Por Pablo Sieira
El Gobierno avanza con la presentación del pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema sin tener los votos suficientes en el Congreso. Entre las varias motivaciones de esa movida en apariencia difícil de entender, se destaca la de citar a la Cámara de Diputados a los propios jueces del máximo tribunal y a dirigentes de la oposición para forzar la instalación del tema en la opinión pública.
Tras reunirse con 10 gobernadores peronistas, el presidente Alberto Fernández decidió enviar el proyecto a la Cámara baja este miércoles para que se inicie su tratamiento en la Comisión de Juicio Político. Es allí donde el Frente de Todos quiere concentrar la atención en los próximos días para darle fuerza a su avanzada contra la Corte.
El bloque oficialista no tiene por ahora la mayoría necesaria en el recinto para aprobar el inicio del juicio pero sí la tiene en esa comisión que preside la diputada Carolina Gaillard como para iniciar el sumario de investigación.
Con ese dato a la vista, una fuente opositora de Diputados evaluó ante iProfesional que "seguramente van a querer citar a (el presidente de la Corte, Horacio) Rosatti y otros jueces y pegarle de paso a (el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo) D'Alessandro", por la filtración de supuestos chats con Silvio Robles, vocero de Rosatti.
¿Cuál es el plan del oficialismo en el Congreso?
Esa hipótesis que corre por estas horas en el interbloque Juntos por el Cambio tuvo una sutil confirmación por parte de los gobernadores del PJ durante la conferencia de prensa posterior a su encuentro con Fernández, donde se reiteraron las preguntas referidas a la cantidad de votos que se necesitan para aprobar el inicio de un juicio político.
El chaqueño Jorge Capitanich, uno de los principales impulsores del proyecto puso de relieve que "la comisión inicia el procedimiento, que requiere las declaraciones correspondientes de los imputados hasta que (el proyecto) va al pleno de la Cámara". Y agregó: "Esto es un procedimiento y se inicia a partir de esta presentación".
Los "imputados" a los que se refirió Capitanich son, de acuerdo al proyecto del oficialismo, Rosatti y sus colegas en la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Hacia allí apuntaría la bancada del Frente de Todos con la mayoría que tiene en la Comisión de Juicio Político, la cual también tiene la facultad de citar testigos. Por eso en la oposición no descartan que intenten involucrar en el proceso a D'Alessandro a pesar de haberse tomado licencia a raíz del escándalo por los chats que, según afirmó, surgieron de un hackeo y fueron adulterados.
De los 31 diputados que integran la Comisión de Juicio Político el Frente de Todos tiene 16, Juntos por el Cambio cuenta con 14 y por el Interbloque Federal se encuentra Alejandro "Topo" Rodríguez. Con esa mayoría puede aprobar el dictamen para que el proyecto llegue al recinto, pero en esa segunda instancia se necesita una mayoría de dos tercios.
Los gobernadores que no firmaron: ¿una advertencia a futuro para el Gobierno?
El pedido de juicio político acusa a los jueces de la Corte y en particular a Rosatti de "haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones" y lleva la firma de 12 gobernadores del peronismo.
Además de Alberto Fernández, el proyecto tiene el respaldo del chaqueño Capitanich y sus pares de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y de de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
En contraste, de los gobernadores peronistas que integran el Frente de Todos se mantienen por ahora al margen de la iniciativa Omar Perotti (Santa Fe); Sergio Uñac (San Juan) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis). Los dos últimos habían acompañado las críticas a la Corte por el fallo que ordenó devolver fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.
En ese marco, el proyecto de juicio político también funciona como una especie de termómetro sobre la situación interna del Frente de Todos y el nivel de lealtad de los distintos gobernadores frente a una idea que, si bien es impulsada por el Presidente, está alineada con los intereses de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Uñac, Rodríguez Saá y Perotti dieron una muestra de independencia en el inicio de un año electoral y en momentos en que su relación con el Gobierno nacional no está en el mejor momento. A ese dato se agrega que los tres tienen votos propios en el Congreso.
