Nacionales - La República Argentina perdió el juicio contra Burford Capital (que compró los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía Inversores y Petersen Energía) y Eton Park por la expropiación de la petrolera YPF en abril de 2012, tras el fallo en primera instancia de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
El Estado Nacional tiene otras dos instancias (la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de EE.UU.) antes de que el fallo quede firme, pero deberá abonar una garantía. Si se confirma la sentencia, la Argentina debería pagar una suma multimillonaria, que podría superar los 7000 millones de dólares y llegar incluso hasta los u$s 19.300 millones. La defensa y las apelaciones están en manos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini.
La jueza no hizo lugar a todos los pedidos de la demanda y señaló que la empresa YPF no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional, con lo que sus activos están fuera de riesgo.
Asimismo, castigó la decisión del Estado de no hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 51% de las acciones, como hubiera correspondido según el mismo estatuto de YPF.
En este momento, las acciones de Burford Capital Limited en la Bolsa de Londres aumentan un 30%. El fondo podría pedir un embargo de activos argentinos, y el Estado, para evitarlo, puede depositar una garantía en los Estados Unidos.
La demanda contra YPF y la República Argentina comenzó en abril de 2015 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y está a cargo de la jueza Preska, heredera de los casos del fallecido Thomas Griesa. Burford y Eton (el otro fondo que inició una demanda similar; Preska unificó ambos reclamos) piden un resarcimiento económico porque, al momento de llevarse a cabo la expropiación, el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones.
Al producirse la expropiación, las empresas Petersen entraron en quiebra en España, y acusaron que no podían pagar sus compromisos, ya que se había derrumbado el precio de las acciones y el nuevo accionista mayoritaria, la Argentina, había prohibido el reparto de utilidades.
YPF y el Estado argentino, por su parte, intentaron convencer a la jueza de que el derecho de expropiación está por encima de cualquier estatuto empresarial y que el proceso, además, se debería llevar adelante en los tribunales argentinos. La jueza rechazó este pedido en junio del año pasado, luego de que tres cortes estadounidenses –incluida la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema– fallaran en contra de dirimir el juicio en jurisdicción argentina.
Informe: EC, LN y agencias
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