Judiciales - La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por irregularidades en la redeterminación de precios de las obras públicas de Vialidad Nacional durante su gobierno y ahora el juicio ingresó en la etapa final.
En distintas resoluciones, el máximo tribunal rechazó planteos contra el supuesto "doble juzgamiento", ya que 49 de las 51 obras que están bajo análisis del tribunal oral ya habían sido desestimadas por la Justicia Federal de Santa Cruz.
Además, descartó la violación al principio "ne bis in ídem" (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito) por "deficiencias de fundamentación".
La Corte avaló también al tribunal oral que juzga a la vicepresidenta porque en las causas que tramitaron ante la Justicia de Santa Cruz hubo "falta de delimitación precisa del objeto de investigación, la casi nula actividad probatoria desplegada y la falta de impulso fiscal". En ese contexto, estableció que no existía "identidad de objeto entre las distintas investigaciones", porque, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner "no fue parte en los procesos tramitados" en Santa Cruz.
"La Corte siempre exigió el requisito de identidad de personas para que opere la excepción de la cosa juzgada", de modo tal que en lo sucesivo podría bastar para reabrir una causa incluir en el supuesto delito a otro funcionario público para torcer el principio de "identidad de objeto".
El máximo tribunal descartó también un planteo para que se auditaran todas las obras públicas adjudicadas durante el gobierno 2003 - 2015 en todo el país y no sólo las de la provincia de Santa Cruz.
"La decisión de no proveer cierta prueba no ponía fin a la causa ni impedía su prosecución hasta el fallo final, que podría ser favorable a la imputada y por ello disipar el agravio, sin contar con que solo en esa instancia podía demostrarse acabadamente por qué las pruebas omitidas podrían haber sido relevantes", respondió la Corte.
Por unanimidad, los jueces determinaron que "no se configuraba un supuesto de gravedad institucional porque no lograba advertirse cómo la negativa a producir algunas de las pruebas solicitadas por la defensa podría llegar a conmover la buena marcha de las instituciones".
"Resoluciones como la cuestionada no pueden motivar la intervención de esta Corte pues ello implicaría conceder al Tribunal una misión que no le cabe en el régimen republicano", subrayaron.
La Corte tampoco admitió las objeciones respecto de la falta de un peritaje completo y exhaustivo sobre la propia obra pública de Santa Cruz que, según la acusación, estuvo amañada a favor de las empresas de Lázaro Báez, amigo personal del expresidente Néstor Kirchner.
Finalmente, tampoco hizo lugar a un planteo sobre la intervención de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos como integrantes de la Cámara de Casación en la revisión del expediente.
El próximo 11 de julio comenzará la discusión final con el alegato de la fiscalía, que dispondrá de nueve jornadas como máximo para exponer. Se descuenta que Diego Luciani y Sergio Mola pedirán condenas para todos o la mayoría de los trece imputados.
Sin embargo, días atrás, en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, los peritos contables que analizaron las obras investigadas le dieron un duro golpe al corazón de la acusación.
Bajo juramento, declararon los peritos contadores encabezados por el perito oficial de la Corte Suprema, Daniel Antonio Fontana y seguidos por las peritas de la fiscalía, Valeria María Fritella y María Sol Gavela y los de parte Jorge Alberto Bueri, ofrecido por el imputado Raúl Pavesi y José Lucas Gaincerain, por la defensa de Cristina Kirchner.
Informe: Agencias
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