Los fiscales Diego Luciani (izq.) y Sergio Mola, durante el alegato en el juicio
contra Cristina Kirchner.
Judiciales - El fiscal federal Diego Luciani sonó implacable en su mensaje virtual en el arranque de su alegato,
junto a Sergio Mola, el otro fiscal que acompaña en el juicio oral y público por la obra pública de Santa Cruz que tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner como presunta jefa de un mega esquema piramidal
de corrupción . Para la titular del Senado, se trata de una condena ya escrita de antemano.
"Este ministerio Público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado", señaló.
Luciani añadió: "Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que, en paralelo al plano legal, pero valiéndose de sus competencias, prestaron los aportes necesarios". Aludió a "estructuras parasitadas" y un mecanismo que violentó todos los cánones de contratación legal de obra pública.
Y solo es la primera de nueve jornadas en las que la fiscalía avanzará con su alegato en el juicio oral y público por la obra pública en la provincia patagónica que apunta contra las responsabilidades de la actual vicepresidenta Cristina Kirchner cuando era mandataria, pero también la de su esposo, Néstor Kirchner, durante su gestión como jefe de Estado.
Cristina cree que una sentencia contraria es un hecho. Lo dijo en privado, primero, y luego en público. Habló de una condena ya escrita y firmada, que puede repercutir electoralmente en 2023. Se piensa como reflejo del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quien la Justicia también le cerró el paso a las urnas en 2018 aunque luego los tribunales dieron marcha atrás y hablaron de un proceso judicial sin la imparcialidad necesaria.
A juzgar por las primeras palabras del fiscal, la acusación de su oficina seguirá su curso, aunque en el último tiempo, tanto la Oficina Anticorrupción como la Unidad de Información Financiera (UIF) se retiraron de la causa y hasta solicitaron la absolución de Cristina Kirchner por considerar que no existía tal esquema de corrupción.
Sí entendieron, desde la representación legal de la UIF en la causa, que hubo un incumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios que dieron por terminadas esas obras cuando no lo estaban. Luciani también se desquitó contra el organismo al que acusó de llevar a cabo un trabajo "temerario, poco serio y hasta irresponsable".
La hipótesis dentro del círculo de la Vicepresidenta es que un pedido de condena incluirá la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ahí radica el paralelismo con el líder brasileño quien también quedó inhabilitado para competir por la ley de ficha limpia que rige en Brasil y que impide participar de las competencias electorales a cualquier persona con una condena ratificada en segunda instancia.
En Argentina, una sentencia que cierre el paso a Cristina Kirchner necesita ser avalada por la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dos instancias posteriores al juicio oral y público que tiene lugar ahora. No obstante, la Vicepresidenta también advierte un sesgo político en ambos tribunales y en el Poder Judicial en general.
"Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación", remarcó Luciani.
Y prometió: "Vamos a probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos. Por eso hemos solicitado nueve jornadas: queremos explicar, mostrar la verdad, y quizás necesitemos más audiencias".
Lo que está bajo la lupa son presuntas irregularidades en 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz que incluyen denuncias por supuestas licitaciones a medida y sobreprecios, entre otras cuestiones. Cristina Kirchner fue imputada como jefa de una asociación ilícita orquestada para defraudar a la administración pública. Muchas de estas obras no se concluyeron.
"La corrupción se convirtió en un comportamiento habitual, en hechos gravísimos, una organización permanente", indicó el magistrado. Habló de "voluminosa documentación" y un Estado de derecho que "se avasalló" y que se ocuparían de exponer en las próximas jornadas.
También figuran en el expediente el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Daruich y Mauricio Collareda, y los ex titulares de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez.
Del fiscal Mola
Después de casi seis horas de alegato, el fiscal Luciani dejó el micrófono y tomó la palabra, para terminar con la primera jornada de alegatos de la fiscalía, Sergio Mola, fiscal que colabora en esta causa con Luciani.
“Vamos a adentrarnos hacia una visión de cada uno de los eslabones de esta maniobra”, comenzó Mola. Al primer capítulo de su exposición lo presentó como “el apoderamiento de empresas”.
“Se asfixiaba a las empresas para obligarlas a vender y ahí aparecía el único comprador posible, el que iba a ganar todas las licitaciones. Ahí aparecía Lázaro Baéz, el amigo del presidente de la Nación [Néstor Kirchner]”, detalló Mola.
“Estas eran constructoras que estaban instaladas en el mercado y tenían lo que era más difícil de conseguir para Austral: la capacidad de contratación. Austral era nueva no hubiera podido conseguir ninguno”, agregó el fiscal.
“Es absolutamente chocante al sentido común que una persona que era monotributista, sin bienes, sin conocimientos específicos en la materia montara semejante estructura y que la administración pública ni se inmutara”, advirtió el fiscal Mola sobre el favoritismo que hubo para Lázaro Báez, quien de un momento a otro, y en una situación “notoria, desconcertante, llamativa” en 2003, se convirtió en el contratista más importante de Santa Cruz, según la exposición de los magistrados durante la jornada de este lunes.
“Es una relación que quema, como no va a pretender tomar distancia”, consideró el fiscal sobre la actitud de la vicepresidenta y remarcó: ”El estrechísimo vínculo esta más que acreditado a partir de que de manera sostenida en el tiempo se efectuaron entre ellos millonarias operaciones de compra y venta inmobiliarias”.
Mientras Lázaro Baéz, a través de sus empresas constructoras recibía millones como producto del otorgamiento ilegal y direccionado de los contratos de la Obra Pública, se le pagaban anticipos financieros. Al mismo tiempo Lázaro Baéz se convertía en el principal adquirente de las propiedades del matrimonio presidencial, además, en el administrador de sus hoteles y por si esto fuera poco, en el inquilino de otras propiedades”, siguió Mola y enfatizó: “Lázaro Baéz se convirtió así no solo en un contratista privilegiado del Estado, fue el contratista privilegiado de los jefes de Estado”.
Informe: EC, LN, agencias y Agensur.info
0 comments :
Publicar un comentario