Nacionales - El Gobierno nacional y un grupo de mandatarios provinciales acordaron este jueves no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. La postura de la Casa Rosada fue influenciada directamente por los gobernadores del PJ, que durante horas estuvieron reunidos con el presidente Alberto Fernández, algunos en forma presencial y otros de manera virtual. En especial, primó el reclamo del mandatario chaqueño, Jorge Capitanich, que exigió desconocer la sentencia del máximo tribunal.
Al caer la noche de este jueves se conoció el comunicado con la decisión de Fernández y 14 mandatarios provinciales que asistieron a la reunión en Casa Rosada. Allí se consideró al fallo como “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”. Además, acusaron al máximo tribunal del país de no haber fundado “el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje [de la coparticipación para la Ciudad] al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.
El argumento jurídico que utilizan en Balcarce 50 se basa en la ley de cautelares. Específicamente en el artículo 9, donde se indica que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”.
En la Corte Suprema explican por qué el fallo es aplicable y no tiene sustento el argumento del Gobierno. Sostienen que la tomada no es una medida cautelar que afecte o obstaculice los bienes del estado, sino que el máximo tribunal lo que hizo fue asignar a quienes corresponde esos bienes y recursos del Estado.
En la Casa Rosada aseguran que el Presidente ya tomó una decisión: no va tomar deuda, no va emitir y no va a reasignar partidas presupuestarias para poder compensar el porcentaje de dinero que la Corte le devolvió a la ciudad que gobierna Horacio Rodríguez Larreta.
Fernández no tomará deuda ni emitirá más pesos porque eso generaría un incumplimiento en el acuerdo que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y no reasignará partidas porque el Presupuesto 2023 ya fue armado y aprobado en el Congreso de la Nación.
En Balcarce 50 advierten que si la Ciudad quiere que el dinero salga del Presupuesto, entonces se debería realizar y aprobar una reforma del proyecto. En caso contrario, la discusión seguirá empantanada. La discusión política quebró la relación entre los gobernadores y Rodríguez Larreta, y llevó un nuevo pico de máxima tensión el vínculo entre el gobierno porteño y el nacional.
Texto del comunicado oficial
“En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.
En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.
Sostiene también que, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.
En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA.
Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad.
Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.
Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma.
Informe: LN, Infobae, Ámbito.com, Telam, agencias y Agensur.info
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