La banalización del ajuste

 Por Gustavo González

De Guzmán a Massa y de Macri a Larreta, hoy existe un acuerdo general en que es necesario cerrar el déficit fiscal. Incluso la llegada del nuevo ministro de Economía complicó el rol opositor en ese sentido, porque el ajuste proclamado está más o menos en línea con el ajuste reclamado.

Puede fallar. En su reciente libro Tiempo perdido (Editorial Perfil), Marina Dal Poggetto y Daniel Kerner estudian la evolución de los últimos 60 años del déficit y el gasto del país. Solo en 14 de esos años hubo superávit.

Curiosamente, fue durante gobiernos peronistas y, la mayoría, durante la gestión de Néstor y la primera de Cristina Kirchner. Todas las administraciones militares, las radicales, la de Macri, parte de la de Menem y el segundo mandato de CFK, mantuvieron el déficit de las cuentas públicas.

Hace una década que el gasto público consolidado (nacional, provincial y municipal) gira entre 35% y 41% del PBI. Lo que coincidió con una inflación anual de dos dígitos. Esta relación es una de las consecuencias que habitualmente se señala: a más déficit más emisión, a más emisión más inflación.

Los especialistas afirman que, para ordenar las cuentas, el gasto debería rondar el 25%. Sin embargo, ese fue el porcentaje promedio durante 40 años (1961 a 2001) y en 35 de ellos igual hubo déficit. En esas cuatro décadas de gasto controlado, la inflación siempre fue de dos o tres dígitos anuales, salvo entre 1968 y 1970 y en la gestión Cavallo. De hecho, dos terceras partes de los países tienen déficits recurrentes, pero solo cinco terminaron 2021 con una inflación de más del 50%. Uno de ellos fue la Argentina.

Sería maravilloso que ciencias tan trascendentes para nuestras vidas como la Economía o la Medicina fueran exactas. Lamentablemente no lo son.

Los políticos suelen transmitir certezas en sus veredictos económicos (“¡Qué va a ser difícil bajar la inflación! En mi presidencia eso no va a ser un tema”, prometía Macri), pero los problemas económicos son más complejos de lo que nos gustaría.

Esta semana, los sindicatos y movimientos sociales marcharon contra la inflación. Pero esta vez, el eje del Mal no fue el gobierno de turno sino “los formadores de precios”. No se los identificó, pero se supone que serían los múltiples productores (en especial, de alimentos), los intermediarios y los comerciantes. Ellos serían los verdaderos culpables de este flagelo.

Se podría preguntar qué lleva a “los formadores de precios” a hacer algo tan dañino para todos, inclusive para ellos mismos. ¿Trabajarán coordinadamente, se reunirán en algún sitio?

Pablo Moyano le pidió al Presidente que “ponga lo que hay que poner” para enfrentarlos, y le garantizó “el apoyo del pueblo”.

Entre los “formadores de precios” también habría que incluir al Estado, regulador del “precio” de servicios e impuestos. Además de ser quien aporta el déficit estructural que se cubre con emisión monetaria.

Según Moyano, si se controlara a esos “formadores” y si promoviera un aumento general de salarios (que los empleadores no deberían trasladar a los precios) la inflación descendería.

Su asertividad verbal y gestual es similar a la de aquel Macri de la campaña 2015: cualquiera sabe cómo bajar la inflación, solo se necesita voluntad política.

Sí, pero no. La simplificación y la confusión no es solo suya. Esta semana, los mismos opositores que sostienen el vínculo gasto público-déficit-emisión-inflación, repudiaron el “feroz ajuste” de la suba de los servicios. Es cierto que la disminución de los subsidios será dura para los afectados. Pero, ¿cómo harían esos dirigentes para bajar el gasto sin bajar el gasto?

En su encuesta de agosto, la Universidad San Andrés pregunta sobre las principales causas de la inflación. El resultado es que la segunda causa es el gasto público y la cuarta, el déficit fiscal. Un sondeo del GOP y Trespuntozero, indica que para el 50% (60% entre la clase media), las causas de la inflación son el déficit y la emisión.

Pero, al mismo tiempo, otras encuestas muestran que la sociedad no acepta que, para terminar con esas causas, se incrementen las tarifas. Analogías preguntó: “¿Cuánto cree que deberían aumentar los servicios este año?”. El 60% respondió que nada, el 24% que hasta el 20%. Solo el 4,5% respondió que más del 50%. Resultados muy similares a los de un sondeo de Giacobbe.

Tanto una parte de la sociedad como sus políticos, coinciden en la necesidad de bajar el gasto y el déficit y, a la vez, en rechazar medidas que tiendan a eso.

Es contradictorio, pero es una contradicción entendible. La lógica económica indica (incluso más allá de la relación déficit-inflación) que un Estado con déficit crónico y ausencia de crédito, es un Estado débil para invertir en cuestiones esenciales como la salud, la seguridad y la educación. Y carece de los recursos necesarios para generar infraestructura y condiciones para nuevos desarrollos productivos.

El problema es que, detrás de cada punto de gasto que se ahorre, hay razonables pujas distributivas. Sectores que ganarán y otros que no. Personas para las cuales pasar a ser parte del “ahorro” estatal les significará perder su sustento, su pertenencia social y económica.

Lógica Excel. En la última década, mientras que los trabajadores privados siguen siendo 6,1 millones, en el Estado pasaron de 2,7 a 3,3 millones. Cuando se habla de reducir la burocracia estatal se está hablando de cientos de miles de empleados cuyos sueldos conforman el déficit público.

El sector previsional es otro foco de debate. Aquí y en el mundo, cada vez hay más jubilados (las personas viven más años después de jubilarse) y la cantidad de aportantes no alcanza para mantenerlos. Cuando se insta a equilibrar el sistema, lo que se está diciendo es que, o las personas se deberán jubilar con más años o cada vez ganarán menos. O las dos cosas juntas.

Así como los mismos que en las encuestas responden que se debe bajar el gasto, son quienes no están de acuerdo en que le bajen los subsidios, quienes sufran cualquier ajuste no lo aceptarán alegremente.

El viernes, la liga de gobernadores peronistas se reunió para darle su apoyo a Sergio Massa en el combate contra la inflación. Pero también le pidieron que no toque la inversión en la obra pública de sus provincias ni le quite el subsidio energético a la Patagonia.

Recuperar los superávits gemelos, como los que existieron por última vez durante la gestión Lavagna, parece un objetivo saludable para cualquiera que gobierne o pretenda gobernar.

Pero determinar cómo se recaudará más y cómo se gastará menos, es todo menos fácil.

Banalizar las graves consecuencias de un ajuste necesario o mirar a la realidad solo con la lógica de un Excel, puede conseguir lo contrario de lo que se busca.

La tarea es tan compleja que no será posible sin antes concretar un acuerdo político muy amplio que la argumente, la haga viable, la contenga y le dé respaldo social.

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