Nacionales - El secretario de Comercio Matías Tombolini ya tiene su primera denuncia penal por el acuerdo con el gremio de los camioneros para controlar el abastecimiento. El sindicato que lidera la familia Moyano se sumó como fuerza de control del programa Precios Justos, mediante inspecciones a centros de distribución y a grandes proveedores. La "colaboración", a través de la rama de Logística de Camioneros, es para controlar el abastecimiento de productos.
La Fundación Apolo, por medio de sus integrantes José Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Patiño, presentó este lunes una denuncia penal contra Tombolini, al que acusa de incumplir los deberes de funcionario público. La presentación incluye al líder de la Rama Logística del Sindicato de Camioneros, Oscar Borda, y a otros integrantes del gremio, al entender que estarían "usurpando funciones públicas" en el marco de los controles.
"El deber de fiscalizar precios es de la Secretaría de Comercio, no de la mafia sindical", agregó el texto de la denuncia.
En ese sentido, en la presentación se explicó que "los integrantes del Sindicato de Camioneros que se encuentran realizando junto a la Secretaría de Comercio las actividades de contralor [...], podrían estar incursos en el delito de usurpación de autoridad", delito que configura "prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo", tal como figura en su artículo 246, inciso 1, el Código Penal.
Los polémicos controles trascendieron a partir de un video que el propio sindicato difundió en su cuenta de Instagram. En el mismo se puede se puede ver a Oscar Borda al frente de un operativo de control en un centro de distribución de Coto. El dirigente explica allí que los mandó "el compañero Pablo Moyano para darle una mano al secretario de Comercio Matías Tombolini y a todos los compañeros para que los Precios Cuidados lleguen a la casa de todos los argentinos".
Aunque el Programa se llama Precios Justos, Borda reitera: "Lo más importante es que los productos de Precios Cuidados lleguen a todos.
Frente a los cuestionamientos legales, Pablo Moyano redobló la apuesta: "Vamos a seguir denunciando el faltante de mercadería para que no haya remarcación de precios. Nuestro gremio fue siempre solidario con el Estado. Aunque a los empresarios les moleste que los trabajadores controlen la economía del país".
Según Moyano, el acuerdo con el Gobierno se aplica hace un mes. "Nos reunimos con empresas lácteas, de aguas y gaseosas y ahora con alimentos. El camión transporta todo. Queremos colaborar con el gobierno. Es responsabilidad de nuestra organización que los camiones de polenta lleguen".
En ese sentido, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció que realizará una denuncia penal por el accionar del Gobierno de usar piqueteros y camioneros en el control de precios como si fueran "grupos parapoliciales".
En sus redes sociales, apuntó contra el Presidente, el Ministro de Economía y el Secretario de Comercio Interior. "Massa, Tombolini y Fernández están quebrando el estado de derecho incitando a la violencia y creando grupos parapoliciales. Hoy se hace la denuncia penal", posteó este lunes por la mañana.
Fuentes cercanas a la diputada confirmaron que la presentación estará lista a última hora de este lunes y que apuntará contra los tres funcionarios mencionados en el mensaje subido a Twitter. Aún no se confirmó cuál será el delito de la acusación.
Informe: Agencias y Agensur.info
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