Por Fernando Laborda
La presión del kirchnerismo al presidente Alberto Fernández está conduciendo hacia un abismo institucional. A través de la mayoría de los gobernadores provinciales peronistas, Cristina Kirchner logró que el primer mandatario avanzara hacia una posición de desobediencia al unánime fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió el recorte de fondos que el gobierno nacional le había impuesto en septiembre de 2020 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con la virtual decisión del gobierno nacional de desconocer la medida cautelar resuelta por el máximo tribunal de Justicia de la Nación, la vicepresidenta avanzó en su estrategia de ataque hacia los jueces supremos, aunque el costo de la medida gubernamental puede resultar imprevisible: en cualquier sistema republicano, la desobediencia por parte del Poder Ejecutivo a un fallo de la Corte reviste una inusitada gravedad institucional.
Paradójicamente, allá por 2013, Alberto Fernández sostuvo públicamente que “si Cristina Kirchner no entiende por qué la Corte es un contrapoder, deberíamos averiguar quién la aprobó en Derecho Constitucional”. La referencia del actual jefe del Estado, por entonces en el llano, aludía a la ley de “democratización de la Justicia” que impulsó el gobierno cristinista y que fue declarada inconstitucional por el máximo tribunal. En aquel momento, la respuesta de quien era presidenta de la Nación fue la siguiente: “Cuando alguien plantea al Poder Judicial como contrapoder dentro de las instituciones, yo me pregunto: ¿contrapoder de quién?, contrapoder del pueblo”.
Hoy el presidente Fernández, que sigue siendo profesor de Derecho, se ha unido a Cristina Kirchner en su particular criterio que desconoce la función de la Corte de intérprete final de la constitucionalidad de los actos de gobierno.
Gobernadores como el chaqueño Jorge Capitanich le exigieron al Presidente que no solo no acate la decisión de la Corte que favorece al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino que también promueva un juicio político a los cuatro miembros del alto tribunal, acusación que solo puede hacer la Cámara de Diputados ante el Senado para su juzgamiento.
La estrategia kirchnerista va más allá de la pretensión de ningunear a la Corte, no ejecutando la orden judicial de que la Nación le entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de los fondos coparticipables hasta que se resuelva la cuestión de fondo, y de que esas transferencias se efectúen en forma diaria desde el Banco Nación. Paralelamente, se reanudó una escalada de manifestaciones de desprecio hacia los porteños.
En tal sentido, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, consideró que “es antifederal sacarles recursos a las provincias para darle al Gobierno de la Ciudad, el más rico del país”.
Tal aseveración desconoce que la Corte consideró falso el argumento de que restituirle fondos a la ciudad de Buenos Aires signifique quitarles recursos de la coparticipación a las provincias, dado que sus porcentajes no varían. Esto sería así porque los fondos restituidos al distrito porteño corresponden a los recursos de la recaudación nacional que la Nación retiene para sí, y no a los fondos que se reparten entre las provincias.
El oficialismo está empleando como argumento el federalismo para cuestionar a la Corte, al tiempo que el máximo tribunal ha señalado que fue la decisión del gobierno nacional la que puso en tela de juicio el federalismo.
La rebelión del Presidente y de 14 gobernadores peronistas contra el fallo de la Corte no fue avalada hasta ahora por las provincias gobernadas por el radicalismo (Jujuy, Mendoza y Corrientes); tampoco por aquellas gobernadas por dirigentes más moderados del justicialismo y alejados del kirchnerismo, como el cordobés Juan Schiaretti y el santafesino Omar Perotti.
El propósito de restarle recursos de la coparticipación federal a la Capital Federal para darle más a la provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof, fue una idea original de Cristina Kirchner, que comenzó a insinuar públicamente desde el momento en que tanto ella como su hijo, Máximo Kirchner, hablaron de “los helechos que tienen luz y agua” en la urbe porteña, “mientras tenemos gente en el conurbano chapaleando agua y barro”. Poco después, ante un conflicto salarial desatado por los efectivos policiales bonaerenses, en septiembre de 2022, Alberto Fernández optó por quitarle fondos a la ciudad de Buenos Aires para transfererirlos al distrito bonaerense.
Este discurso antiporteño, que ahora es reflotado desde el Gobierno, parte de una creencia con sabor a resignación entre los principales dirigentes kirchneristas: el territorio porteño está desde hace rato perdido electoralmente y el foco electoral debe estar puesto en el bastión bonaerense.
El tiempo dirá si esta estrategia del oficialismo, que apunta a profundizar la grieta entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, ayudará a desgastar la imagen del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien no oculta sus aspiraciones presidenciales, o bien contribuirá a consolidar su proyección nacional.
© La Nación
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