Juliana Di Tullio
Nacionales - Procuradores de todo el país cerraron filas contra las declaraciones de la senadora kirchnerista Juliana
Di Tullio, que acusó de “delincuente” al jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand, y le exigió la renuncia por su supuesta relación con las operaciones denunciadas por el Gobierno
de un plan para armar causas contra sindicalistas durante el gobierno de Mauricio Macri.
El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal -organizaciones que agrupan a todos los titulares de los Ministerios Públicos del país- emitieron un comunicado en el que calificaron las declaraciones de Di Tullio de “desmedidas e injuriante” y sostuvieron que lesionan el funcionamiento de las instituciones.
“Constituye un deber ineludible de todos resguardar la institucionalidad democrática de nuestro país. El respeto hacia los miembros de otros poderes, de todas las jurisdicciones, se erige en un elemento vital de la convivencia, el equilibrio institucional y el fortalecimiento de la democracia”, señala el documento, que reclama “moderación y seriedad” y pide evitar que “al emitir pareceres se comprometa, incluso como único objetivo aparente, el honor de funcionarios, en el caso de otras jurisdicciones y poderes”.
El comunicado afirma que la senadora “agravió” a Conte Grand y afirma que aun cuando las declaraciones “se pretendan amparadas por la garantía de inmunidad de opinión de la que pueden gozar los señores legisladores, lesionan en modo directo el normal funcionamiento de las instituciones y constituyen una afectación de la sana convivencia institucional y el respeto por la división de poderes”.
En el Congreso, la senadora oficialista cuestionó que Conte Grand -que antes de ser procurador había sido funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal- siguiera siendo el jefe de los fiscales luego de que trascendieran los videos de una reunión, en 2017, de dos ministros de Vidal con agentes de la AFI y empresarios en la que se promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales. “¿Qué garantía tenemos los bonaerenses de tener una justicia democrática?”, preguntó Di Tullio, y aseguró que se cansó “de ver persecuciones los cuatro años del gobierno de Macri”.
En uno de los pasajes de la reunión que quedó registrado en los videos, el entonces ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, dijo que tenía “todo arreglado” con “el procurador”, con la Justicia y con la fiscalía para avanzar contra Juan Pablo “Pata” Medina. En ese momento, la procuradora general de la Nación era Alejandra Gils Carbó. Conte Grand era -como hoy- el procurador bonaerense, pero la causa contra Medina se inició en la justicia federal, no en la provincial.
El comunicado de los procuradores sostiene: “No podemos dejar de señalar, asimismo, que este episodio se enmarca en una serie de sucesos que, en distintos ámbitos provinciales, vienen configurando un ataque a los respectivos Ministerios Públicos, lesionando sensiblemente su autonomía e independencia, tal como lo hemos venido denunciando desde estos Consejos”.
Firman el documento difundido los procuradores y fiscales generales de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Informe: La Nación
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