Por Raquel Slotolow
En pocos días se conocerá el veredicto que, luego del desarrollo de dieciocho audiencias, emitirá el Tribunal de Santa Rosa (La Pampa) por el feroz asesinato del menor Lucio Dupuy.
El caso adquirió, en su momento, visibilidad en los medios y preocupación en la ciudadanía, dado que se trató de un salvaje y despiadado homicidio hacia un niño de 5 años por parte de su propia madre, Magdalena Espósito Valente, y de la pareja de ésta, Abigail Páez.
Sin embargo, se produjo de manera llamativa y repentina un silencio abrumador en la esfera pública. Tan abrumador que alarma.
Los motivos de este sigilo pueden ser varios: las actuales audiencias que se están llevando a cabo en el caso de los rugbiers, cuya víctima, Fernando Báez Sosa, también fue brutalmente asesinada (en este caso por un grupo de jóvenes); el tabú que genera hablar sobre el homicidio de un infante, entre otras factores. No obstante, las razones que fortuitamente pudieran surgir para comprender este extraño fenómeno, existe una explicación plausible, que parecería responder adecuadamente a lo que está ocurriendo: la complicidad de ciertos medios de comunicación, instituciones/organismos estatales y agrupaciones afines para intentar acallar las voces acusadoras de la ciudadanía hacia las asesinas de Lucio.
Resulta que tanto la progenitora del niño como su pareja mujer son, además, fervorosas acólitas de los movimientos feministas radicales, afines al gobierno actual, a cuyas manifestaciones acudían para reclamar justicia frente a femicidios cometidos o por paridad de género, mientras eran acompañadas a esas mismas marchas por el pequeño Lucio, golpeado en diferentes partes del cuerpo por parte de su madre y su madrastra.
Organismos partidarios, como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), medios de comunicación oficialistas y otras asociaciones de Derechos Humanos han decidido enmudecer, quizás en un gesto solidario hacia las acusadas, a quienes parecen resguardar por el sólo hecho de pertenecer al sexo femenino o por su elección sexual. En definitiva, por formar parte de un colectivo ideológico que exige mano dura para femicidas y torturadores de los años de plomo, pero se olvida de otras víctimas tan indefensas y vulnerables como lo fue el pequeño Lucio Dupuy.
La postura adoptada evidencia, a todas luces, un comportamiento indigno de instituciones y organismos públicos, mass media y asociaciones especializadas cuya misión ética debería consistir en condenar abiertamente este tipo de comportamientos aberrantes y bregar para que las víctimas y sus allegados tengan la justicia que se merecen. Demás está decir que el caso de Lucio es uno de tantos otros en los que se cometen las violencias y vejámenes más monstruosos e inimaginables que se podría infligir a menores de edad.
Sin dudas, este silencio demuestra también, una vez más, la activa y lamentable presencia de una ideología que hace estragos en la justicia y en la sociedad entera: el abolicionismo penal.
Queda mucho por hacer en esta Argentina en la que se mata por un celular, se liberan presos sin ton ni son o se elige un silencio cómplice con infanticidas. La llave está al alcance de la mano: bregar por los principios, por los valores, por las instituciones democráticas y por una justicia bien entendida.
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