Nacionales - Los diputados de Evolución Radical Martín Tetaz y Martín Berhongaray presentaron dos proyectos de ley que buscan sancionar a quienes sean beneficiarios de planes sociales y ataquen edificios públicos. Una medida de este tipo fue la que tomó el propio Gobierno nacional contra uno de los acusados de atacar el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner la semana pasada.
El texto del proyecto plantea que se excluya “del pago de beneficios sociales, subsidios, y planes sociales a todo aquel que participe individual o colectivamente en el ataque al mobiliario público nacional según lo dispuesto en el artículo 184, inciso 5, del Código Penal de la Nación”.
Asimismo, indica que deberán propiciarse “la realización de tareas de trabajo voluntario en concepto de reparación de los daños causados a quien se encuentren excluidos de los beneficios”.
Pero va más allá al establecer que se sancione “a los representantes de organizaciones, jefes de organizaciones políticas y todo aquel que coordine, promueva, incite u organice ataques colectivos contra el mobiliario público con multa de dos veces el valor de los daños materiales”.
También, los diputados de Juntos por el Cambio piden que se “aplique ‘Protocolo de Manifestaciones Públicas’ dispuesto por el Ministerio de Seguridad en el año 2016 (bajo la conducción en ese momento de Patricia Bullrich) en todo el territorio nacional”.
La otra iniciativa busca incorporar un párrafo al artículo 211 del Código Penal, incluido en el capítulo de delitos contra el orden público, de modo de establecer que podrá ser sancionado con penas que van desde los 2 a los 10 años de prisión, aquel que “en el transcurso de una manifestación pública, utilizare elementos aptos para ocultar su identidad, y llevare o tuviere consigo objetos capaces para producir daño a las personas o a las cosas, en particular mediante golpes, cortaduras o fuego”.
Al respecto, Berhongaray sostuvo que “la experiencia cotidiana brinda ejemplos permanentes de situaciones en las cuales, bajo el pretexto de manifestar su opinión, o de reclamar un derecho o una prestación, se producen actos de violencia ajenos a la libre expresión del pensamiento, con el resultado de daños a las personas o a las cosas”.
“Lo ocurrido con ocasión del debate sobre el financiamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, donde un grupo muy reducido de personas -con violencia y ocultando su identidad- atentaron mediante medios incendiarios contra personal policial, con resultado de graves lesiones, y dirigieron una pedreada contra el edificio del Congreso de la Nación, es buena muestra de lo expresado”, agregó el pampeano.
Informe: Parlamentario.com
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