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| Por Gustavo González |
Es cierto que los consejos y pronósticos de los economistas pueden fallar (cada diciembre damos cuenta de ello en esta columna), pero encarnan la disciplina que aporta las herramientas más científicas que tenemos para enfrentar los problemas económicos del país.
“Ajuste”, palabra prohibida.
Con la sensación de que el triunfo está a la vuelta de la esquina, los políticos opositores recurren urgidos a estos expertos para que les revelen qué hacer con la economía.
Larreta lo hace con un equipo comandado por el último ministro de Economía de Macri, Hernán Lacunza; Patricia Bullrich, con Luciano Laspina; Gerardo Morales y el radicalismo, con Eduardo Levy Yeyati; la Coalición Cívica, con Matías Surt; y el peronismo republicano de Pichetto, con Juan Carlos Sánchez Arnau. Aparte, Facundo Manes trabaja con Marina Dal Poggetto. Y el think tank mediterráneo encabezado por Carlos Melconian prepara un plan alternativo para ofrecerles a todos ellos e, incluso, a líderes del oficialismo.
Entre esos equipos aún subsisten diferencias sobre el “timing” para aplicar los futuros planes, la profundidad de los cambios y la estrategia parlamentaria y política. Pero después de meses de trabajo, por separado y en conjunto, empieza a surgir un consenso sobre lo que habría que hacer si alguno de sus candidatos triunfara en la próxima elección.
En síntesis: déficit cero, achique del aparato estatal, apertura comercial, reunificación cambiaria, renegociación con el FMI y tres reformas claves: fiscal, laboral y previsional.
La palabra “ajuste” estará prohibida en la campaña, siguiendo los consejos de Jaime Duran Barba de que no existe en el mundo nadie que gane con esa promesa.
Sin embargo, es así como será traducido el modelo económico que propondrá la oposición. Lo que, brutalmente, ya acaba de anticipar Aníbal Fernández: “Las calles van a estar regadas de sangre y de muerte”, dijo porque, según él, son propuestas aplicables únicamente con represión.
Más allá de las respuestas de Larreta (“Ni sangre ni muertos, están los que encienden el fuego y estamos los que lo apagamos”), y Bullrich (“Las calles ya están regadas de sangre y muerte, háganse cargo”), lo cierto es que los dirigentes de la oposición son conscientes de que ir a fondo con los cambios incrementará la conflictividad social. Al menos al principio.
En conversaciones reservadas, los economistas se muestran tan preocupados que parecen pesimistas.
No se imaginan que la situación económica vaya a mejorar en estos meses. Sí imaginan que puede empeorar y que el país que reciban esté peor que el actual.
La pregunta que cruza a todos ellos es: ¿cuál será el nivel de aceptación en la sociedad de que las cosas que están mal, al comienzo del nuevo gobierno, se pueden poner peor, para luego finalmente mejorar?
Uno de esos principales economistas tiene una primera respuesta: “Si el nivel de aceptación es bajo, la posibilidad de llevar a cabo las transformaciones también es baja. Si es al revés, todo será más fácil”. Cuando se le pregunta qué chances le asigna a una u otra hipótesis, la contestación es “50 y 50”.
Acuerdos poselectorales. El problema es que esa probabilidad de fracaso es demasiado alta para asumir los riesgos que conlleva.
Hallar la respuesta a cómo se reduce ese riesgo es preguntarse cómo se consigue un consenso social mayoritario que avale el esfuerzo y atempere sus costos.
En el PRO, los aliados a Bullrich entienden que será la determinación de ella la que va a generar ese apoyo a partir de medidas que marquen un claro cambio de rumbo. Explican que al peronismo y a los movimientos sociales se los contiene ejerciendo el poder y que la sociedad dará su respaldo a ese giro.
El ideólogo de esta posición es Mauricio Macri. Él y Bullrich consideran que, si logran sumar una importante cantidad de diputados y senadores en las presidenciales, la gobernabilidad y las leyes podrían alcanzarse con un acuerdo parlamentario posterior con los legisladores de Milei. Incluso, más allá de la voluntad del libertario, porque apuestan a la volatilidad disciplinaria de quienes vayan a llegar al Parlamento en sus listas.
Pero el larretismo, el radicalismo, la Coalición Cívica y el peronismo republicano coinciden en que la única posibilidad de incrementar las chances de un plan exitoso es ampliar la base de sustentación política de la nueva coalición gobernante. Una mayoría política ampliada que represente a dos tercios del electorado.
No descartan sumar libertarios. Tampoco peronistas moderados que lleguen al Congreso en las listas del actual oficialismo. Pero, sobre todo, cuando hoy hablan de acuerdo poselectoral, piensan en la línea Schiaretti-Urtubey-Randazzo, en socialistas de Santa Fe y en gobernadores no kirchneristas.
Para los opositores acuerdistas, sus únicos límites se llaman Cristina Kirchner y Javier Milei.
La enorme cantidad de equipos económicos (y subequipos fiscales, laborales, productivos, previsionales, etc.) que trabajan desde hace meses en torno a dirigentes opositores guarda relación con lo cercano que ven un triunfo electoral. Muchos vienen de compartir la gestión Macri y quizá no imaginaban que, habiendo terminado como terminó, iban a tener la posibilidad cierta de retornar pronto al poder.
Regreso ortodoxo. El consenso económico al que estarían arribando se asemeja más a la etapa ortodoxa de Nicolás Dujovne que a la más heterodoxa de Prat Gay y del propio Lacunza.
El déficit cero que ahora proponen desde el principio es el que estuvo a punto de conseguir Dujovne en su último año, tras dos períodos de caída del PBI y un incremento de la pobreza, la desocupación y la inflación que le hizo perder la reelección a Macri. Lo que en su momento llevó a sus críticos internos a ironizar: “Tuvimos tanto éxito en bajar el déficit que conseguimos que el peronismo volviera al poder”.
De regresar ahora al gobierno, tendrán el desafío de no chocar dos veces con la misma piedra.
¿Cómo ordenar las cuentas públicas con el menor costo social posible, para que tras ese ordenamiento la sociedad sienta el beneficio de un Estado financieramente fortalecido? ¿Cómo se generan más puestos de trabajo y se formaliza a quienes están en negro, sin que los que ya tienen empleo pierdan sus derechos? ¿Cómo se abre la economía contemplando a industrias locales que tendrán que competir con otros costos internacionales y la protección que las principales potencias hacen de sus propios mercados internos?
¿Cómo se reunifican los tipos de cambio sin que la devaluación cebe más la inflación? ¿Cómo se frena la carrera de precios y salarios? ¿Cómo se bajan impuestos sin desfinanciar al fisco? ¿Cómo se reconvierte a quienes pierdan su trabajo por recortes en el Estado o por el cierre de industrias ineficientes en la competencia global?
Saber que hay más preguntas que respuestas es desconfiar de las respuestas exactas.
Los economistas preparan las herramientas para responder lo mejor posible.
Los políticos voluntaristas traducirán esas respuestas como soluciones de fácil aplicación.
Pero son los estadistas los que deben hacer todas las preguntas, animarse a buscar nuevas respuestas y descubrir soluciones que siempre serán complejas.
Con las herramientas de los economistas, el voluntarismo de los políticos y la sabiduría necesaria para diferenciar lo posible de lo imposible.
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