Por Jorge Raventos
El jueves se puso en marcha en el Congreso el procedimiento que intenta iniciar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema. El oficialismo sabe que ese objetivo de máximo es prácticamente incumplible, porque no cuenta en el plenario de la Cámara de Diputados con el número de votos que se requieren para aprobarlo, pero por ahora sí tiene mayoría suficiente en la Comisión de Juicio Político, que es la primera estación del procedimiento.
¿Por qué subrayar el “por ahora”? Porque esa mayoría es sumamente ajustada: bastaría que un miembro de esa Comisión invierta su voto para que el mecanismo quede desmantelado. Y dos integrantes de esa mayoría actual son miembros del Frente Renovador que lidera Sergio Massa. El ministro de Economía guarda sugestivo silencio sobre el juicio a la Corte; es evidente que el procedimiento –un embate sobre la cúpula de la Justicia- contamina la atmósfera que él necesita para negociar mejor con inversores potenciales, con organismos internacionales y con otros estados.
Perder el juicio
Sobre Massa confluyen las presiones del sector más intemperante del kirchnerismo, que le reclama un pronunciamiento personal en favor del enjuiciamiento de los supremos magistrados, y también las de sectores del empresariado local y de algunos de sus contactos foráneos, que, por el contrario, le aconsejan que actúe rápidamente para que sus diputados fieles faciliten la interrupción del proceso. Cualquiera de esas opciones tiene un costo.
La jugada del cristinismo acérrimo, entretanto, no repara en gastos para conseguir alguno de los réditos que busca. Hoy se conocerá en Ginebra el informe oficial con las recomendaciones a la Argentina realizadas por los estados que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras el informe que presentó el enviado argentino, Horacio Pietragalla, con el que el gobierno llevó a un escenario global su pelea con la Corte y las elucubraciones sobre el llamado “lawfare”. Ya se conoce la respuesta de la representación alemana. La delegada de Berlín en el organismo, Ann-Jasmin Krabatsch, dejó asentado que “Alemania expresa su preocupación por los intentos de ejercer influencia política en el sistema de Justicia… y en ese sentido recomienda que se fortalezca la independencia judicial y se proteja a jueces e investigadores ante presiones e intimidaciones”. La diplomática recomendó asimismo en nombre de su país que Argentina “trabaje activamente con la oposición para cubrir los puestos vacantes en la procuración general, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo”. Una opinión fuerte de un socio fuerte de la comunidad internacional.
Antes de eso, la administración estadounidense había transmitido que sigue atentamente “la situación institucional entre el Gobierno argentino y la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creemos necesario que todos los protagonistas institucionales de la Argentina respeten a la democracia y a la separación de poderes”.
Estos hechos no desalientan –por el contrario espolean- al cristinismo más fervoroso, pero inducen a la reflexión a los sectores más sensatos del oficialismo, desde gobernadores hasta dirigentes sindicales. Y sin duda son registrados con preocupación en el Palacio de Hacienda.
Irónicamente, la lógica enjuiciadora que emana de la vicepresidencia ha encontrado un eco inopinado en la oposición. La Coalición Cívica de Elisa Carrió ha decidido desviarse del rechazo al juicio político que enarbola la coalición Juntos por el Cambio en un caso específico: sostendrán el juicio político a un 25 por ciento de la Corte, en la figura de Ricardo Lorenzetti, un antiguo blanco de los ataques de Carrió. Aunque lo harán por causales distintas al oficialismo, ese acompañamiento diferenciado devalúa el argumento opositor que caracteriza el enjuiciamiento a los supremos como un atropello a la República. No es un atropello. Es, más bien, un disparate.
El campo y la moneda única
Mientras cavila sobre estos dilemas, el ministro de Economía tiene que resolver temas acuciantes. El último viernes se reunió en el INTA con los representantes de la Mesa de Enlace –aquella que, con otros miembros- encabezó en 2008 la rebelión del campo contra las retenciones móviles y provocó una grave derrota política del kirchnerismo-.
En este caso la dirigencia agropecuaria quería hablar de la emergencia (básicamente, de los aciagos efectos de la sequía para la producción y los productores) y también de temas de fondo. Las retenciones siempre están en la agenda. El tono de la conversación con el ministro de Economía fue positivo. Massa, "entiende perfectamente la situación", declaró el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.
