Por Martín Dinatale
En su "guerra" contra la inflación el presidente Alberto Fernández abrió otra batalla que se desplegará en las calles y que el gobierno hasta ahora no puede controlar: la amenaza del campo de cortar las rutas para revivir los agitados días de la Resolución 125 y el despliegue de un plan de lucha de los grupos piqueteros que reclaman por mejoras salariales y más planes.
Este nuevo escenario de movilización en las calles y en las rutas es el que le depara al gobierno en los próximos meses. Alberto Fernández intentará avanzar hacia un "consenso amplio" con todos los sectores sociales como dijo en su mensaje grabado del viernes. Pero en ese esquema no están previstas las protestas sociales del campo y los piqueteros que le escapan a su poder de control de la calle.
El decreto de aumento de retenciones a la harina y aceite de soja que ayer firmó el Presidente fue tomado como un gesto de agresión por parte del campo aún antes de que Alberto Fernández convoque a los sectores del agro a esa "mesa de negociaciones" con otros hombres del empresariado argentino.
Desde la Mesa de Enlace hasta los productores autoconvocados que se encuentran diseminados en todo el país ya se piensa en un plan de protestas con diversos matices y niveles de enfrentamiento hacia la Casa Rosada.
Desde Coninagro, Carlos Lanizotto, admitió a El Cronista que "se esta gestando mucho malestar en el campo y hay muchos pedidos de que hagamos algo". La salida de tractores a las rutas como en el 2008 está a la vuelta de la esquina.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) fue más directo: "se pueden reeditar las protestas de la 125. El campo está muy enojado", dijo. Acto seguido añadió parte de esa estrategia que ya se está gestando en la Mesa de Enlace: el campo se va a movilizar a las rutas y también al Congreso, aventuró Pino tras el anuncio oficial de la lucha contra la inflación y el decreto de aumento de retenciones.
Desde los sectores autoconvocados del campo, Ivan Castellaro, hay una posición aún más dura. "Es inviable seguir así porque peligra nuestra autosubsistencia. Daremos la lucha desde varios frentes", dijo este productor de Santa Fe en diálogo con El Cronista.
El plan de lucha que se plantean los autoconvocados ante las medidas del gobierno contra el campo son al menos en tres direcciones: el cese de la comercialización, los tractorazos en las rutas con controles de camiones y una masiva marcha a Buenos Aires. Todo esto se empezó a discutir en los últimos días en las Asambleas de autoconvocados diseminadas en todo el país. El decreto de ayer lo único que hizo fue dar pie a la batalla que se viene.
La guerra piquetera
Desde otro ámbito, el gobierno enfrentará en los próximos días otra batalla y con otros actores. Aunque el escenario será el mismo: las protestas de los piqueteros en la calle, el corte de accesos a la Ciudad de Buenos Aires y el acampe en frente a edificios públicos.
Se trata de la protesta que ya acordó el bloque de Unidad Piquetera que conforman más de 40 agrupaciones sociales críticas al gobierno. Todos ellos reclaman más planes sociales, un salario básico digno, mejoras en la entrega de alimentos a los comedores escolares y programas de salida laboral inmediatos.
"La situación es grave y el gobierno no nos atiende. Están subestimando la protesta social", advirtió ante El Cronista Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.
En esta misma línea de análisis se encuadra Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie Libres del Sur quien dijo que "el gobierno tiene un discurso alejado de la realidad. La inflación se come los ingresos de las trabajadores y hoy el salario mínimo cubre la mitad de la canasta básica".
El gobierno entrega 1,2 millones de planes sociales en la actualidad pero los movimientos sociales exigen al menos 3 millones. El dato para sustentar este reclamo surge del Registro Nacional de la Economía Popular en donde al menos 3,5 personas se anotaron para reclamar programas de ayuda social o trabajo.
El escenario de acampes frente al Ministerio de Desarrollo Social que se vio la semana pasada amenaza con multiplicarse desde el 31 de marzo. Es la fecha que eligieron los piqueteros duros para salir a las calles a desplegar todo su plan de lucha que incluye el cierre de accesos a la Capital y una marcha nacional.
La respuesta oficial
"La situación social es muy delicada y si no arreglamos pronto el problema de la inflación puede haber problemas serios", admitió sin vueltas ante El Cronista un funcionario del primer piso de la Casa Rosada.
El mayor dilema del gobierno frente a todos estos planteos de protesta en las calles del campo o de los movimientos sociales críticas es que no hay hasta ahora una estrategia de diálogo o resolución del problema a la vista.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, entiende que para desactivar una protesta se requerirá de la orden de un juez y no impondrá ningún tipo de operativo represivo en las calles para desactivar estas protestas.
Es decir, que no hay estrategia alguna frente a las rutas o calles tomadas y el gobierno dependerá de un juez. Allegados al ministro de Seguridad dijeron a El Cronista que la decisión de levantar cortes en rutas provinciales ya no depende de la Nación y que los cortes piqueteros en la Ciudad de Buenos Aires son responsabilidad de la policía porteña más allá de que hay una mesa de coordinación de las fuerzas federales con la CABA.
Ante el plan de protestas del campo la reacción del gobierno hoy está acotada a la acción que pueda mostrar el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Pero el problema de ello es que la Mesa de Enlace y los autoconvocados no ven en Dominguez a un funcionario con poder de decisión.
"Está superado por las circunstancias y no tiene margen de definición", coinciden en sostener desde la Mesa de Enlace y los autoconvocados del campo al hablar de Domínguez. Es más, juntan bronca contra el ministro ya que nunca les anticipó de las medidas que Alberto Fernández iba a tomar en relación a aumento de retenciones o cierre de exportaciones a la harina y el aceite de soja.
Con la protesta social de los piqueteros la respuesta del gobierno es aun más difusa y compleja. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabatela, dijo que no recibirá a los piqueteros mientras corten la calle.
"Con la calle cortada, el ministro no los recibe. Ya demostró en varias oportunidades que no es necesario cortar la calle para sentarse a una mesa a dialogar y encontrar soluciones", dijo a El Cronista un allegado a Zabatela.
De todos modos, hay un equipo que dialoga permanentemente con las organizaciones sociales, iglesias y ONGs, y está dialogando con quienes se movilizaron. Pero la situación es de desborde y fuera de control. Fue lo que ocurrió la semana pasada: Zabatela ofreció una reunión con el viceministro Gustavo Aguilera y los piqueteros dijeron que no. Querían ver directamente al ministro.
El problema es que los cortes de calle y acampes no se solucionarán tan fácilmente. Es que la respuesta oficial al reclamo del bloque de Unidad Piquetera que quieren más altas de planes sociales es tajante: el gobierno decidió reenfocar la inversión social en lo laboral y no dará más planes.
Ante este escenario complejo de protestas del campo y de los piqueteros la situación parece fuera de control para el gobierno que hasta ahora no tiene una receta para desactivar esta explosiva situación.
© El Cronista
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