La comunidad mapuche Millalonco Ranquehue reclamó que se les reconozca la propiedad
de 180 hectáreas en la zona cerca de Villa Los Coihues, en Bariloche. (Foto/Archivo)
Río Negro - La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este miércoles suspender la
entrega de tierras a una comunidad mapuche en Bariloche, en la provincia de Río Negro, a partir de una queja planteada por el Ejército Argentino, en medio de una disputa por un predio de 180 hectáreas
en el sur del país.
La cesión de los terrenos había sido ordenado por un fallo de primera instancia, en favor de la comunidad Millalonco-Raunquhue, que reclamó la titularidad del predio ubicado en el faldeo suroeste del cerro Otto, a 12 kilómetros del centro de Bariloche, camino al cerro Catedral y a la margen norte del lago Gutiérrez.
El Ejército, por su parte, afirma que las tierras son usadas para el entrenamiento de los integrantes de la fuerza.
El planteo inicial de la comunidad mapuche recayó en el juzgado a cargo de la jueza subrogante Silvina Domínguez, quien resolvió que el Poder Ejecutivo Nacional transfiriera al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la posesión del predio, a fin de cedérselos a la comunidad. Tal decisión generó numerosas críticas en el seno de la sociedad barilochense, y en paralelo fue recurrido por los apoderados del Ejército.
Así llegó trámite a la Cámara Federal, en segunda instancia, en donde fue considerado “extemporáneo”. Superada ese instancia, tanto el Ejército como la Procuración General de la Nación, acudieron a la Corte.
El Procurador Eduardo Casal, en su presentación, afirmó que el fallo de la jueza Domínguez incurría en “graves afectaciones de la legalidad, del debido proceso legal y de los intereses generales de la sociedad que se encuentran comprometidos, toda vez que el avance hacia el cumplimiento de la decisión profundizará aún más los perjuicios señalados”.
Tras ese derrotero, finalmente la Corte se expidió. Ahora, en un fallo, que lleva la firma de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, sus cuatro jueces, el Tribunal "hace lugar a los recursos de hecho y decreta la suspensión del curso del proceso".
"Exímase al Estado Nacional de integrar el depósito, cuyo pago se encuentra diferido de conformidad con lo prescripto en la acordada 47/91. Agréguense las quejas a los autos principales. Notifíquese a las partes y hágase saber al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche", explica el fallo.
Para los jueces del tribunal supremo, las quejas planteadas por el Ejército y el Ministerio Público Fiscal son procedentes. Esto se debe a que el tribunal observó que en otro expediente paralelo, en el marco de una causa penal, se investiga si integrantes del propio ejército dejaron vencer plazos para cuestionar la adjudicación de los terrenos a la comunidad mapuche que exigía la titularidad de los mismos, y así terminar beneficiándolos.
Cuando se efectuó la cesión de los terrenos, se originó una fuerte polémica porque las sospechas apuntaron a algunos de los abogados del Ministerio de Defensa porque no presentaron las apelaciones con diligencia. Por eso, diputados nacionales de Juntos por el Cambio denunciaron el hecho en la fiscalía federal en la ciudad de Buenos Aires. El fiscal Carlos Stornelli promovió la denuncia y comenzó a investigar los hechos denunciados.
Mientras, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ejército impugnaron ante otros tribunales superiores el fallo de la Cámara de Roca. Esos recursos dejaron en suspenso la transferencia de las tierras.
Las quejas presentadas llegaron hasta la Corte Suprema que resolvió este miércoles suspender el proceso de transferencia de las tierras que ordena la sentencia de primera instancia, que el juez federal Gustavo Villanueva, que subroga el juzgado federal de Bariloche, pretendía ejecutar,
Pese a que este causa se encontraba en trámite y derivó en la suspensión del trámite de adjudicación, el Juzgado Federal de Bariloche avanzó y ordenó ejecutar la sentencia de primera instancia para que finalmente los terrenos sean adjudicados.
Es en ese contexto que el máximo tribunal observó un hecho de gravedad institucional, por lo que ordenó suspender la cesión hasta que se defina la cuestión de fondo, sobre quién realmente tiene la legitimidad para obtener la titularidad de los terrenos.
El litigio generó, una vez más, el reclamo de vecinos de Bariloche ante lo que consideran que es el avance sobre tierras del Estado por parte de sectores afines al gobierno sin acreditar legitimidad. En ese marco fue que cientos de personas se presentaron ante la sede de la Escuela Militar para expresar su disconformidad con el fallo de la jueza Domínguez por el avance en tierras que, afirman, son propiedad del Estado.
Por su parte, integrantes de la comunidad Millalonco-Raunquhue afirmaron, en su defensa, que “nunca dispuso entregar las tierras sino otorgar el título de propiedad comunitaria, un papel que dice que el lugar donde viven desde hace 120 años es de ellos”.
Informe: Infobae, Diario Río Negro y Agensur.info
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