Por Manuel Adorni
Esta semana se cerró el canje de deuda propuesto por el Ministro de Economía Sergio Massa. Los abultados vencimientos de 2023 (al menos los que se presentan hasta las elecciones generales de octubre) obligaron a la cartera económica a pensar una rápida salida a la volatilidad que se vive en el mundo financiero local.
Los vencimientos hasta el mes de junio totalizaban unos 7,4 billones de pesos ($7.400.000.000.000). La expectativa oficial consistía en lograr una adhesión al canje en torno al 80%, objetivo posible teniendo en cuenta que parte de esta deuda se encontraba en manos públicas. Finalmente la adhesión ha sido sólo del 64%, lo que resulta desolador –y algo llamativo- ante las favorables condiciones ofrecidas junto a los nuevos bonos. De igual manera si la adhesión hubiera sido del 100%, esto tampoco sellaba una solución final al tema de deuda pública, tema éste que nadie parece estar seguro de cómo resolver.
El canje finalmente fue por 4,34 billones de pesos. Estos bonos del Tesoro Nacional dejaran de ser un problema en los próximos tres meses para pasar a ser un problema del próximo gobierno: parte de la refinanciación operará con vencimiento en 2024 y parte lo hará durante 2025. Amén de esto, aún quedarán cerca de 2 billones de pesos de deuda que vencerán en los próximos meses. Más allá de los bonos en cuestión, todavía quedan vencimientos en el segundo semestre del año por un total de 6,7 billones de pesos: todo un gran desafío por delante.
El esquema de bonos ofrecidos en el canje contiene un seguro de cambio y una opción que permite a las entidades financieras venderlos al BCRA en caso de que éstas necesiten liquidez. Además, podrán utilizarse para integrar los encajes que los bancos. Estas dos características implican que la volatilidad en el mercado no va a mermar (ya que si bien se logran extienden los vencimientos, los instrumentos pueden ser liquidados en cualquier momento en el BCRA) y que el sistema financiero se vuelve más precario y frágil.
De los últimos 122 años, hubo 112 que Argentina tuvo déficit fiscal. En estos años se ha gastado más de lo que se disponía en materia de recursos. Esto nos ha llevado de crisis en crisis a lo largo del último siglo. La cesación de pagos o los períodos de inflación descontrolada fueron siempre el final de cada uno de los períodos de despilfarro público. La dictadura militar terminó con una deuda de 45.000 millones de dólares, la presidencia de Raúl Alfonsín con una de 65.300 millones de dólares, la de Carlos Saúl Menem con una de 123.400 millones de dólares, la de Fernando de la Rúa con una de 144.200 millones de dólares, la de Néstor Kirchner con una deuda de 176.900 millones de dólares, la segunda de Cristina Fernández con una de 240.700 millones de dólares, la de Mauricio Macri con una de 313.300 millones de dólares y la de Alberto Fernández lleva hasta aquí una de 395.800 millones de dólares. Todos los gobiernos han colaborado en el endeudamiento sistemático de la Argentina.
Gran parte de la deuda se encuentra dolarizada o atada a la evolución de la inflación. La posibilidad de licuar la deuda mediante una brusca devaluación (volviendo a estafan nuevamente al ahorrista) hoy no es una posibilidad. La única manera de hacer sostenible nuestros vencimientos de deuda es lograr obtener superávit primario, el cual lejos está de poder transformarse en una realidad.
Mientras los esfuerzos estén enfocados únicamente en cómo ganar algo más de tiempo y no en como resolver los problemas estructurales, la Argentina será cada vez más volátil, cada vez más impredecible y por sobre todo, el futuro será cada vez más difícil de encarar.
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