Isabel, Cristina y los fueros del pueblo

 Por Pablo Mendelevich

En febrero de 2007, sobre el final del gobierno de Néstor Kirchner, aparecieron en las paredes del centro porteño unos afiches que con tipografía gigante advertían: “No jodan con Perón”. Los firmaban el Sindicato La Fraternidad, de los maquinistas y conductores de trenes, la CGT y las 62 Organizaciones.

Para entender los afiches había que conocer el contexto. El 12 de enero, a las 20.15, la policía se había llevado detenida en Madrid a la expresidenta Isabel Perón, entonces de 75 años, por su presunta responsabilidad en los secuestros y desapariciones de Héctor Fagetti Gallego y del adolescente Jorge Valentín Verón, perpetrados por la Triple A. 

La detención la dispuso un juez español a pedido de un juez mendocino. Una hora y media después la viuda de Perón quedó en libertad provisional. Hubo dos pedidos de extradición, pero en 2008 la Audiencia Nacional española los rechazó porque no dio por probada la responsabilidad de la acusada en los delitos, a los que además no aceptó considerar de lesa humanidad en virtud de las leyes de España.

Las actuaciones quedaron archivadas. En febrero de este año el sindicalista de los empleados judiciales Julio Piumato, secretario de derechos humanos de la CGT, se presentó en Tribunales para pedir que la causa contra Isabel Perón por la Triple A sea cerrada y que se ponga fin “a la persecución judicial que la mantiene en el exilio”. Para reforzar su argumentación, Piumato explicó que Isabel Perón “fue la primera presidenta mujer, no solo de la Argentina sino del mundo”. Aunque está probado que la Triple A operaba desde el Ministerio de Bienestar Social a cargo de José López Rega, el sindicalista dijo: “Fue siempre una dependencia de las Fuerzas Armadas, que la usaron como brazo operativo”.

El martes pasado, en el Gran Buenos Aires, volvieron a aparecer carteles estilo advertencia de patovica, esta vez como pintadas. “No jodan con Cristina”, dicen. Ahora el contexto es el avance del juicio oral en la causa Vialidad, luego de que la Corte Suprema despejó el camino hacia una eventual condena al desestimar sucesivos planteos de la defensa de Cristina Kirchner, a los cuales el máximo tribunal incluso consideró de muy baja calidad. La vicepresidenta, como se sabe, desató en los últimos días una feroz campaña contra la Corte y mandó a sus seguidores a desparramar que quieren proscribirla. “No jodan con Cristina” sería una síntesis de su guerra preventiva.

Al igual que el verticalismo adulador de hace medio siglo al que Piumato le rindió homenaje, los militantes cristinistas tienen experiencia en ventear la superioridad de la líder. Sus gargantas se enrojecían en los patios de la Casa Rosada con el hit “si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar”. Pero en la serie “no jodan…” se marca un límite y hay un destinatario. Los advertidos son los jueces y fiscales, quienes podrán meterse con quien quieran, de allí aquello de la igualdad ante la ley, menos con esta persona extraordinaria, única, diferente, celestial, a quien el pueblo venera y blinda.

¿Cuánto pesa lo político y cuánto lo delictivo cuando se persigue a una expresidenta? Hasta la palabra, de resonancias autoritarias, puede confundir porque en el Estado de Derecho hay una persecución legítima, por ley, que es ni más ni menos la persecución penal. Cristina Kirchner describe a los jueces y fiscales que la juzgan como venales sirvientes de los enemigos de ella. Se erige en perseguida política mientras su abogado Carlos Beraldi dice que es insostenible que actos del Poder Ejecutivo puedan ser instrumentos para la comisión de un delito. Replica el argumento, usado con éxito en otras causas, de que las decisiones políticas de quien gobierna no son judiciables, pese a que lo que se está juzgando en el proceso que tiene inquieto al kirchnerismo no es la obra pública, sino su direccionamiento para enriquecerse.

Si se le aplicara el manto exculpatorio de Beraldi a Isabel Perón se podría llegar al absurdo de afirmar que la creación y las acciones de la Triple A en su gobierno (o en el de Perón, eso no está muy claro) fueron decisiones políticas, es decir, decisiones no judiciables. Para zafar de la extradición sus defensores prefirieron otros atajos: Isabel Perón es española, tenía salud débil, de la Triple A no sabía ni que existía.

Desde luego que las dos expresidentas argentinas, ambas viudas de expresidentes, no son comparables, tampoco sus gobiernos, sus capacidades políticas, sus intelectos ni sus épocas. Afortunadamente la terrible violencia sanguinaria de los setenta quedó superada. Por lo demás, Cristina Kirchner lleva dos décadas soslayando a su antecesora, primero porque el peronismo borró esa etapa de la historia y segundo para potenciar su propia centralidad (varias veces Cristina Kirchner aseguró que ella fue la primera presidenta mujer de la historia argentina). Pero al adoptar sus seguidores la advertencia “no jodan con Cristina” hicieron un link con la beneficiaria de la frase original.

Perón murió en 1974, no podía ser imputado en 2007. Lo de “no jodan con Perón” se refería a la sacralidad del apellido (poner “no jodan con Isabel Perón” habría tenido baja eficacia, debieron pensar). En cualquier caso, lo que importa es el concepto: hay ciertas personas impermeables a la acción de la Justicia. Teflón popular. Como dijo Cristina Kirchner en 2016 al hacer un acto a la salida de Comodoro Py: “Yo no necesito fueros, tengo los fueros del pueblo”. A lo mejor se acerca la ocasión de probarlos.

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