El titular de Coninagro, Elbio Laucirica, coincidió con Pino y agregó que los interlocutores oficiales “tienen el compromiso político y la decisión política”. Son éxitos módicos, el primer día de febrero los dirigentes del campo van a poner a prueba ese “compromiso político y esa decisión”: buscarán respuestas concretas, que Massa les prometió. El ministro ganó dos semanas con el argumento de que se reunieran comisiones técnicas del Estado y de las organizaciones para visitar los lugares más golpeados por la sequía. En rigor, hoy con satélites y radares hay información diaria y se puede analizar las zonas sin ir al lugar.
Massa también tuvo un cameo importante en la reunión de la CELAC, un escenario internacional que Alberto Fernández quiso explotar para recordar su aspiración reeleccionista.
En realidad, el protagonista de la reunión fue el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, que subrayó que “Brasil está de vuelta” y monopolizó la atención, pese a que en el lote de presidentes que acudieron a la cita había otras figuras de interés como el chileno Gabriel Boric o el colombiano Gustavo Petro. Desde lejos, otro que tuvo gran presencia mediática fue el venezolano Nicolás Maduro, que faltó a la cita, según él porque “una conspiración de ultraderecha” estaba dispuesta a realizar actos que su gobierno prefirió no especificar. La oposición argentina –en primer lugar, Patricia Bullrich- se adjudicó el lauro de haber amedrentado a Maduro con sus denuncias y pedidos de detención a Interpol y a la DEA. La oposición repudió por adelantado la presencia del venezolano, la del también ausente nicaragüense Daniel Ortega y la del presidente cubano Miguel Díaz Canel (que sí vino y no fue hostigado). Organizaciones como la CELAC no pueden “tener un carácter de club de amigos ideológicos”. La inteligente frase del mandatario uruguayo Luis Lacalle estuvo dirigida a censurar a la izquierda pero, si bien se mira, es aplicable a otras actitudes simétricas. Un foro de estados (o una organización regional o mundial, como la ONU, por caso) “no es un club de amigos ideológicos”, sino un ámbito en el que se dan por sentadas las diferencias y se trabaja para contener los conflictos, encontrar campos de convergencia y aprender a coexistir
Con el marco de la reunión de CELAC, Brasil y Argentina pusieron en marcha procesos muy prometedores. La ambiciosa iniciativa de trabajar por una moneda común, con su espectacularidad alcanzó un eco desmedido, que llegó hasta el Financial Times. Hasta se bautizó a la criatura: la nueva moneda se llamaría Sur. Tanto Massa como su colega brasilero, Fernando Haddad, tuvieron que aplicar paños fríos para sofrenar expectativas. No se está pensando en una moneda física, ni en una “moneda única” sino en un mecanismo de compensación financiera, cuya implementación es compleja y requiere tiempo y trabajo. Hay, eso sí, voluntad de avanzar.
En cierto sentido, puede decirse que, tanto en Brasil como en Argentina, el objetivo tiene un fondo de acuerdo. Bajo las presidencias de Mauricio Macri y de Jair Bolsonaro hubo ya conversaciones y los ministros de entonces, Nicolás Dujovne y Paulo Guedes hicieron público ese “deseo compartido”, que se apoyaba en que –como explicaron entonces- los dos socios del Mercosur están expuestos a los mismos shocks externos, dependen mucho de exportaciones de commodities y sus monedas se mueven con una correlación ante los eventos internacionales. En aquel momento el proyecto se paralizó por la resistencia del Banco Central de Brasil.
Más allá del objetivo estrella de la moneda común, Massa y Haddad acordaron un mecanismo de financiamiento del comercio bilateral con créditos para importar desde Brasil que para el país vecino significará un estímulo para sus exportaciones a la Argentina y para Argentina un alivio a la presión de divisas sobre el Banco Central.
Como explicó el ministro brasilero, su país ve en Argentina un socio debilitado por la falta de divisas, y esa debilidad recorta importaciones de Brasil, en particular de bienes manufacturados. El comercio entre ambos países, que se viene reanimando, seguirá creciendo. En los primeros once meses del año 2022 alcanzó casi 27.000 millones y fue más de un 20 por ciento más alto que el mismo período de 2021. Tiene todavía mucho espacio para crecer: a mediados de la década anterior llegó a ser de 40.000 millones. La “vuelta” de Brasil, que Lula celebró en Buenos Aires, fortalece a la Argentina y abre una nueva oportunidad para el Mercosur.
Pero, claro, es imprescindible evitar los disparates.
© La Prensa
0 comments :
Publicar un comentario