Por Fernando Laborda
Como si pretendiera quedar bien con Dios y con el diablo, Sergio Massa ha dado muestras de querer llevar tranquilidad a los mercados sin dejar de transmitir mensajes a la política, o más precisamente a Cristina Kirchner. Si desde que se confirmó su aterrizaje en el Ministerio de Economía se produjo una baja de los dólares blue y financieros desde los terroríficos niveles cercanos a los 350 pesos y el riesgo país descendió levemente, en ámbitos económicos se atribuye ese tenue efecto positivo no tanto a los anuncios sobre lo que hará Massa como a lo que, en principio, no estaría dispuesto a hacer.
Fundamentalmente, los operadores económicos rescatan que, al menos, el nuevo ministro no propiciará romper con el FMI y eso es mejor que nada. Pero prácticamente nadie piensa que alcance con eso para revertir el grave cuadro económico y financiero de la Argentina. Consideran necesario que el ministro de Economía ofrezca más señales favorables, pero aún el plan integral no aparece y la designación del viceministro de la cartera se sigue haciendo esperar.
Para colmo, los ambiguos mensajes que transmite todo el Gobierno ponen en duda si Massa cuenta con apoyo genuino en la coalición oficialista para avanzar con algunos de sus primeros anuncios, tales como mantener la meta de déficit fiscal primario en el 2,5% del PBI, buscar un nuevo acuerdo con el sector rural para que liquide rápidamente la soja que conserva en silobolsas y discontinuar los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro de la Nación.
Tal vez porque, en sus últimos mensajes ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández se empeñó en asegurar que “se acabaron los tarifazos” en la Argentina, es que hoy todos los funcionarios, incluida la flamante secretaria de Energía, Flavia Royón, se preocupen por no hablar de aumentos de tarifas, expresión que han reemplazado por “redistribucion de subsidios”.
Es tan solo un indicador más del doble discurso que sigue caracterizando a un gobierno que era bicéfalo y hoy es tricéfalo.
Pareciera que incluso desde la llegada de Massa al Palacio de Hacienda, se ha afianzado un particular estilo de comunicación en el que conviven un discurso de cabotaje, de tono populista y probablemente pensado para satisfacer a Cristina Kirchner, y otro discurso, mucho menos elocuente y más favorable a los mercados, destinado a los potenciales inversores, si es que queda alguno.
Malena Galmarini, la esposa de Massa y presidenta de Aysa, se atrevió a mostrar fotos de suntuosos edificios y casas, junto con los datos de la magra facturación del consumo de agua en esas residencias. Buscaba ilustrar lo poco que pagan por ese servicio, al tiempo que insistía en que la reestructuración tarifaria es “para que quienes más tienen y más pueden acompañen a quienes menos tienen y menos pueden”. Como si la culpa del congelamiento de tarifas que durante demasiado tiempo sostuvieron los distintos gobiernos kirchneristas –incluido el actual de Alberto Fernández– fuese de los ricos.
Queriéndolo o no, la titular de Aysa hizo un culto a uno de los deportes que más practica el kirchnerismo, que consiste en sembrar discordia entre los distintos sectores de la sociedad, fogoneando la grieta.
Si tan segura estaba de que los ricos se estaban quedando con una porción tan importante de los subsidios del Estado y que no necesitaban, cabría preguntarse por qué el actual gobierno esperó casi tres años para poner en marcha los cambios en la política de tarifas.
Llamó también la atención que, desde fuentes oficiales, se le haya brindado a un medio periodístico un listado antojadizo de presuntos “ricos y famosos” que estarían beneficiados con los subsidios energéticos. Como si de ellos dependiera la responsabilidad de fijar las absurdas tarifas que el Gobierno decidió convalidar durante años, ocasionando un monumental incremento del déficit fiscal, causa última de la inflación que azota los bolsillos de los que menos tienen. Curiosamente, en ese listado de “ricos y famosos” no figuraba la actual vicepresidenta ni funcionarios que viven en lujosos departamentos de los barrios más acomodados de la ciudad de Buenos Aires, y que se han venido beneficiando durante años con los “subsidios del Estado”.
Quienes durante la gestión presidencial de Mauricio Macri hablaban del “maldito tarifazo” ahora cuestionan que tantos hogares paguen tan poco por la energía. La hipocresía está a flor de piel.
Mientras se busca cuantificar el ahorro final para el Estado derivado de la reducción de los subsidios energéticos que se aplicará en adelante, la inquietud mayor, junto a la inflación de julio (7,4%) que fue récord desde abril de 2002, pasa por el magro nivel de las reservas del Banco Central, a tal punto que para economistas, como Miguel Kiguel, quedarían apenas reservas para una semana de importaciones.
De acuerdo con estimaciones privadas hechas en base a datos del Banco Central y del FMI, al 17 de agosto, las reservas brutas ascendían a unos 36.900 millones de dólares. Pero si se restan encajes de depósitos en dólares por 11.600 millones, swaps (incluido el de China) por 20.900 millones, derechos especiales de giro (DEGs) por 100 millones y préstamos del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) por 3000 millones, quedarían reservas netas por unos 1200 millones de dólares. Claro que, descontando reservas en oro por 3500 millones, las reservas netas líquidas serían negativas en alrededor de 2300 millones de dólares.
Frente a esta situación, claramente, el Gobierno deberá actuar con rapidez y Massa deberá demostrar que llegó al Ministerio de Economía para brindar soluciones y no para ser visto como una parte más del problema.
© La Nación
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