Por José Calero
El ministro de Economía, Sergio Massa, buscará aprovechar el impulso y el crédito abierto que tiene toda gestión nueva para hacer otro intento por reconvertir planes sociales en empleo formal. Es algo que ya se trató de encarar en ocasiones anteriores, pero quedó en la nada.
En la Argentina hay más de 18 millones de pobres -el 40% de la población-, por lo generar empleo se trata de una cuestión urgente. Lejos de reducir la pobreza, los planes sociales parecen sólo haber contribuido a consolidarla.
Por una parte, las empresas carecen de incentivos de políticas de mediano plazo para animarse a contratar personal, pero también sostienen que es muy difícil encontrar recursos humanos adecuados para las actividades económicas de la actualidad.
"Las personas que vienen recibiendo un plan social desconfían de pasar a estar en blanco en una empresa. Piensan que perderán el beneficio. Se nota mucho en el segmento agropecuario", explicó a iProfesional un especialista de recursos humanos que desarrolla tareas en una compañía alimenticia de primera línea.
Pero no es la única traba. El otro problema con que se encuentran las empresas es que quienes vienen cobrando un plan se "desacostumbraron" a la dinámica laboral, que implica trasladarse a un lugar para cumplir tareas, trabajar durante un horario determinado, respetar el presentismo y cambiar un estilo de vida en el que algunas "libertades" se pierden.
"Llevamos dos décadas de planes sociales en la Argentina. Hay una generación entera que desconoce lo que representa la ´vida laboral´. Revertir eso demandará años, y sólo se podrá lograr la reconversión de una parte", es la opinión de un funcionario que viene trabajando en el tema desde hace varios años.
Un informe elaborado por el instituto IDESA lo explica así: "La baja productividad de las compañías, consecuencia del entorno adverso en el que operan, junto con la proliferación de planes asistenciales, llevan a que mucha gente gane más trabajando en la informalidad y cobrando subsidios, que siendo contratados por una empresa que cumple con todas las normas. Con incentivos tan perversos no sorprende que la informalidad laboral supere al empleo asalariado registrado".
Massa prometió encarar una política de reordenamiento de los programas sociales poniendo foco en tres ejes: la vuelta al mercado de trabajo, el fortalecimiento del trabajo asociativo y cooperativo, y la protección de aquellas situaciones de grupos de vulnerabilidad.
El 15 de agosto próximo, el Ministerio de Desarrollo Social empezará una auditoría que realizarán las universidades. "Quien no cumpla recibirá la suspensión del plan", advirtió Massa, lo cual puso en guardia a las organizaciones que administran esos subsidios. Poner a punteros políticos a cargo de los planes es algo que nunca debió hacerse, sostienen especialistas.
El tema de qué hacer con los planes sociales lo reavivó la vicepresidenta Cristina Kirchner en uno de sus discursos brindados meses atrás. Pidió rediseñar la política social del Gobierno y exigió reemplazar los planes vigentes por un Salario Básico Universal.
El problema con esa propuesta es que cristaliza el subsidio y lejos está del objetivo de reconvertir planes en empleo genuino. La propuesta es apoyada por algunos piqueteros como Juan Grabois y legisladores como Juliana Di Tullio. Se implementaría a través de Anses, para un universo de 2,8 millones de adultos y 1,4 millones de menores que están situación de indigencia según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Según el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, hay 182 programas sociales vigentes y unos 25 millones de personas reciben ayuda estatal. Los datos del Gasto en Servicios Sociales, que comprenden todas las partidas del presupuesto, muestran que el gasto corriente tuvo un crecimiento exponencial y sostenido.
Llegó a la cifra récord en 2021 de $7,1 billones, mientras que para 2022 tiene un presupuesto aprobado de $7 billones.
El 46% corresponde al Ministerio de Desarrollo Social. Coordina 84 planes, donde la mayor partida presupuestaria la tienen los programas de políticas alimentarias como la Tarjeta Alimentar.
Por su parte, el Ministerio de Salud tiene el 14% de los planes sociales, uno de los cuales es el Programa Nacional de Salud Familiar y Comunitaria. Trabajo se lleva el 9% de la totalidad de los planes, en donde la mayor partida corresponde al Programa Potenciar Trabajo, que además de tener un 1 millón de beneficiarios, recibió 2 millones de inscriptos potenciales.
El Ministerio de las Mujeres, con ayudas estatales como el Programa Nacional "Generar", Programa Escuelas Populares de Formación en género y diversidad "Macachas y remedios", entre otros 10 más, se lleva un 6% de todos los planes del estado.
Un 5% corresponde al Ministerio de Transporte, con programas como el Plan Estratégico para la incorporación de la Perspectiva de Género en el ámbito de competencia del Ministerio de Transporte 2020-2023, un 3% a la Agencia Nacional de Discapacidad (ej. Programa Federal Incluir Salud), otro 3% pertenece al Anses con los ya conocidas Asignaciones familiares, AUH, Jubilaciones y pensiones no contributivas. Por último, le corresponde un 2% al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con políticas como el Programa de Operativos Socio sanitarios: Barrio Unido, entre otros.
Según datos de INDEC, el ingreso medio de un asalariado registrado ronda los $70 mil. Mientras que un padre de familia que trabaja como asalariado informal gana en promedio $28.592, más las asistencias del Estado:
Programa Potenciar Trabajo: $16.500 por cada padre.
Tarjeta Alimentar: $18.000 por tres o más hijos menores de 14 años.
Sobre la base de esos números, desde IDESA señalan que una familia con tres hijos que accede a planes sociales (solo posible sin tener trabajo o trabajando en la informalidad) obtiene aproximadamente $51.000 mensuales del Estado.
