Por Daniel Santa Cruz
“Con esa excusa de abandonar la tercerización, lo que Cristina quiere en realidad es que los planes los maneje La Cámpora, esa es su verdadera intención”, así se manifestó en las últimas horas Luis D’Elía, quien también acusó a Cristina Kirchner de “suicidarse políticamente”. Pero no fue el único, también salieron a cruzar a la Jefa los referentes del Movimiento Evita -quizás el más apuntado por la vicepresidenta- Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico, quienes la catalogaron de “desinformada” por desconocer la realidad y como manera de enfilarse detrás de un cada día más debilitado presidente Alberto Fernández, que sí reivindicó la tarea de las organizaciones sociales.
La necesidad es mutua: para esos dirigentes sociales, lo importante es sostener su influencia dentro del Gobierno, y para el Presidente, porque es casi el único apoyo con aroma a voto con el que puede contar.
Nunca antes se había visto una reacción así contra una posición o un pronunciamiento público de la jefa política de todos ellos. Claro, nunca antes Cristina había embestido contra una de las cajas que le otorga poder a quienes se erigieron como representantes de la pobreza. Basta recordar el discurso de Cristina Kirchner en octubre de 2010, cuando lanzaba el Plan Argentina Trabaja, lleno de agradecimientos a los cooperativistas y organizaciones sociales por el rol que cumplían donde el estado no supo o no pudo llegar. Pero esta vez los criticó, y lo hizo de mala manera, como cuando los acusó de apretar a los más necesitados: “el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. Sobre todo, a las mujeres, que son las más explotadas. Que revuelven y que son las que más las basurean en prácticas misóginas y machistas, ¡si Evita los viera!”, apuntando a todos, pero en especial al Movimiento Evita, rival territorial de La Cámpora, en el conurbano bonaerense.
Suena raro escuchar a Cristina hablar así de los movimientos sociales, sobre todo porque fue ella misma quien edificó el poder de cada uno de ellos a base de planes y más planes que volvían en forma de voto cautivo, construyendo así una de las tragedias sociales más crueles creadas por el poder político argentino: el clientelismo.
Un país con más de la mitad de sus niños pobres y con casi un 45% de pobreza no podría no estallar sin la existencia de tamaña asistencia social que oficia de red de contención de esa vulnerabilidad enquistada en gran parte de la sociedad desde hace décadas. Hoy existen 141 programas sociales por los que el estado invierte 800 millones de pesos diarios, que alcanzan la suma anual de 288 mil millones de pesos. Hay planes de seguridad alimentaria, de protección social, de becas escolares, entre otros, y el disputado Potenciar Trabajo, que llega a 1,3 millones de personas, que fue al que apuntó Cristina en su discurso. Dicho sea de paso, ese plan no potenció ningún trabajo; según algunas mediciones, menos de 20 mil personas de ese universo lograron incorporarse al mercado de trabajo.
Ese plan es administrado por las organizaciones sociales, pero no todas reciben el mismo nivel de auditoría. Así lo señaló Silvia Saravia, referente del Movimiento Barrios de Pie, que no se definen como kirchneristas, y que suelen ser auditados periódicamente. “No hacen lo mismo con las organizaciones enroladas en el oficialismo”, dijo Saravia esta semana, y agregó que desde esas organizaciones apuntadas por la vicepresidenta “siempre combatimos las prácticas clientelares que el PJ organizaba”. Mientras tanto, en paralelo, el sector privado, que debería generar empleo genuino, no lo hace, porque recibe todas las trabas posibles de parte de un gobierno más metido en la pelea interna que en la gestión.
Cristina sabe que muchos integrantes de estas organizaciones ya no le responden ni le guardan fidelidad, por eso todo indica que la jefa quiere correr a los movimientos sociales del manejo de estos planes porque necesita fortalecer a los intendentes y punteros peronistas, pero sobre todo a La Cámpora. Es que el plan de resguardarse en la provincia de Buenos Aires, con su candidatura como senadora, quizás hasta desdoblando la elección bonaerense por primera vez desde el retorno de la democracia para zafar de una eventual catástrofe electoral en 2023, está tomando forma activa.
Todo el debate que esta semana se desató alrededor de los “planes sociales tercerizados” y la falta de control del estado que Cristina Kirchner puso en la agenda pública tiene un solo motivo: disputarse esa caja millonaria, la que cautiva votos, la que es apenas un paliativo para que los beneficiarios puedan sobrellevar la pobreza de mejor manera, pero que jamás transformarían su ecuación final. La seducción de poder contar con esos votos hace necesaria cierta crueldad que lleva a los poderosos, sean funcionarios públicos, punteros o referentes sociales, a perder de vista el modo con el que avasallan los derechos, hasta hacerles perder la dignidad, a quienes dicen ayudar.
De todos modos, tiene mucha razón Cristina Kirchner al señalar la ausencia directa del estado en ese trabajo, permitiendo ciertas metodologías deshonestas en las prácticas de políticas públicas que apuntan a la ayuda social. Claro, solo que al decirlo le faltó tener frente a ella un espejo, uno que le devolviera gran parte de esa responsabilidad que hoy concibe en otros.
© La Nación
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