Jueza María Eugenia Capuchetti y fiscal Carlos Rívolo
Judiciales - Otra vez llegan malas noticias para Cristina Fernández de Kirchner desde Comodoro Py. La última
es que la Cámara Federal rechazó el planteo de recusación que anunció públicamente y formalizó días atrás contra la jueza María Eugenia Capuchetti. El respaldo
judicial a la magistrada llega después de que esta semana decidiera delegar la investigación al fiscal Carlos Rívolo.
El revés judicial se da a menos de una semana de que se cumplan tres meses del día en que se inició la investigación luego de que Fernando Sabag Montiel le apuntara con una pistola en la cabeza mientras la vice entraba a su casa, en Juncal y Uruguay. Su querella, a cargo de José Ubeira y Marcos Aldazábal, había formalizado días atrás el cuestionamiento a la jueza principalmente por no desarrollar la investigación hacia la pista política, a propósito de la vinculación del diputado nacional del PRO Gerardo Milman en el caso.
La resolución, firmada por el juez Leopoldo Bruglia, sostiene que las críticas a la instrucción mediante las cuales la querella justifica el apartamiento de la jueza "de ningún modo concreta una evidencia que demuestre la ausencia de imparcialidad invocada".
Vale recordar que la querella se había quejado porque la jueza rechazó, no realizó o llevó a cabo en forma tardía los planteos elevados, porque la jueza no delegó la investigación y bloqueó toda hipótesis más allá de las personas imputadas y no interrogó a testigos. Además, la habían cuestionado por sus "indebidas relaciones con la AFI macrista" y porque "ha llegado a oídos de esta querella" que la jueza "recibió consejos o indicaciones sobre cómo tratar mediáticamente el caso y las posibles líneas investigativas luego de una reunión con jueces y camaristas".
En principio, el camarista sostuvo que esas críticas representan "un claro desacuerdo de la parte con decisiones adoptadas por la a quo (la jueza)" y que eso no debe canalizarse por la vía de la recusación sino con "los instrumentos recursivos pertinentes y específicos que para ese fin establece el Código Procesal Penal".
También consideró que las reuniones de Capuchetti en la AFI y las supuestas indicaciones o consejos que recibió sobre cómo tratar el caso mediáticamente y las líneas de investigación "resultan claramente improcedentes y no merecen mayor atención, en tanto se tratan de afirmaciones hipotéticas, despojadas de elementos objetivos que permita otorgarles un marco de realidad".
"Por el momento no se desprende en el marco de estas actuaciones, acto alguno por parte de la magistrada interviniente que pueda inferir un objetivo y concreto dato de parcialidad", afirmó Bruglia.
“También corresponde dejar constancia en la presente de las impropias expresiones vertidas por el Dr. Ubeira en los momentos finales de la audiencia, al referirse a una eventual responsabilidad de la magistrada en cuestión de hipotéticos casos de hechos posteriores o riesgos sobre la vida o seguridad de su representada y entorno familiar. Estos improcedentes dichos, registrados en la grabación, más allá del valor o gravedad que se les quiera o pueda asignar, al ser vertidos en el ámbito de una audiencia, observables en este caso, entiendo deben ser tenidos en cuenta como antecedente de su actuación”, consideró el camarista.
Sin embargo, pese a que fue rechazado el planteo para apartar a la jueza, en otro fallo, que lleva las firmas de Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, la Cámara le indicó a Capuchetti que tomara una medida que había reclamado la querella para investigar lo que llama la “pista Milman”.
La Cámara le dio esta instrucción al concederle la apelación que Ubeira y Aldazabal habían presentado contra una decisión de Capuchetti: el rechazo de las medidas de prueba sugeridas para investigar los teléfonos de Abello, el testigo que declaró haber oído una conversación entre el diputado Gerardo Milman y dos colaboradoras suyas.
“Dada la gravedad institucional del hecho aquí investigado -el intento de dar muerte a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elisabeth Fernández- tornan imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego”, consideraron los jueces.
Informe: LN, agencias y Agensur.info
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