Convento de San Bernardo
Por Francisco Olivera
“#HermanaSíTeCreo”, es el hashtag con que la fundación Género y Masculinidades convocó en Salta al abrazo al convento San Bernardo, el monasterio de carmelitas descalzas que hace dos semanas denunció al arzobispo del lugar, Mario Cargnello, y a uno de los enviados de Bergoglio, monseñor Martín De Elizalde, por violencia de género y económica. Las vueltas de la vida: una agrupación feminista no solo queda del lado de las carmelitas, sino del más conservador de la orden fundada por Santa Teresa de Ávila.
En 1990, las monjas tuvieron una especie de cisma: las tradicionalistas, que hoy son el 12% de estos claustros, consiguieron que el papa Juan Pablo II les permitiera volver a la constitución original del monasterio, acorde con la prédica de la madre Maravillas de Jesús, una religiosa canonizada en 2003; el resto, la mayoría, optó por aggiornarse a los tiempos, tal como recomendaba el Concilio Vaticano II.
Ambas constituciones, la del 90 y la del 91, como se las distingue, son autónomas y dependen directamente del Vaticano, al que le deben obediencia. El obispo tiene el rol de “vigilador fraterno”. Pero al feminismo no le preocupan estas especificidades del derecho canónico, sino la audiencia del próximo martes convocada por el Juzgado de Violencia Familiar y Género 3 de la provincia, a cargo de María Carolina Cáceres Moreno, que todavía debe resolver su competencia en la materia. La denuncia, patrocinada por José Viola y Claudia Zerda Lamas, abogados del convento, no se centra en un delito en particular, sino que describe hechos que, dice, prueban que con Cargnello existe “una relación remanida y compleja, caracterizada por exigencias y conductas apremiantes, realizada desde su superioridad, jactancia y valía masculina, sea por sí o con la ayuda de terceros”. La defensa del arzobispo niega todo, y atribuye la denuncia a desobediencia en el carisma que, según el derecho canónico, debe seguir el convento.
La presentación de las monjas compendia hechos de hace años. Pero hay dos que son recientes, que acrecentaron la tensión y que pueden haber terminado de convencerlas de ir la Justicia. El primero es un informe que acaban de terminar el obispo Elizalde, uno de los demandados, y María Isabel Guiroy, ambos benedictinos y enviados por el Vaticano para una visita apostólica que, después de tantas diferencias con la priora, Fátima del Espíritu Santo, había pedido Cargnello. La inspección se hizo entre el 29 de octubre y el 6 de noviembre y tampoco estuvo exenta de discusiones. Una operativa: la constitución del 90 recomienda a las carmelitas no tener reuniones sin testigos, algo que los enviados de Bergoglio consideraban necesario para separar a las hermanas entrevistadas de eventuales influencias psicológicas. Lo que se acordó finalmente fue que las conversaciones se hicieran sin acompañantes, pero filmadas. La demanda de las carmelitas expone esos desencuentros. “En las tres primeras entrevistas las hermanas sufrieron maltrato verbal”, dice, y acusa a Elizalde de haber actuado “de mala manera” y sin “objetividad”.
El informe de Elizalde y Guiroy puede haber agravado las cosas. Originalmente en italiano, es crítico en cuanto al cumplimiento del carisma y en algunas cuestiones le da la razón al arzobispo de Salta. A Eduardo Romani, abogado de Cargnello, le llama la atención que se haya denunciado a Elizalde y no a Guiroy, igualmente responsable y firmante como covisitadora. “La excluyen para que la acusación sea violencia de género”, se queja.
El segundo conflicto terminó de explotar el 7 de este mes, cuando el arzobispo se presentó en el convento acompañado por el español Ignacio de Loyola Pinto y de Sancristóval, juez eclesiástico de la arquidiócesis, pidiendo que se autorizara a una monja, María Magdalena, a ir al obispado para entrevistarse con él y un testigo con el propósito de analizar el traslado de la hermana a un convento de Mendoza. Según consta en la Justicia, Cargnello había recibido durante el verano dos cartas en que la monja le pedía que le facilitara el traslado a un claustro que estuviera cerca de su familia y bajo la constitución más laxa, la del 91. Llegó incluso a hablar con un hermano y una cuñada de la religiosa. Pero la priora no autorizó esa salida con el argumento de que María Magdalena no estaba bien: dijo que, en todo caso, la entrevista debía hacerse en el convento para no romper la clausura. El arzobispo insistió por teléfono tres días después, el 11 de abril, y avisó que iría al monasterio con Elizalde. La superiora se excusó: no podía atenderlo porque estaba enferma. “Qué respuesta más rara”, contestó Cargnello, según consta en la Justicia. Al día siguiente, las 18 monjas, incluida la hermana que pedía volver a su provincia, lo denunciaron a él y a Elizalde.
Fue el último de una serie de incidentes que llevan años y que ahora analiza la jueza. Por ejemplo, el de la noche de 2020 en que, durante el velorio de la hermana María del Carmen, el arzobispo, la priora, el sacerdote Lucio Ajaya y la hermana Mariana forcejearon por una cámara que Cargnello se llevó finalmente y devolvió al día siguiente. Para encontrar el fondo de la cuestión habría que remontarse más lejos. A fines de los 90, a los inicios de la advocación de la Virgen del Cerro, donde la vidente María Livia Galliano dice ser testigo de una aparición. Ahí empieza la dificultad: el arzobispado les cuestiona a las monjas no estar cumpliendo con el carisma de las carmelitas y consustanciarse con una vidente cuyos relatos no están aprobados por la Iglesia. La acusación es que María Livia se mueve como si fuera la superiora y que las religiosas, al atribuirle línea directa con la Madre de Cristo, le creen absolutamente todo. También molesta que sea su marido, Carlos Obeid, quien administra las donaciones a través de una fundación. Los terrenos del cerro, una donación de Eduardo Garat, están a nombre del monasterio. Hace cuatro años, Cargnello objetó que el convento quisiera cambiar de nombre por el de la advocación del cerro. “Van a tener que mudarse”, dijo, y les recordó que las carmelitas veneraban a la Virgen del Carmen.
Es probable que cada debate sea una derivación de ese gran desencuentro. El arzobispado dice que, para estudiar la aparición, se le encargaron hace años a María Livia estudios psiquiátricos que se hizo luego de insistirle, pero que nunca les mostró. Viola, abogado del monasterio, lo niega: “Se hizo informes con tres médicos designados por Cargnello: un psiquiatra de Buenos Aires y dos de Salta, Víctor Arias y Ramón Vivas, y coinciden en el diagnóstico sobre la salud mental de María Livia, concluyendo que es perfectamente sana y normal”.
© La Nación
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