Victoria Tolosa Paz
Judiciales - El fiscal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria
Tolosa Paz, y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, también líder del Movimiento Evita, por los presuntos delito de “Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario
público y malversación de caudales públicos”.
Les reprocha no haber dado de baja a los 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular por tener alguna “incompatibilidad”, según el informe que el 24 de octubre envió la AFIP a la cartera que conduce la ex diputada nacional y que fue solicitado por su antecesor Juan Zabaleta.
La denuncia señala que la prestación social “no cumple con los requisitos de otorgamiento para gran cantidad de beneficiarios”. Marijuan había abierto una investigación preliminar después de que trascendiera información sobre el informe de la AFIP, un trabajo que señalaba características de más de 250.000 beneficiarios que parecían mostrar incompatibilidades entre los requisitos para recibir el salario social complementario y sus condiciones impositivas, entre otras. Además existía una denuncia formulada por el diputado de Cambiemos Waldo Wolff, que investiga el fiscal Eduardo Taiano, en una causa que instruye el juez Julián Ercolini.
En el marco de ese expediente fue que declararon como testigos el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, además de funcionarios del área de Servicios Jurídicos de la cartera que conduce Tolosa Paz, y de personal del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), que se encarga del cruce de información de los distintos organismos públicos para corroborar si quienes solicitan recibir ayuda social están aptos para recibirla.
En líneas generales se detalló que el mencionado programa que otorga el Ministerio de Desarrollo Social contaba con 253.184 personas de ellos (el 18,30%) que habrían efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales. También que 35.398 beneficiarios (el 2,56%) habrían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos 6 meses.
Después se hizo un análisis de los ingresos de los beneficiarios durante los últimos seis meses, teniendo en cuenta las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales "incompatibles con el beneficio y/o tenencia de bienes muebles e inmuebles, información previsional, de medicina prepaga o alcanzada por cobertura de salud, que hayan fallecido, entre otras variables".
Había 2.800 personas fallecidas cobrando el beneficio social, número que el Poder Ejecutivo bajó a 300. Pero también se detectaron beneficiarios con más de un inmueble, con titularidad de embarcaciones, aviones, vehículos 0 Km, entre otras irregularidades.
Estos fueron los primeros números que denunció el fiscal Guillermo Marijuan por el delito de defraudación, entendiendo que el 20% de los beneficiarios finales, no debían estar percibiendo el plan social que representa una erogación mensual de casi 7.000 millones de pesos al Estado.
Frente a ese número que constató, dijo en su denuncia, en base a dos informes proporcionados por la AFIP que se encargó de realizar el entrecruzamiento de datos, el fiscal Marijuan pidió la suspensión de los más de 253.000 planes.
Sin embargo, la ministra Tolosa Paz que está frente a la cartera hace poco más de un mes, resolvió dar de baja sólo a 2.243 programas asistenciales.
La denuncia penal de Guillermo Marijuán fue sorteada por Cámara Federal, y la responsabilidad de imputar algún delito a Tolosa Paz y/o otros funcionarios recayó en el Juzgado Federal Número 12, que está vacante y es subrogado por Ariel Lijo y la Fiscalía Número a cargo de Ramiro González.
Informe: LN, agencias y Agensur.info
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