El “sindicato” justicialista, en estado de alerta y movilización

 Por Pablo Mendelevich

El lenguaje sindical utiliza expresiones que de tanto repetirse acostumbran al oído y se vuelven familiares. Es el caso del “estado de alerta y movilización”, un resorte que en los sindicatos suele estar tan a mano como el botiquín de primeros auxilios en un aserradero. La expresión tiene, tal vez, una resonancia animal. Significa ponerse en guardia frente a un ataque, prepararse para la defensa, amedrentar al agresor para que tema y se repliegue.

La amplitud de “estado de alerta y movilización” habilita una amplia variedad de opciones: planes de lucha, asambleas, actos, paros, tomas de fábricas, manifestaciones callejeras, bloqueos, eventuales choques con la policía. La palabra movilización avisa que la huelga, ese derecho legal a suspender pacíficamente las tareas laborales por un tiempo determinado con el fin de obtener mejores condiciones de trabajo o gremiales, se vuelve casi naif, políticamente correcto, no asusta a nadie. La imprecisa movilización sí.

Los sindicatos reaccionan si sienten afectados los derechos e intereses de sus representados, pero en países como la Argentina está aceptado que esa afectación no necesita ser de orden laboral ni directa, también puede estar originada en un enfoque de la política gubernamental que los sindicalistas consideren desfasado de sus preferencias ideológicas.

Dados los ajustes en las cuentas públicas y en las tarifas que está llevando adelante el ministro de Economía Sergio Massa en un contexto de alta inflación, no sorprendería a nadie que el movimiento obrero organizado dispusiera ahora el estado de alerta y movilización. Incluso que los dirigentes se enardecieran. Sin embargo, eso no está sucediendo. Quien lo acaba de disponer, en cambio, es el Partido Justicialista, habitualmente un órgano tan inactivo que tiene vacía su sede de la calle Matheu la mayor parte del año. No lo dispuso por el ajuste, del que no dijo ni una palabra, sino en solidaridad “con la compañera Cristina Fernández de Kirchner”. Según el PJ ella sufre “persecución por los poderes fácticos a través del Poder Judicial”.

En pocos lugares del mundo un partido oficialista cuya máxima autoridad es el propio presidente de la Nación dispone el “estado de alerta y movilización” frente a un poder del Estado (valga la repetición) al que se acusa de perseguir a la vicepresidenta. Tal vez no suceda en ninguna otra parte.

La sola idea de que existen “poderes fácticos” por encima de los poderes públicos habla de un severo disturbio del sistema que lleva a preguntarse cómo fue que quedó a cargo del país alguien que sostiene que los jueces y fiscales son holográficos. Pero el peronismo, esencialmente contestatario, tiene una larga historia de circulación zigzagueante por los bordes del sistema, con contradictorios ataques y loas al capitalismo (la propia Marcha Peronista insiste hoy en combatir “al capital”) y desprecios intermitentes a los poderes republicanos y a su independencia.

Parte de esas incongruencias es hija del antiperonismo furibundo, que no tuvo mejor idea que prohibir al peronismo durante diecisiete años corridos, dejarlo afuera del juego y perseguirlo, pese a ser los peronistas, en términos gruesos, más o menos la mitad de los argentinos. Precisamente de ese recuerdo de exclusiones reconvertido en victimización automática se vale ahora el PJ para alinearse con la líder de una parcialidad que está siendo juzgada por delitos de corrupción.

En ningún lado el documento del PJ dice que Cristina Kirchner es inocente. Anoche sí lo dijo en el PJ Alberto Fernández, quien no consigue memorizar el artículo 109° de la Constitución (”en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”), pero al igual que su jefe de Gabinete Juan Manzur, se apoyó en creencias. Ningún fundamento de la inocencia. Como si la acusación del fiscal hubiera expresado lo que el fiscal sentía. Ni el Presidente ni el PJ mencionan la honradez de la vicepresidenta ni hablan de una intachable forma de administrar las cuentas públicas. El documento lo que dice es que el peronismo “debió resistir la feroz persecución contra sus dirigentes en más de una oportunidad a lo largo de la historia”. Lo cual es cierto. Tan cierto como que no tiene nada que ver con la acusación penal de que Cristina Kirchner benefició al empresario (creado ad hoc) Lázaro Báez con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz, en un marco de sobreprecios, demoras y trabajos inconclusos, razón por la cual el fiscal pidió para ella doce años de prisión.

El PJ se limita a hacer suya la idea de que la vicepresidenta es una perseguida política. Recita la idea con experimentada emocionalidad y argumentos breves: “Esto no es un juicio a Cristina Fernández de Kirchner, esto es un juicio al peronismo”. El motivo de la persecución sería el carácter “nacional y popular” del gobierno kirchnerista, defensor de “la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra pública”. He aquí la máxima aproximación a la materia del proceso judicial: el PJ menciona la obra pública como valor sacro, desconociendo que es su direccionamiento (circunscripto a Santa Cruz, cuna del kirchnerismo) lo que motiva el juicio que lo aflige y que eso incluye las obras que se pagaron y no se terminaron o directamente no se hicieron.

“Hacemos propias las palabras de la compañera”. El argumento de que se está juzgando al peronismo le es atribuido a la creatividad de la encausada, pero en realidad ese copyright le pertenece a la cultura profunda del Movimiento, que a los efectos defensivos siempre funcionó como un sindicato. Si en 1986 el peronismo, a través de Vicente Leónides Saadi, cuestionaba al presidente Alfonsín por extraditar de los Estados Unidos a José López Rega, cuya inocencia se enaltecía, ¿por qué debería sorprender la activación del mismo blindaje cuando se trata de delitos mucho menos graves que los del creador de la Triple A?

Un vicepresidente kirchnerista anterior que echó mano al argumento de que en realidad se está juzgando al peronismo debido a su arrojo “nacional y popular” (en su caso porque se le atribuía la iniciativa de liquidar las AFJP) fue Amado Boudou, pero por algún motivo el PJ no lo menciona como antecedente de la injusta persecución de ahora.

Ingresar al sitio del PJ Nacional ayuda a entender cómo funciona todo. Hay una foto color a pantalla completa con las autoridades del partido sonrientes, una treintena. En el centro de la foto está Cristina Kirchner, quien no ocupa ningún cargo partidario. En segunda fila, a un costado, se lo puede encontrar a Alberto Fernández, presidente del PJ. Cualquiera pensaría que el sitio atrasa y por eso todavía no subieron nada sobre las persecuciones judiciales, pero hay un banner que habla del futuro: “Con más de 70 años de historia, el peronismo intentará obtener un triunfo en las próximas elecciones presidenciales procurando contribuir con su unidad a la unidad de todas y todos los argentinos”. Claro, es un texto que nunca pierde vigencia.

No es de todos modos el rigor de los datos el fuerte del sitio, visto que han resuelto suprimir de la historia definitivamente la presidencia de Isabel Perón (1974-1976). Según el PJ, después de que murió Perón en 1974 vinieron otros presidentes peronistas: Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El Fernández actual tampoco figura.

El informe final de ingresos y egresos de la campaña para las elecciones generales de presidente y vicepresidente de 2019 aparece en la entrada “Estados contables”, pero no vale la pena abrirlo. Todos los ítems dicen $0,00.

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