La triste foto del “ciudadano común”

Por Guadalupe Vázquez

Ayer fue un lunes negro. Ayer, el fiscal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli consagraron, mediante la aceptación de la reparación económica, la impunidad y los privilegios del presidente Alberto Fernández y de la Primera Dama, Fabiola Yáñez. 

A partir de ahora, el presidente tendrá diez días para pagar los tres millones de pesos que consideró suficientes para reparar el daño moral que él y su pareja le ocasionaron a los más de 47 millones de argentinos que sufrieron una de las cuarentenas más estrictas y extensas del mundo.

$0,03 por cada argentino que no pudo despedir a un familiar ni siquiera en su lecho de muerte.

$0,03 por cada argentino que se deprimió.

$0,03 por cada argentino que se empobreció.

$0,03 por cada argentino que se embruteció.

$0,03 por cada argentino que fue burlado en su buena fe, mientras quienes venían a “poner a la Argentina de pie” nos pusieron de rodillas con decretos inconstitucionales que fueron los primeros en violar.

El fiscal, al igual que el juez, sostuvieron que el presidente “no tiene menos derechos” que un ciudadano común, y, por lo tanto, podía acceder al beneficio de la reparación económica como forma de evitar el juicio (art. 59 del Código Penal), algo que les es negado expresamente a los “funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, hubiesen participado del delito” (art. 76 bis del mismo Código).

Dicho de otra manera: tanto para el fiscal como para el juez, el presidente Alberto Fernández no estaba ejerciendo la presidencia cuando violó la cuarentena, en tanto no lo hizo en el ejercicio de sus funciones sino de su vida personal.

O sea, como un “ciudadano común”.

Y, si bien es cierto que el presidente no tiene menos derechos, tampoco tiene más.

Lo que curiosamente no se preguntaron ni Domínguez ni Mirabelli es si un “ciudadano común” tiene el privilegio, como lo tuvo Alberto Fernández, de hacer una fiesta de cumpleaños en la Quinta Presidencial, con recursos públicos, y con personal doméstico pagado con fondos del Presupuesto Nacional.

Tampoco se preguntaron si aquel “ciudadano común” no había puesto en peligro a esa niña que aparece en la foto formando parte del festejo clandestino. A ella, el “ciudadano común” le impidió ir al colegio durante casi un año para “cuidar su salud”, pero no a una fiesta sin protocolos ni distancia social ni barbijos, sólo para homenajear a su “querida Fabiola, mientras la agencia Télam -también con fondos públicos- mentía un “zoompleaños”.

Y ni hablar de cuando el “ciudadano común” envió al entonces jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a engañar a la prensa, negando las acusaciones y alegando el tan remanido “fake news”…

Es que quizás los letrados creyeron que cuando el propio Fernández afirmó en una entrevista frente a millones de argentinos que “en Olivos no había tales reuniones”, lo hizo como un hombre de a pie y no como el presidente del país.

De un país burlado en su confianza. De un país con una Justicia que lo revictimiza al dejar ese abuso impune. Lo que sí es seguro es que esa imagen que develé aquél mediodía de agosto de 2021 en LN+, será recordada por siempre como el quiebre del pacto de confianza de una Nación entera con su líder, en uno de los momentos en que más necesitábamos que ese pacto fuera inquebrantable. Y para eso, señor presidente, no hay reparación económica que alcance.

© La Nación