Alberto Fernández
Nacionales - En su último informe mundial de Human Rights Watch (HRW) analizando el cumplimiento de los derechos
humanos en la Argentina durante el 2022, la entidad advirtió sobre el embate del Gobierno contra la Corte Suprema de Justicia y señaló distintos aspectos que afectan a la población, con la inseguridad
económica a la cabeza.
El análisis comienza remarcando que los problemas de derechos humanos en el país "incluyen el abuso policial, condiciones carcelarias deficientes y violencia endémica contra las mujeres". El informe también destaca el impacto de la "la prolongada crisis económica" particularmente sobre quiénes viven en situación de pobreza.
Además, Human Rights Watch hace especial énfasis en la "guerra" que mantiene el Gobierno actual, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, contra el Poder Judicial, con fuertes críticas de parte del oficialismo hacia el funcionamiento de la Justicia y, en particular, de la Corte Suprema.
En las últimas semanas, este conflicto se agravó tras el pedido de juicio político a los jueces del máximo tribunal que el presidente elevó al Congreso y espera tratar en sesiones extraordinarias a partir de la segunda quincena de enero.
Para HRW, en Argentina hay "un contexto desafiante para que existan mejoras en derechos humanos".
"La crisis política potenciada por las dificultades económicas y la polarización ha creado un contexto desafiante para que existan mejoras en derechos humanos", resume en este sentido la ONG, ejemplificando la violencia que se vive en el país con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner como su mayor exponente.
PROBLEMAS DE DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA
1. Independencia judicial y "retórica hostil" contra la Justicia
Pese a que el informe de la entidad fue redactado antes del pedido de juicio político a la Corte Suprema de la Nación por parte del presidente Alberto Fernández y el Frente de Todos, desde HRW remarcaron distintos hechos que evidencian la "retórica hostil contra jueces y fiscales que deciden en contra del gobierno o investigan la presunta participación de la vicepresidenta en hechos de corrupción".
La organización repasa entonces la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el presunto delito de administración fraudulenta en la Causa Vialidad.
"La vicepresidenta rechazó las alegaciones, acusó al fiscal de llevar adelante una investigación abusiva y políticamente motivada y a los jueces de ser parte de una 'mafia' que buscaría mantenerla alejada de la función pública", recuerda el informe.
Además, también recuerdan distintos hechos y proyectos de la gestión Fernández que "podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales":
-La aprobación en el Senado del proyecto para ampliar la Corte Suprema de 5 a 15 miembros, "una medida que gobiernos anteriores han utilizado para cooptar la Corte";
-La aprobación en el Senado de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno para reducir la mayoría necesaria para designar a un procurador general y así nombrar un nuevo responsable del cargo;
-Los 257 puestos vacantes en la justicia federal y nacional que contrarían la definición del 2015 de la Corte Suprema en la que se indicó que " la demora en el nombramiento de jueces permanentes atenta contra la independencia judicial";
-La aprobación en el Senado del proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura nuevamente pese a la ampliación dispuesta por la Corte Suprema en 2021.
Los tres proyectos indicados que fueron aprobados en el Senado aún no fueron tratados en la Cámara de Diputados y el voto favorable del Senado podría perder validez institucional, obligando a estos a reiniciar la gestión legislativa para su aprobación en 2023.
2. Derechos económicos
En segundo lugar, la "larga crisis económica" -profundizada por la pandemia del Covid-19- es el principal problema de la sociedad argentina y "afecta de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos", limitando "severamente" su capacidad de ejercer sus derechos económicos.
"El gobierno informó que el 36,5 % de la población vivía en situación de pobreza al mes de junio de 2022, una reducción del 0,8 % desde diciembre de 2021. Las personas que viven en situación de indigencia-es decir, aquellas que no pueden cubrir sus necesidades alimentarias más básicas-representaban el 8,8 % de la población, un incremento del 0,6 % desde diciembre de 2021", repasa la entidad sin fines de lucro.
Además, subraya que los niños y niñas son los más afectados por esta situación dado que, según los últimos datos oficiales, "más de la mitad de los niños menores de 14 años viven en la pobreza y más de uno de cada diez en la indigencia".
"Una larga crisis económica limita severamente la capacidad de las personas de ejercer sus derechos económicos".
Finalmente, con una inflación en torno al 95% anual durante el 2022 -dato que se conocerá este viernes por la tarde- se dificultan "aún más las posibilidades de que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas".
3. Condiciones en centros de detención y abusos por miembros de las fuerzas de seguridad
El informe de HRW se basa en los datos informados por la Procuración Penitenciaria de la Nación, los cuales indican que en 2021 hubo 233 presuntos casos de tortura o maltrato en cárceles y 117 casos entre enero y junio de 2022.
"El Ministerio Público reportó la muerte de 43 personas detenidas en cárceles federales durante 2021, incluidas 9 muertes violentas y 9 muertes ocasionadas por Covid-19", recuerdan, indicando además que "casi la mitad de las 11.280 personas detenidas en cárceles federales se encuentra en prisión preventiva".
"Las fuerzas de seguridad en ocasiones incurren en abusos y uso excesivo de la fuerza", critica en informe al respecto.
4. Derechos indígenas
"Los pueblos indígenas enfrentan obstáculos para acceder a la justicia, tierras, educación, atención de la salud y servicios básicos", evidencia desde la ONG.
Pese a que la Constitución Nacional reconoce la propiedad comunitaria indígena de sus tierras tradicionales y al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el 2020 ordenó al país a legislar proyectos para cumplir con estos derechos, "continúa posponiéndose el debate acerca de una ley para hacer efectivas las protecciones".
Informe: EC
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