Pobladores de Puno recorren las calles con los ataúdes de los muertos durante
los enfrentamientos con la Policía en Juliaca. (Foto/La República)
Perú - La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció el inicio de una investigación preliminar
contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y los ministros Víctor Rojas (Interior) y Jorge Chávez (Defensa) por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado
y lesiones graves.
La disposición de la diligencia se dio tras el registro de 17 muertes en los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes de la ciudad de Juliaca, región Puno.
El Ministerio Público precisó que “la investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones de los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”.
En la investigación también se encuentra incluido el primer jefe de gabinete del Gobierno de Dina Boluarte, Pedro Angulo, y el exministro del Interior César Cervantes.
Toque de queda
Este martes también, a raíz de los hechos de violencia en Puno y debido a la situación de conflictividad actual, el Gobierno declaró inmovilización social obligatoria en dicha región por tres días calendario. La medida deberá acatarse desde las 20:00 hasta las 4:00 horas.
El decreto supremo 002-2023-PCM indica que durante la inmovilización social las personas pueden circular por las vías de uso público para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye el almacenamiento y la distribución de productos para la venta al público.
Se exceptúa al personal que participa en la prestación de servicios de salud, medicina, servicios de agua y otras actividades. Se precisa que el personal de prensa podrá transitar, lo mismo que las personas que requieran de atención médica urgente o necesiten adquirir medicamentos.
Comunidad internacional condena ola de violencia
Al menos dos instituciones internacionales se pronunciaron sobre la actual crisis que vive el Perú. La gestión de la presidente de la república, Dina Boluarte, enfrenta violentas manifestaciones a lo largo del país.
En los últimos días, tras la escalada de violencia que inició el pasado cuatro de enero, la región Puno protagonizó los enfrentamientos más turbulentos a nivel nacional. Según la Defensoría del Pueblo, en dicha provincia se registraron 18 fallecidos: 17 en Juliaca y uno en Chucuito.
Debido a esta situación, una comitiva de alto nivel del Ejecutivo se trasladó a la localidad para dialogar con los manifestantes. Sin embargo, este gesto fue rechazo por las organizaciones sociales, gremios y dirigentes del lugar.
En este marco, la Unión Europea (UE) se refirió sobre la actual coyuntura e invocó a que las autoridades y la población dialoguen para solucionar los conflictos suscitados.
“La Unión Europea y sus Estados Miembros lamentan profundamente la pérdida de vidas humanas y las personas heridas, civiles y miembros de las fuerzas del orden, durante los recientes acontecimientos en Juliaca”, se lee en el comunicado.
La UE también condenó el uso desproporcionado de la violencia de parte de los manifestantes y las fuerzas del orden. Según precisó, “es imprescindible el respeto del marco legal y los derechos humanos”.
Posteriormente, hicieron un llamado al diálogo entre los actores políticos y la sociedad civil, ello para frenar la violencia, “reducir las tensiones y responder a las necesidades y aspiraciones de todos los ciudadanos peruanos”.
“Es urgente investigar los hechos y establecer eventuales medidas correctivas para evitar así más violencia. En este contexto, valoramos la iniciativa del gobierno de invitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicó.
Esta última institución sostendrá este miércoles 11 una reunión con la presidente Dina Boluarte. El encuentro se desarrollará en Palacio de Gobierno. La CIDH permanecerá en el país desde la referida fecha hasta el 13 de enero con el propósito de evaluar, analizar y dialogar las protestas sociales en el Perú.
Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también lamentó en la víspera la violencia generalizada en el territorio nacional.
El portavoz de la entidad expresó su preocupación por el incremento de los enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades policiales.
A través de un documento, lamentaron el aumento de la violencia en Perú y, que el lunes 9 de enero, se haya vivido “uno de los días más mortíferos desde que comenzaron los disturbios a principios de diciembre”.
“Desde el 7 de diciembre del 2022, han muerto 40 personas y 518 han resultado heridas en enfrentamientos entre la Policía y las Fuerzas Armadas. Entre los fallecidos, según los informes oficiales, al menos 17 personas murieron el lunes, incluido un menor de edad, en Juliaca, en la región sureña de Puno, y un policía falleció el martes cuando su vehículo fue incendiado”,
Movilizaciones y concentraciones
Mientras tanto, en el resto de Perú arreciaban las movilizaciones y concentraciones en 31 provincias de 12 regiones en respuesta a la violencia y a la represión que el lunes dejaron 18 muertos. La más embravecida: la región del Cusco, vecina de Puno, la más golpeada por los abusos de las fuerzas de seguridad. Ciudadanos de las provincias de Canchis, Canas, Acompayo y Quispicanchi se concentraron en la capital del Cusco para exigir la renuncia de Boluarte, una presidenta que puede contar más muertos que días de gobierno: 46 en 33 jornadas.
Por la tarde, el Ejecutivo declaró duelo nacional este miércoles 11 de enero por las víctimas de las protestas. Pero en lugar de reconocer su responsabilidad política y bajar el tono de su discurso de enfrentamiento, el primer ministro Otárola dejó claro que no están dispuestos a ceder ante las movilizaciones. “No vamos a permitir que esta asonada llegue a Lima y debilite al Gobierno”, afirmó. Su exposición ante el pleno del Congreso sucedió de manera atropellada: recibió silbidos, junto a sus ministros, procedentes de las bancadas de izquierda, motivo por el cual la sesión se postergó algunas horas.
El Gobierno regional de Puno, al mismo tiempo, declaró personas no gratas a Boluarte, al propio Otárola; así como a los ministros del Interior, Víctor Rojas; Defensa, José Luis Chávez. Y también al general de la Policía Nacional de Puno, Pablo Villanueva Yana; y al general de la Brigada del Ejército en Puno, Manuel Alarcón.
Este martes también las autoridades informaron de la muerte del suboficial de segunda José Luis Soncco Quispe, de 29 años. El Ministerio del Interior reportó que la patrulla formada por Soncco y otro agente fue atacada por un grupo de manifestantes en la urbanización Tambopata, en Puno. La turba le prendió fuego al vehículo. Según las investigaciones, uno de los suboficiales pudo escapar, mientras que Soncco murió carbonizado. Debido a la convulsión por este suceso, se ha decretado inmovilización social obligatoria, toque de queda en Puno por tres días, que comenzó este martes entre las ocho de la tarde y las cuatro de la madrugada.
Informe: La República (Lima), El País (España), agencias y Agensur.info
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