de las “pulsiones” que le generan un desafío ante la posibilidad de que la mayoría elija un gobierno que no le gusta por ser de “derecha”, es una definición que también le queda como saco a medida al 90% de los dirigentes peronistas. Esas ganas de pelear para que se vayan en helicóptero antes de cumplir con un mandato constitucional -algo que a esta altura debería ser un hecho sagrado y no puesto en duda bajo ningún arrebato adolescente y estudiantil- deberían ser motivo de repudio de toda la política. Es decir, de todos los que participan genuinamente de este sistema que nos permite elegir nuestros propios gobiernos, respetar a las minorías, convivir en el disenso.
O quizás, sin saberlo aún, estamos en la antesala de una nueva etapa de vida política e institucional en la Argentina, donde los golpistas ya no visten uniforme militar, ni se refugian en los cuarteles, sino que se financian del mismo estado que financia a sus propios representados, a quienes utiliza como fuerza de choque para impedir que la voluntad popular sea vulnerada. Y condicionar así los cimientos republicanos de un sistema democrático que en su historia reciente supo desterrar a la alternativa militar y hoy enfrenta un nuevo desafío: frenar las pulsiones autoritarias de dirigentes sociales que aprendieron a convivir e idolatrar a funcionarios condenados por corrupción, que en nombre de la justicia social empobrecieron aún más a los más pobres, destrozaron los ya magros ingresos de los jubilados mientras su líder millonaria acumula millones de pesos por mes que salen de la misma caja previsional de donde millones de adultos mayores pobres apenas cobran poco más de 70 mil pesos, porque no soportan que el poder se le otorgue a otro no identificado como “propio” a través del voto.
Eso sí, algo hacen mejor: al menos avisan con anticipación, no vaya a ser cosa que, si en diciembre asume un gobierno no kirchnerista y vuelven las piedras sobre el Congreso y las marchas violentas y destituyentes, nos hagamos los sorprendidos y busquemos en el contexto social y económico las razones que necesitan los nuevos golpistas para sentirse impunes.
© La Nación
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