Por Francisco Olivera
Los alumnos del Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE), que depende la Universidad de Buenos Aires, se sorprendieron anteayer por la mañana al recibir una comunicación: no habría clases después del mediodía por la manifestación que, a pocos metros, militantes del Frente de Todos harían para protestar por las causas judiciales de Cristina Kirchner.
“IMPORTANTE -decía el mensaje-. Dado que se está organizando en la esquina del colegio un acto y movilización que nos indican va a tomar una magnitud considerable, se ha tomado la decisión de suspender las actividades académicas del turno tarde por razones de prevención y seguridad”. Las denuncias de lawfare se ubican desde hace tiempo en el tope de prioridades del Instituto Patria: la plaza Lavalle fue así, por unas horas, una maqueta de la discusión pública que plantea el Gobierno.
La Argentina no solo no les encuentra la vuelta a sus problemas: tiene, además de una inflación mensual del 7,7%, la más alta desde abril de 2002, a parte de su dirigencia malgastando la energía en otra cosa. Los propios funcionarios analizan a veces esta disociación desde afuera, casi en un rol de consultores. Anteayer, por ejemplo, ante el grupo de 13 sindicalistas que la fue a ver al Senado, Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación, mencionó esa distancia como desencadenante del crecimiento de Milei en las encuestas. Hay tres tercios bien definidos, dijo, y eso se debe a que los políticos no han cumplido con lo que demanda la sociedad. Dijo “los políticos” y recomendó no confundirlos con “la política”. El error no es el método, plantea la líder más gravitante de los últimos años, sino sus ejecutores.
El encuentro sirvió también para que el kirchnerismo volviera a ilusionarse con un regreso. “Vamos a volver”, plantea desde hace tiempo, como si estuviera fuera del poder. Los visitantes salieron de ahí sin descartar que tal vez ella revea su decisión de no competir en octubre. Y llevaron ese fervor al día siguiente a la plaza contra el lawfare. “Si Cristina quiere, el pueblo la va a acompañar”, dijo Axel Kicillof, uno de los oradores. Mientras hablaba, el regreso desde la capital a la provincia de Buenos Aires era un caos porque 23 líneas de colectivos habían decidido parar. Los reclamos de las dos empresas involucradas, Metropol y Transportes La Perlita, solo coincidían en el destinatario: el gobernador.
El argumento de Metropol, controlada por el empresario Eduardo Zbikoski, es que lo que recibe en subsidios no alcanza para pagar el gasoil. Un reclamo general: el sector, que en los 90 dependía solo de los ingresos del boleto, tiene ahora cubierto apenas 53% de ese valor. “Tarifas baratas, subsidios atrasados, ingresos insuficientes, deterioro en los servicios”, decía anteayer un cartel pegado en la carrocería de la línea 85, en la zona sur. El otro grupo, Transportes La Perlita, protestó por el violento asalto a un chofer en Moreno. Será difícil sacar a los trabajadores del estado de asamblea en que entraron tras el asesinato de Pedro Daniel Barrientos. Fue un punto de inflexión de efectos múltiples que no solo desencadenó trompadas para Berni y críticas sin precedentes al gobernador, sino que desnudó irregularidades de un sistema que no funciona: ¿qué hicieron las empresas con los fondos que cobraron para instalar cámaras? ¿Por qué Kicillof no se los reclamó? ¿Y la UTA? Hay afinidades o coincidencias a las que seguramente se les empezará a prestar la debida atención. A Roberto Fernández, secretario general del sindicato, le atribuyen por ejemplo una relación muy cercana a Héctor Prieto, líder del concesionario Colcar, proveedor de chasis de Mercedes-Benz y padre de Mara, presidenta de Transportes La Perlita, una de las empresas que pararon y que no tienen cámaras.
