Por Jorge Enríquez (*)
Mientras con extraordinaria hipocresía predica la búsqueda de consensos y convoca a la oposición al diálogo, el gobierno kirchnerista acusa a la Justicia, al periodismo y a la dirigencia que no es propia, de fomentar el odio, avanza en su proyecto de aumentar a 25 el número de miembros de la Corte Suprema y pretende suprimir las PASO.
Este último, que es un sistema electoral que estableció el propio kirchnerismo en 2009, cuando pensó que le podía resultar conveniente, ha sido objeto de críticas fundadas. Hay quienes han señalado incluso que es inconstitucional porque viola la libertad de cada partido de elegir a sus candidatos. Aun cuando no lo fuera, implica una excesiva injerencia del Estado en la vida partidaria. Además, cuando no hay competencia dentro de cada agrupación, pasan a ser poco más que una gran encuesta, bastante costosa.
Ahora bien, uno de los rasgos de las democracias robustas es que las reglas electorales tienen una larga permanencia en el tiempo. Su modificación responde a generalizados consensos. En especial, es inadmisible que se las cambie para que rijan en las elecciones siguientes. Nuestra Constitución favorece esos acuerdos cuando establece que las leyes electorales deben ser sancionadas con una mayoría agravada (la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara) y que la materia electoral no puede, bajo ninguna circunstancia, ser objeto de los decretos de necesidad y urgencia.
Lo que se procura es que una mayoría circunstancial no modifique en su propio beneficio las reglas básicas de juego, sobre todo mientas el partido se está jugando. El apuro del oficialismo por introducir este debate no surge de ningún propósito de mejoramiento de las prácticas democráticas. Es bastante obvio que el objetivo es perjudicar a Juntos por el Cambio, una coalición de partidos que por medio de las PASO selecciona a sus candidatos. Sería lamentable que el oficialismo alcanzara en ambas Cámaras del Congreso las mayorías necesarias para suprimir o suspender ese método electoral solo con ese propósito subalterno.
La oposición debe tratar de impedirlo, pero tiene un límite: carece por sí sola del número de legisladores necesarios. Si otras fuerzas que aparentan no ser oficialistas se pliegan a esa iniciativa, esta será aprobada. En tal caso, además de sacarles la careta a esos falsos opositores, Juntos por el Cambio debería analizar de qué forma realizar sus elecciones primarias, ya no como una imposición estatal, sino por su propia voluntad. Es complicado, pero no imposible.
El peronismo está también reflotando en algunas provincias la ley de lemas. Este engendro, que combina en un mismo acto las elecciones primarias con las generales, es una verdadera estafa a los ciudadanos, porque quien vota por un candidato de su preferencia, tal vez está dirigiendo involuntariamente su voto a otro a quien jamás hubiera querido votar. La profusión de lemas de distintos y hasta opuestos pelajes confunde a los electores y solo favorece a las agrupaciones más inescrupulosas que no vacilan en unir la Biblia y el calefón en esas mixturas movimentistas en las que se sacrifican ideas y conductas. No es de extrañar que el kirchnerismo se sienta cómodo en esas aguas. La meta es ganar, a cualquier precio.
La Constitución Nacional no determina ningún sistema electoral para la conformación de la Cámara de Diputados. En nuestra historia se han ensayado muchos. Todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Lo que no se puede ni se debe hacer es manipular las reglas electorales para obtener beneficios circunstanciales. Aunque en nuestro país no tienen el rango de normas constitucionales, ellas conforman las grandes reglas del juego y, por lo tanto, es necesario para la salud de la democracia que no se alteren con frecuencia y que los cambios solo respondan a grandes consensos. Esos que ahora dice buscar el kirchnerismo mientras hace lo contrario y se nos vuelve a reír en la cara.
(*) Exdiputado nacional. Presidente Asociación Civil Justa Causa
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