Judiciales - El fiscal federal Diego Luciani pidió este lunes que la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.
Los pedidos de penas alcanzaron también para Mauricio Collareda (seis años de prisión), Juan Carlos Villafañe (seis años de prisión), Raúl Osvaldo Daruich (cinco años), Raúl Pavesi (cinco años), Claudio Abel Fatala (cuatro años), José Raúl Santibañez (cuatro años), Héctor René Garro (tres años de prisión en suspenso), todos con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A Carlos Santiago Kirchner le pidió dos años de prisión en suspenso e inhabilitación por cuatro años.
Luciani solicitó, además, el decomiso de $ 5321 millones, monto en el que -según estimó su par, Sergio Mola, al exponer en el juicio- se defraudó al Estado. Al tipo de cambio actual esta suma asciende a los u$s 926 millones.
El fiscal acusó a la vicepresidenta, que no estuvo presente en esta etapa del juicio, de ser la jefa de una asociación ilícita montada sobre el Estado, que tuvo por objetivo beneficiar al empresario Lázaro Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.
El monto del fraude
El fiscal Sergio Mola advirtió, durante una de sus intervenciones en la audiencia, que el fraude contra el estado en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez fue de $ 5321 millones, que equivalen a u$s 926 millones.
Así lo expuso en un tramo de la novena y última audiencia de alegatos de la Fiscalía en la que hicieron el pedido de condena para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, y el resto de los 12 acusados.
Mola inició el alegato con el análisis de la situación de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación y de Vialidad de la provincia de Santa Cruz respecto del delito de administración fraudulenta. Relató como a criterio de la Fiscalía los ex funcionarios incumplieron sus funciones en los controles al empresario Báez.
"A esta altura no es creíble que Abel Fatala no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada", dijo Mola sobre quien era funcionario de Planificación.
El cierre de Luciani
“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde -dijo el fiscal Luciani-. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.
"El estado es la víctima de estos delitos. La ciudadanía entera fue la víctima de los abusos del poder. La sociedad indefensa mira hoy a los fiscales y jueces como la última esperanza frente a estos atropellos. El fiscal es garante del estado de derecho", dijo.
"Cristina Fernández ostentaba la máxima jerarquía y usó sus competencias y poder para alcanzar el lucro final de esta maniobra", aseguró el fiscal, quien acusó a la vicepresidenta de "priorizar el interés personal sobre el interés público" y "defraudar a la sociedad".
"Cristina Fernández de Kirchner desafió a este tribunal cuando dijo que la absolverá la historia. Pero en un sistema republicano, es el Poder Judicial quien absuelve después de un proceso penal respetuoso de todos los derechos y todas las garantías", afirmó ante el tribunal.
"Nadie debería poner en duda que la separación de los poderes públicos son el eje de un estado de derecho saludable", dijo. Y agregó: "Los dirigentes políticos argentinos pusieron la corrupción bajo la alfombra. Es obligación de la justicia velar por los intereses de la ciudadanía".
"Se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio contra las arcas del Estado", dijo al final de la presentación de los alegatos.
Además, el fiscal respondió al presidente Alberto Fernández a quien acusó de "encabezar una injerencia indebida en el Poder Judicial". "Las decisiones en materia de contratación pública no es revisable en los tribunales", le remarcó.
"No hace falta que diga acá que uno de los motivos por los que renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz", el fiscal, quien agregó que "para defender puerilmente a su compañera de fórmula evitó hablar de los graves hechos aquí ventilados".
El fiscal dijo no pudo encontrar "un sólo atenuante" de la pena solicitada para Cristina Kirchner, a quien consideró "jefa" de la asociación ilícita por las obras cedidas al empresario Lázaro Báez durante su Gobierno.
"Una cosa es la decisión política de qué fondos y cuánto invertir y otra cosa es que se descascaren los fondos del Estado para beneficiar a un empresario", afirmó.
En el listado de agravantes de la pena por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública, señaló la "magnitud" de los delitos investigados, "su poder de dirección", la "extensión del daño", y el "lucro personal" que persiguió la vicepresidenta e hizo hincapié en el "cargo" que ocupaban ella y su marido, Néstor Kirchner.
Otro punto fuerte es "el desprecio a la ciudadanía" y "la falta de arrepentimiento" por parte de ella. Sobre el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sobre el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López tampoco halló "atenuantes" de la pena y en el caso del exministro tuvo en cuenta las condenas anteriores.
Los pedidos de penas
Aquí el resumen de los pedidos de penas:
Cristina Kirchner, ex presidenta. 12 años.
Lázaro Báez, empresario. 12 años.
Julio De Vido, ex ministro de Planificación. 10 años
José López, ex secretario de Obras Públicas. 10 años.
Nelson Periotti, ex titular Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 10 años.
Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 6 años.
Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la AGVP. 6 años.
Raúl Daruich, responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 5 años.
Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP. 5 años.
Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas. 4 años de prisión.
José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP 13. 4 años.
Héctor Garro, ex presidente de la AGVP. 3 años de prisión en suspenso.
Carlos Santiago Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner. Absolución por asociación ilícita y 2 años por administración fraudulenta.
El mensaje de Alberto Fernández
Apenas unos instantes después de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión para Cristina Kirchner y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos, Alberto Fernández se expresó vía Twitter y consideró que la vicepresidenta es víctima de “una persecución judicial y mediática” y que “ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidente ha sido probado”.
“Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Kirchner”, publicó el en su cuenta oficial, acompañando esa leyenda introductoria con un comunicado oficial de Presidencia.
“El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, comenzó el escrito del Gobierno.
“Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”, continuó el comunicado, en el que luego se afirmó que “ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado”.
Informe: EC, LN, Perfil.com, Infobae, agencias y Agensur.info
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