El martes, en la reunión que tuvo en La Plata con los propietarios de las líneas, Kicillof les prometió créditos para instalarlas. Les dijo que entendía que no era tan sencillo porque, entre otras dificultades, se necesitan dólares para importarlas. Tenía al lado a su ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, funcionario leal a Massa, de quien dependen las autorizaciones de acceso a las divisas. Parte de la actividad económica depende de cómo se resuelva ese faltante. Pero Massa parece estar jugándose en el tema bastante más. Su candidatura, por lo pronto. De la reunión que tuvo anteayer en Santo Domingo con Wendy Sherman, segunda del Departamento de Estado, surgió que la Argentina tal vez pueda contar con fondos de organismos multilaterales para fines específicos de infraestructura, no dólares de total disponibilidad. El ministro necesita, incluido lo que recaude con el plan soja, unos 20.000 millones para todo el año. Lo que entró hasta ahora solo sirvió para pagar la deuda de importaciones autorizadas hace seis meses, no nuevas. Por eso es improbable que ese cepo se aligere. Es al menos la sensación que tienen los empresarios que, a través de funcionarios como el secretario José Ignacio de Mendiguren o Guillermo Michel, jefe de la Aduana, intentan que el Gobierno revoque la resolución de la AFIP que activa percepciones por Ganancias y adelanto de IVA. Imposible en este contexto de necesidad: con la medida el Estado espera recaudar 950.000 millones de pesos este año. Las empresas pretenden trasladar esa carga adicional a otros. Pero no es tan fácil. Los autopartistas, que ya recibieron aumentos de entre el 3 y el 4% de Aluar y Techint por ese tributo, quieren extenderlo a los fabricantes de autos, pero estos se niegan: no tienen margen para encarecer más los precios a las concesionarias.
Son dificultades que sin dudas determinarán el escenario de quien asuma en diciembre. Y que requieren de soluciones drásticas. ¿Fue lo que convenció a Macri de no ser candidato? Tal vez. El lunes, en el extenso asado al que fue invitado en lo de Jorge Triaca, el expresidente admitió que se había llegado a plantear seriamente competir. Y que, decidido a hacerlo, se reunió con Ernesto Sanz, a quien le pidió gestiones para sumar el respaldo de la UCR. Sanz le contestó que tenía que convencerlos, que eso requería tiempo y condiciones. Locuaz y hasta chistoso por momentos, Macri recordó el lunes que eso lo había terminado de disuadir de presentarse. “Yo ya viví esto durante nuestro gobierno con los radicales: los sumé y después patearon el tablero con las tarifas”, dijo.
No sorprende que, con este discurso, tenga tantos puntos de coincidencia con Milei. El líder de Pro cree que la Argentina tiene que hacer un ajuste equivalente a 8 puntos del PBI. Enumera incluso la lista: hay que bajar los programas sociales a no más de 250.000, reducir a un tercio las pensiones por discapacidad y eliminar el gasto en los ferrocarriles, en Aerolíneas, en Télam, en IOMA y en Canal 7, al que menciona con el nombre viejo: “ATC”. El miércoles, en la Rural, planteó delante de empresarios lo mismo que Patricia Bullrich le dijo días atrás personalmente a Milei: que evitara la tentación de sumar a sus listas candidatos a legisladores de cualquier signo con tal de sumar poder y, al contrario, que eligiera los de ideario afín con Pro para intentar un acuerdo después de las elecciones.
Pero un acercamiento a Milei es imposible sin armonía dentro de Juntos por el Cambio. Algo que esta semana, por el modo en que Macri se refirió a sus diferencias con Rodríguez Larreta, parecía bastante lejos. Sin esa distensión será difícil imaginar, por ejemplo, un acuerdo con Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires para evitar la reelección de Kicillof. Esta semana, intendentes de JxC plantearon además la necesidad de ir con listas únicas en los municipios.
Tampoco Milei está fácil. Patricia Bullrich, que tiene con él una buena relación, admitió delante de sus colaboradores haber fracasado cuando le propuso ir en San Juan, el mes próximo, con un candidato a gobernador común. Milei contestó como Macri: “Con los radicales no voy a ningún lado”. Resultado: la elección en San Juan será atomizada. No solo tiene ley de lemas, sino tres espacios que se referencian en Milei y hasta una disputa por el logo: el Frente Desarrollo y Libertad fue a la Justicia Electoral y acaba de lograr exclusividad para usar el logotipo del león que caracteriza al candidato e incluso para la palabra “ruge”. Estas divergencias son celebradas por el oficialismo, que cree haber tenido un respiro mientras sigue sin candidato. Dicen que Massa ensaya carteles publicitarios. ¿Sin todavía un logro que lo respalde? ¿Y si finalmente no compite? La dirigencia no solo se mueve a veces al margen de los hechos, sino, siempre, como si las campañas fueran gratuitas.
© La Nación
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