Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, al momento de ser detenido
en agosto de 2018, en la causa de los "cuadernos de las coimas".
Judiciales - El juez federal Julián Ercolini firmó la ampliación del procesamiento de Roberto Baratta,
la exmano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, por haber recibido coimas en el marco de la megacausa cuadernos, en donde está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner como jefa de una
asociación ilícita. El tramo principal del expediente ya fue elevado a juicio oral, aunque no hay avances sobre cuándo podría llevarse adelante ese debate.
Sobre final del 2021, tal como reveló Infobae, Ercolini resolvió reactivación el expediente “residual” en torno a los movimientos relacionados al financista Ernesto Clarens, quien ya está procesado en otra causa por por lavado de dinero vinculadas a la obra pública. Como arrepentido, después de idas y vueltas al juzgado de Bonadio para que lo aceptaran como tal, Clarens aportó listas con los montos que pagaron los empresarios de obra pública en coimas y que luego le entregaba a emisarios del kirchnerismo. Dio los nombres de todos y cada uno de los “valijeros” que en representación de las empresas llevaban las coimas hasta su financiera. Y se analizaron sus comunicaciones telefónicas. De ahí surgen los datos para esta pista que busca dilucidar Ercolini.
Junto a la situación de Baratta, Ercolini también amplió los procesamientos del secretario de Baratta, Nelson Lazarte, y del exfuncionario de Planificación Hernán Camilo Gómez. También se amplió los procesamientos por cohecho activo a los empresarios Hugo Alberto Dragonetti, Jorge Mauricio Balán y Claudio Glazman y se decretó el de Claudio Alberto De Lassaleta, que hasta ahora tenía falta de mérito.
El juez no encontró elementos para procesar o sobreseer a los indagados Hugo Dragonetti (hijo del empresario que admitió haber pagado a Baratta), de Mauro Pablo Guatti, de la firma ESUCO (del arrepentido Carlos Wagner) y de Fernando Alexis Sananez, de firma JCR.
Por último, si bien se corroboraron entregadas de dinero por parte de la empresa de Juan Carlos Retats, el juez dispuso el sobreseimiento de su hija, Silvia Beatriz Relats, por su fallecimiento. Según el fallo, “los pagos espurios se habrían efectuado en el Hotel Panamericano, las oficinas de la firma JCR SA funcionaban en el mismo, la fecha en la que se habrían realizado, es decir, cuando aún se encontraba a cargo de la empresa Silvana RELATS” y “pudo recabarse que la nombrada se habría alojado allí algún día de pago, entre otras”. Además, “al tratar la responsabilidad de BARATTA y LAZARTE en estos hechos, Silvana RELATS, también mantenía comunicaciones con el segundo de los nombrados (27 comunicaciones que fueron efectuadas entre el 16 de septiembre y el 19 de noviembre de 2015)”, se añadió.
“Se encuentra acreditado con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal que Hugo Alberto DRAGONETTI, Alberto TASSELLI, Jorge Juan Mauricio BALÁN, Claudio Alberto DE LASSALETTA y Claudio Javier GLAZMAN, habrían entregado u ordenado entregar sumas de dinero a los funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, quienes luego ejecutaron los actos que eran propios de la función que cumplían, hallándose destinados a beneficiar a los cohechantes, siendo que contaban con contrataciones que dependían del organismo mencionado -los 3 primeros- o lo intentaban -como ser el caso de GLAZMAN-”, escribió Ercolini en su resolución a la que accedió Infobae. “El grado de participación que se les endilgará será a título de autores, a excepción de DE LASSALETTA, quien deberá responder como partícipe necesario”, dijo.
Fue Baratta el que se encargó de cerrar la ronda de indagatorias a fin del año pasado. En ese momento, Baratta sostuvo que es víctima de una “persecución indebida” e “infamante” y advirtió que las declaraciones de los arrepentidos, corazón de la causa, deberían “darse por caídas”. Y dijo que empresarios como Carlos Wagner o Hugo Dragonetti declararon en forma diferente a lo que habían dicho en circunstancias de la explosión de la causa de los cuadernos, cuando varios de los implicados buscaban convertirse en imputados colaboradores ante el temor de ir presos.
“Niego todos y cada uno de los hechos que se me imputan, creo que es en una nueva falta de respeto de la Fiscalía o el Fiscal, no estar presente, no dar la cara en esta nueva indagatoria, indagatoria de los cuales muchos de los hechos, en mi caso están elevados a juicio oral. Más allá de remitirme al escrito, dos menciones, Alberto Tasselli y la firma “Faraday” no tenían obras con el Ministerio y Jorge Balán y su firma tampoco tenían obras con el Ministerio. Y por la parte de De Lassaletta, lo que quiero agregar más allá de desmentir cada uno de los hechos, que surge simplemente de googlearlo por internet, De Lassaletta era funcionario del Gobierno de la Ciudad o sea del Gobierno de Mauricio Macri, para marcar un poco la hipocresía y mentira de la imputación, por el resto me remito como dije anteriormente al escrito que ya presentó mi letrado”, señaló el ex funcionario que trabajaba a las órdenes de Julio De Vido.
Cuando les tocó declarar, todos los imputados negaron las imputaciones o justificaron su proceder. Balan, incluso, aseguró que el dinero aportado era para fondos de campaña y por lo tanto pidió correr con la misma suerte que ya tuvieron otros empresarios arrepentidos como Armando Losson o Manuel Santos Uribelarrea. Pero el juez rechazó el planteo de derivar el caso a la justicia electoral y lo procesó.
Se descuenta que los imputados apelarán la resolución ante la Sala I de la Cámara Federal, que ya revisó anteriormente la causa.
El caso se abrió cuando un periodista de La Nación acercó al fiscal Carlos Stornelli una serie de fotocopias de cuadernos que habían llegado a sus manos, escritos por Oscar Centeno, chofer de Baratta. Allí, se sostiene, se relataban los viajes de recaudación que hacía con Baratta, cuando era el virtual número dos del Ministerio de Planficiación. Cuando el escándalo estalló en la Justicia, Centeno se convirtió en “arrepentido” y activó una causa que sacudió a tribunales a mediados de 2018 con detenciones de ex funcionarios y empresarios de primera línea buscando ser “imputados-colaboradores” para evitar la cárcel. Hace más de un año, la Cámara Federal de Casación Penal validó la declaración de los arrepentidos en el caso de los Cuadernos, que habían cuestionado un grupo de defensores.
Informe: Infobae
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