"Tan solo un 25% menos que el salario medio que cobra una persona por trabajar en blanco 8 horas al día, y que generalmente debe contar con una calificación media o alta para acceder a ese empleo formal", explican.
Para IDESA, la "mala intervención del Estado, que no se ocupa de mejorar la competitividad de la economía para que las empresas sean más productivas y puedan pagar mejores salarios, crea incentivos perversos, con lo cual no sorprende que la informalidad laboral supere al empleo asalariado registrado".
Informe del Ministerio de Trabajo
El último informe del Ministerio de Trabajo señaló que en mayo y junio de este año la economía argentina siguió creando puestos de trabajo formales en empresas privadas.
En mayo, el empleo asalariado registrado privado creció 0,4% mensual, porcentaje que se replica en junio, de acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL).
"Este proceso de inclusión laboral se extiende durante 17 meses consecutivos de crecimiento del empleo y permitió la incorporación de 300 mil trabajadoras y trabajadores que se encontraban en situación de desempleo, informalidad o inactividad", dice el reporte oficial.
Y asegura que el poder adquisitivo del salario medio del trabajo registrado en relación de dependencia del sector privado "crece en todos los meses de 2022 y, en mayo, último mes con información disponible, se verifica el mayor crecimiento interanual del año (3,6%).
Además, revela que el nivel actual de ocupación formal de las mujeres en empresas del sector privado se encuentra "cercano a los máximos históricos".
De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales, en junio de 2022 el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de diez personas ocupadas subió 2,6% interanual.
Recuperación del empleo
Luego destaca la recuperación del empleo en el sector de transporte y servicios financieros (0,4%), y que tanto en la construcción como en el comercio y la industria manufacturera se sostiene la recuperación del empleo de meses pasados. En la construcción el crecimiento mensual fue de 1%, en el comercio de 0,5% y en la industria se observaron valores similares al mes anterior (0,3%).
Según el informe de la cartera laboral, el proceso de creación del empleo formal privado observado durante los últimos meses permitió "recuperar la totalidad del trabajo registrado perdido durante la pandemia y gran parte del trabajo formal desvinculado a lo largo del año 2019".
"En mayo de 2022, el número de trabajadores con empleo asalariado registrado del sector privado resultó un 2,3% superior al nivel observado en febrero de 2020, previo a la irrupción de la pandemia de COVID-19 en el territorio nacional (136 mil puestos más)", destaca.
Con respecto a la evolución del empleo sectorial, se destaca el sector de Hoteles y Restaurantes que, a pesar de resultar muy afectado por la pandemia, muestra un "notable" crecimiento mensual del 2,2%.
La construcción, en tanto, presenta veintidós meses consecutivos con variaciones mensuales positivas.
El crecimiento de 1,1%, presentado en mayo de 2022, alcanzó un nivel de empleo casi 10% por encima del registrado al inicio de la pandemia.
Comparación regional
En la comparación regional se observa que 19 de las 24 jurisdicciones mostraron variaciones positivas. Entre las que crecieron por encima de la variación promedio se encuentran: Tierra del Fuego (+2%), Chaco (+1,5%), Catamarca (+1,4%), Formosa (+1,2%), Salta (+1,0%), Corrientes (+0,9%), San Juan (+0,8%), Mendoza (+0,8%), Neuquén (+0,7%) y Misiones (+0,7%).
Por su parte, CABA, Buenos Aires, Córdoba, y Santa Fe lograron aumentar el empleo en la misma medida que el promedio del empleo asalariado registrado privado (+0,4% en los tres casos).
El número de personas con trabajo registrado en el sistema de seguridad social (incluyendo empleo asalariado público y privado, el trabajo autónomo y monotributista) alcanzó en mayo a 12,6 millones. Este nivel resulta 0,5% mayor al observado en abril y 4,7% superior al verificado en febrero de 2020, justo antes de la irrupción de la pandemia (porcentaje que implica 567 mil personas más con aportes a la seguridad social). "Se registra el valor más alto de la serie del total de las personas registradas en el sistema de seguridad social (la serie estadística se inicia en enero de 2012)", destaca Trabajo.
En el 2021, el gobierno dictó un decreto para reconvertir planes sociales en empleo. "Nadie quiere más planes sociales, la misión es convertirlos en trabajo genuino", dijo el presidente Alberto Fernández.
Desde aquella vez, los planes sociales lo único que hicieron fue aumentar. Ahora, el gobierno busca apretar de nuevo el torniquete sobre la cantidad de planes y ver si de una vez por todas se lograr comenzar esa reconversión, que necesitará del apoyo del sector privado.
Ante la promesa de no generar más empleo público, el Gobierno necesitará incentivar a las empresas a tomar gente. Un objetivo que, por ahora, no se pudo lograr.
Qué dice el decreto de reconversión de planes en empleo
El decreto que buscaba convertir planes en empleo señalaba que la prestación se considerará "parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad".
Establecía asimismo que "en casos particulares, en función de los montos efectivos de salario y plazos de contratación vigentes, podrá establecerse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada".
Sostenía, además, que el beneficiario mantendrá "el derecho al cobro de la prestación asistencial durante la vigencia del período de instrucción", para incentivar la capacitación profesional.
Más allá de casos puntuales en el sector agropecuario, la construcción y la actividad gastronómica y hotelera, es nulo el avance de este plan, que también era impulsado por sectores empresariales.
Aquí también, del dicho al hecho, hubo hasta ahora mucho trecho.
© iProfesional
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