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| Por Gustavo González |
La incertidumbre que producen las internas en el Gobierno también derrama incertidumbre sobre el sindicalismo.
La CGT nunca fue kirchnerista, siente que ni Néstor ni Cristina Kirchner se preocuparon históricamente por estrechar esa relación. Y desde que Alberto Fernández llegó al poder, quiso imaginar que detrás de él se reconstruiría un peronismo que volvería a considerarla su columna vertebral. Hoy esa suposición está en crisis.
A un año de la campaña electoral, la irresolución del liderazgo en el oficialismo hace dudar a los líderes sindicales sobre cómo debe seguir su relación con el Gobierno, sumando las internas al duelo entre inflación y poder adquisitivo.
Duros y blandos. Los fuertes debates dentro del sindicalismo aún no se hicieron públicos, pero lo serán después de que los principales líderes regresen de la OIT y vuelvan a analizar la posibilidad de un paro general.
Antes de viajar a Ginebra, hubo un asado de la mesa chica sindical del que participaron Martínez (Uocra), Daer (Sanidad), Paco Manrique (Smata), Pablo Moyano (Camioneros), Rodríguez (UPCN) y el debutante, recién elegido titular de la UOM, Abel Furlán.
Las disputas entre el Presidente y su vice cruzaron toda la comida. Y no es que ahora el nombre de Cristina les caiga mejor. La duda es si deben mantener el apoyo que hasta ahora le dieron a él o si les convendría acercarse más a ella.
Si fuera por simpatías, la mayoría desearía que el empoderamiento presidencial termine por alinear a todo el peronismo y, sobre todo, que Guzmán dome la inflación y acelere la recuperación económica. Pero temen que, si eso no sucede, la CGT quede “pegada” al Gobierno.
Por eso, el segundo tema del asado fue el paro. La sorpresa fue que, aun los más albertistas, se mostraron dispuestos a considerar la posibilidad. Ya sea porque “las bases lo reclaman” o “para que después no digan que solo les hacemos paro a los gobiernos no peronistas”.
Pero la combatividad gremial duró poco. Dos días más tarde, Gerardo Martínez convocaba a un acto de apoyo al Presidente en Esteban Echeverría. Después, el viaje a la cumbre de la OIT terminó de poner entre paréntesis el debate sobre el paro hasta la finalización del evento, el 11 de junio.
“Alberto tiene a su favor que la mayoría de nosotros es anticristinista, pero si él no termina de imponerse como líder del peronismo y si no puede controlar la inflación, va a ganar la posición de los más duros”, explican cerca de esa mesa chica.
La hipótesis que hoy barajan para alinear a los duros como el ferroviario Maturano y el bancario Palazzo con los blandos como Daer y Martínez (también los Moyano están más cerca de este sector) es un paro con movilización en contra de “los formadores de precios”.
Crisis. Pero en los últimos días, cualquier división quedó opacada por la mención de Rodríguez Larreta a modificar el sistema laboral: “Hay que replantearlo, cambiar la legislación. Así como estamos no se genera trabajo estable y privado”.
Larreta evitó unir en una misma oración las palabras “reforma” y “laboral”, pero todos entendieron a qué se refería. Fue hace diez días, y desde entonces hay estado de alerta en el sindicalismo.
La reforma laboral es un tema tabú que, hasta ahora, ni la oposición ni el oficialismo se animaron a tocar en público, aunque sea un debate recurrente en encuentros reservados. Es que, de la década del 70 para acá, la cantidad de empleos formales es prácticamente la misma. Hay poco más de 6 millones de empleados privados, 34 mil menos que hace diez años, con un crecimiento poblacional del 10%.
Los sindicalistas entienden bien el problema, porque en las últimas décadas esta reducción del empleo en relación de dependencia hizo bajar a la mitad la cantidad de sus afiliados. Los únicos gremios beneficiados son los estatales.
Pese a que hay sindicatos que trabajan reservadamente en modificaciones de sus viejos convenios, ninguno quiere que se haga público. El temor es que, bajo la consigna de mejorar el empleo, el objetivo empresarial sea precarizarlo aún más.
Planes. Detrás de las palabras de Larreta aparece un equipo coordinado por el ex ministro Hernán Lacunza, a cargo de la economista Milagros Gismondi. Enfocan en la alta litigiosidad laboral (casi 300 mil juicios sin sentencia, 32% más que hace diez años). Plantean bajar las multas y transformarlas en sanciones a los empleadores, pero cuyo destinatario sea el sistema de seguridad social. Para que la indemnización, dicen, sea previsible y equivalente a un sueldo por año de trabajo. Sin doble indemnización ni prohibición de despidos “que frenan la generación de empleo”.
También estudian medidas para promover nuevas contrataciones, como la reducción de aportes y la ampliación del período de prueba.
Lacunza acepta el ruido que genera unir en una frase las palabras “reforma” y “laboral”: “Sí, provoca alergia. Ahora, si el problema es la palabra cambiemos la semántica, pero si no hacemos algo distinto no esperemos resultados distintos, no mejoraremos más el empleo.”
Hay otro sector macrista analizando el mismo tema. Lo orienta Patricia Bullrich y lo comanda el ex ministro Dante Sica. Se inspiran, señalan, en la reforma laboral española de 2012 (administración Rajoy).
Sensibles a la palabra “reforma”, hablan de “modernización” y preparan una ley de emergencia del empleo, que incluiría reformas impositivas y bajas de costos laborales.
Coinciden con el grupo de Larreta en bajar la incertidumbre del sistema de contrataciones y estudian un “shock de productividad” con la mira puesta en el rubro servicios y en el empleo joven. “Garantizando –aseguran– los derechos del trabajador”. Dicen que así se crearían 600 mil puestos por año para absorber a personas que hoy están desocupadas o en negro.
Ideas. Ya hay reuniones entre estos equipos y sindicalistas. Con promesas de que se garantizarán los “derechos adquiridos” y de que los cambios harán eje en las nuevas contrataciones.
A la hora de la creatividad, aparecen ideas tanto del lado empresarial como del sindical.
Una es la del textil Teddy Karagozian y su “Mochila argentina”, un seguro de garantía que pagarían las empresas para garantizar las indemnizaciones de los empleados y dar previsibilidad a los empleadores.
Otra es la del líder de los encargados de edificios, Víctor Santa María, que propone eliminar el monotributo y reemplazarlo por un salario universal atado a las retenciones del campo: “Por cada nuevo empleo que se cree, el empleador pagará una parte y el trabajador recibirá del Estado otra como salario universal”.
Unos y otros parecen ser conscientes del problema del empleo. Una parte del mismo se relaciona con la crisis económica de la última década. Pero hay otra parte del problema que solo se explica por la incapacidad del Estado, de los empresarios y los sindicalistas de generar las condiciones necesarias para producir más trabajo.
La mutua desconfianza es una de las consecuencias de la grieta.
La confianza, en cambio, también puede ser una respuesta desde el pragmatismo. Porque hallar puntos de acuerdo con el otro beneficiaría a todos.
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