Una farsa mal llevada y de final cantado

Por Héctor M. Guyot

Nos gobiernan actores devaluados. A tres años de gestión, hay que ver a Alberto Fernández impostando una convicción. Cualquiera, da igual que hoy defienda una cosa y mañana la contraria. Por más que ensaye el gesto y module el tono, lo que transmite a su pesar es una penosa falta de convicciones. Lo mismo Sergio Massa. Con actores así, y una guionista que desespera por evitar un final cantado, no sorprende que el espectáculo que está dando el Gobierno haya virado del drama al grotesco. 

La farsa, sin embargo, no despierta risa. Juegan con fuego sobre un terreno castigado por la sequía. En su desvarío, acompañado por el coro del peronismo, este cuarto gobierno kirchnerista se muestra dispuesto a quemarlo todo en el intento de alcanzar su objetivo.

Ante sucesivos fracasos, con una primera condena en la causa Vialidad, Cristina Kirchner parece decidida a ir hasta el fondo en su ataque a la Justicia. Se apoya para eso en un presidente que, después de haber recibido tantos golpes, parece haber perdido el sentido de realidad. Hoy es un soldado que se inmola por la causa. Primero dijo que no acataría una sentencia de la Corte Suprema. Eso equivaldría a pulverizar, desde la cabeza del Poder Ejecutivo, el andamiaje institucional en el que se basa la convivencia no solo política, sino también social. Enseguida recalculó y dio marcha atrás, aunque solo parcialmente. Pero después apuntó contra el enemigo número uno, la propia Corte. Este gobierno fue pergeñado para forzar a la Justicia, por las buenas o las malas, a declarar la inocencia de la vicepresidenta en las causas de corrupción que se le siguen. Es decir, para obtener su impunidad. No es casual que apunten, entonces, sobre aquellos que tienen la última palabra en la cuestión.

Para el kirchnerismo, siempre decidido a imponer su voluntad (tantas veces reñida con la ley), toda sentencia en contra de sus pretensiones configura un atentado al Estado de Derecho. Tal el argumento del lawfare que esgrime la vicepresidenta en las causas por corrupción. Y tal la razón que invoca ahora el Presidente para impulsar un juicio político contra los miembros de la Corte. La excusa son dos sentencias que no le gustaron al oficialismo. No importan los hechos ni lo que dice la ley. Solo hay que sostener con suficiente convicción que tales sentencias representan una intromisión de un poder en otro, y darle para adelante estilo kamikaze. Pero, como ya vimos, a esta altura de la comedia la convicción no convence. La impostura es flagrante. Incluso la de gobernadores feudales como Gerardo Zamora y Jorge Capitanich, que se han colocado en la primera fila de esta avanzada contra las instituciones.

¿Hasta dónde va a acompañar el peronismo a Cristina Kirchner? Con tal de mantener poder, sus temerosos dirigentes parecen dispuestos a colocar al partido al margen de la ley de una manera ostensible. No solo eso. También, a ser el ariete con el cual el kirchnerismo embiste el Estado de Derecho. Algunos gobernadores han advertido que quizá haya un punto de no retorno donde el valor de un nombre se vuelve irrecuperable y se han bajado de la embestida. ¿Existe ese punto de no retorno para un político argentino? Debería. ¿Puede volver a la república aquel que atentó persistentemente y a la luz del día contra ella?

Massa, siempre astuto, se mantiene al margen, pero los senadores que le responden acompañarán el juicio político a los miembros de la Corte. Ya veremos al ministro de Economía, muy racional y sonriente, reunido con altos empresarios en plan salvataje de la economía nacional. Aquí todo vale. Nos hemos acostumbrado a que los dirigentes no paguen el costo de sus acciones.

Aunque parezca lejos de las preocupaciones cotidianas, este ataque frontal debería preocupar a la sociedad. Además de la institucionalidad, está en juego la libertad individual de los ciudadanos ante los que mandan, garantizada precisamente por el equilibrio de poderes que el kirchnerismo busca romper con esta maniobra. La oposición parece haberlo entendido y puso en suspenso la posibilidad de cualquier acuerdo en el Congreso mientras el oficialismo insista en este ataque al Tribunal Supremo. También el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifestó su rechazo, así como los constitucionalistas más reconocidos del país.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner están cada vez más atrapados en una contradicción insoluble inherente al pacto que firmaron en 2019. Karma derivado del pecado original. Para ganar las elecciones, Alberto tuvo que simular moderación, y lo hizo con un éxito sorprendente. Pero después, para cumplir desde la presidencia con aquello a lo que se obligó, tuvo que actuar como un terrorista institucional, y así no se puede gobernar. Para peor, cuanto más se radicaliza para agradar a la vicepresidenta, menos le servirá a la señora como candidato señuelo para las próximas elecciones. En su calesita insomne, y ahora en sus arrebatos irracionales, el Presidente parece haberlo perdido todo. Incluso a sí mismo. Tal como se está perdiendo el peronismo.

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