Por Gabriela Origlia
El Arzobispado de Salta que, hasta ahora, se había abstenido de referirse al conflicto entre su titular, Mario Cargnello, y las monjas de clausura del Monasterio San Bernardo -que derivó en una denuncia por supuesta violencia de género contra él y dos religiosos más- emitió un comunicado.
Con la firma de la “Oficina de Prensa”, el documento da cuenta del informe elaborado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano que avanza en la disputa entre ambas partes por el apoyo a la Virgen del Cerro y cuyo contenido publicó ayer La Nación.El texto señala que ayer la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires anunció al Arzobispo y a las carmelitas el decreto de finalización de la visita apostólica realizada por el obispo emérito Martín de Elizalde (otro de los denunciados) y la religiosa Isabel Guiroy al convento San Bernardo y “les hizo entrega de las indicaciones” de la Congregación para la Vida Religiosa.
En los dos primeros párrafos del comunicado –antes de los entrecomillados de las medidas decididas en la Santa Sede– nunca se menciona a la Virgen del Cerro, uno de los ejes del conflicto, ni a la “vidente” María Livia Galliano, que es como la denomina el documento que ayer emitió el Vaticano y que es la mujer que dice tener las apariciones de María.
Autonomía y unidad
Lo que sí se menciona es, como primer punto, que el monasterio goza de “su debida autonomía, aun estando bajo la vigilancia del obispo diocesano cuya autoridad y acción están establecidas por el derecho. En esta perspectiva, el obispo tiene el derecho de visitar el Monasterio y de recibir, y la Priora, el deber de presentar un informe anual sobre la administración de los bienes y sobre la economía del monasterio”. Está la referencia a que la “administración de los bienes temporales” del convento debe ser “transparente”.
En el segundo punto repasa que el convento “aun teniendo autonomía propia, está integrado en la Iglesia local, y cualquier implicación directa o indirecta del monasterio en la vida de la Iglesia local y en el apostolado debe ser concordada y realizada con el permiso del obispo”. Allí aparece el segmento de que las carmelitas no deben involucrarse “en actividades ligadas a la así conocida Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús”.
El tercer punto es el que señala “con fuerza que la comunidad de las carmelitas descalzas de Salta debe vivir plenamente el carisma carmelita, no una Obra que en consecuencia lleva a situaciones de tensión”.
Al final, menciona la decisión de la Santa Sede de nombrar un asistente apostólico para el monasterio, mediante un “decreto inmediato por el que indicarán las competencias y la persona nombrada”. Termina con: “Rogamos encarecidamente al Pueblo de Dios ore por la unidad de la Iglesia y nos permita solucionar los problemas con la sabiduría del diálogo. A la Bienaventurada Madre del Monte Carmelo se lo pedimos”.
El martes próximo hay una audiencia fijada por la Justicia salteña en el marco de la denuncia realizada el 11 pasado. Mientras tanto sigue la custodia policial ante el convento al que los religiosos denunciados tienen prohibido acercarse a menos de 300 metros.
Los abogados de todas las partes recibieron una orden judicial por la que están impedidos de hacer declaraciones. En ese contexto, después de que todos los letrados hablaran con la prensa, ahora no lo pueden hacer más.
© La Nación
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