Convencer a los díscolos
El oficialismo intentará convencer a esos tres gobernadores, así como a los extrapartidarios Arabela Carreras (Río Negro), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Omar Gutiérrez (Neuquén) que podrían ser aliados clave para avanzar en la Comisión de Juicio político y para la más difícil tarea de alcanzar los dos tercios en el pleno de la Cámara.
Sin embargo, el gesto de autonomía de no es algo nuevo. Rodríguez Saá mandó a su senadora María Eugenia Catalfamo a votar en contra del proyecto kirchnerista para ampliar la Corte que habían respaldado los mismos gobernadores que ahora impulsan el juicio político. Fue por la pelea con su hermano senador y ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá.
Perotti está molesto desde hace bastante tiempo con Alberto Fernández y las autoridades del Frente de Todos, al punto de que en diciembre, durante el último intento fallido del oficialismo por sesionar en la Cámara de Diputados, Roberto Mirabella (estrecho colaborador del gobernador) se retiró enojado del palacio legislativo.
"Molesta que el bloque no trate los proyectos que son centrales para Santa Fe y estuvo a nada de dar un portazo e irse del bloque", contaron a iProfesional en su entorno.
En tanto, Uñac tiene una fuerte disputa con el ex gobernador y actual vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, que intentará competirle en las elecciones provinciales a través de un lema y, según se prevé, con apoyo del kirchnerismo puro.
El plan de la oposición para la Comisión de Juicio Político
La Cámara de Diputados está por el momento en receso de verano y a la espera de que Alberto Fernández convoque a sesiones extraordinarias. En ese decreto, según prevén en el oficialismo, el Presidente incluirá el proyecto de juicio politico contra la Corte Suprema.
Si bien allí estará establecida la fecha en la que se iniciará el período de sesiones ordinarias, fuentes parlamentarias consultadas por iProfesional señalaron que probablemente la actividad no se retome hasta la segunda quincena de enero, para asegurar que haya la mayor cantidad de presencias posibles.
En Juntos por el Cambio están expectantes y se preparan para una fuerte discusión política. "Por supuesto que si ellos avanzan nosotros vamos a reclamar que se traten los pedidos de juicio político que presentamos contra el Presidente" adelantó una fuente de la bancada opositora, en referencia a los proyectos presentados en diciembre por la UCR y el PRO, respectivamente, por el "incumplimiento" del fallo de la Corte sobre coparticipación.
"Van a abrir la caja de Pandora", advierten en las filas opositoras. Y es que, sin los votos suficientes para destituir a nadie (lo que corre tanto para el oficialismo como para la oposición) la batalla política solo servirá para calentar todavía más el clima de la Cámara baja, donde la ruptura de relaciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio llevó a una parálisis legislativa que todavía nadie sabe cómo resolver, ni siquiera para sesionar en extraordinarias.
¿Cómo es el procedimiento de juicio político?
La Constitución Nacional establece que el juicio político rige para el presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros y los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el encargado de llevarlo a cabo es el Congreso y que su único objeto es la destitución del funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. No determina responsabilidades penales, solo políticas.
La Cámara de Diputados es la encargada de acusar formalmente al funcionario, lo cual debe ser aprobado con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes. Previamente, el pedido de juicio político debe ser tratado en la Comisión de Juicio Político, que actualmente preside Gaillard secundada por Juan Manuel López (Coalición Cívica) como vice.
Si la acusación resulta aprobada en Diputados el procedimiento debe seguir en el Senado, que se encarga de juzgar al funcionario en cuestión y, también con una mayoría de dos tercios, decide si lo destituye o lo absuelve. Cuando el juicio sea contra el Presidente de la Nación, el Senado tendrá que ser presidido por el titular de la Corte Suprema.
El Frente de Todos tiene 118 diputados y apenas puede alcanzar la mitad más uno (129) con apoyo de otros espacios entre los cuales se cuenta al Interbloque Federal. Sin embargo, el presidente de esa bancada, Alejandro "Topo" Rodríguez, criticó el anuncio del Presidente. La mayoría agravada de dos tercios parece muy lejos del alcance del oficialismo.
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