Por Luis Tonelli (*)
La Argentina no es Venezuela, todavía... Pero hay que reconocer que Alberto Fernández y sus colaboradores están haciendo un esfuerzo mayúsculo para alcanzar al gobierno de Nicolás Maduro, el que mejor expresa hoy ese realismo mágico de Alejo Carpentier. La puesta en escena de la reunión (des) informativa sobre la marcha del acuerdo con el FMI que brindaron el Presidente y su ministro de Economía, Martín Guzmán, frente a los gobernadores y otros participantes ha sido un gran paso adelante en esa dirección surrealista.
La reunión, evidentemente, no fue para informar nada, sino que tuvo dos objetivos políticos fundamentales: el primero, cumplir con una exigencia del FMI que se desprende de su reciente informe crítico del otorgamiento del mega crédito a la administración Macri. Allí el organismo reconoce su ingenuidad al haber confiado en las proyecciones optimistas del propio Gobierno de Cambiemos, sin haber tenido en cuenta las demás opiniones del arco político y social argentino. Tal como lo señala el economista Javier Alvaredo, al Gobierno esta vez, se le exige un consenso político y social más amplio, y que empiece por su casa, el Frente de Todos, donde se dan las principales desavenencias.
El otro objetivo que buscó el encuentro tiene que ver con la estrategia de “sobrevivir sin gobernar” que ha desplegado el presidente Fernández en estos dos años como morador en jefe de la Casa Rosada. Dada su debilidad y la heterogeneidad del Frente de Todos, su táctica ha sido la de “ir llevándola”, frente al monitoreo cercano e implacable de su madrina electiva, vice presidenta, líder del kirchnerismo rampante y generadora del presente “hipervicepresidencialismo retórico”.
Este sistema de gobierno ha llevado a una radicalización simbólica y a una parálisis gubernativa proverbial. Gobernar implica hacerlo en una dirección y el peronismo, en su heterogeneidad esencial, demanda de un conductor/a para que resuelva la interna con verticalismo. Pero, al no existir ese conductor, tenemos un conjunto de galimatías donde se avanza, se retrocede, se dice una cosa, se dice otra. Como cuando un equilibrista busca continuamente corregir su vaivén para no caerse de la soga.
La vicepresidenta se despacha de tanto en tanto en Twitter o, en situaciones magnas, escribiendo sus “epístolas a los conurbanensis”, en las que difunde su desacuerdo con el Presidente electo (por ella). Y, el mandatario, dándole la razón y diciéndole que lo que pide es precisamente lo que está haciendo, intenta, a veces, cajonear los proyectos mas extremos que provienen del ala vicepresidencial.
Esta es la forma ineficiente que ha encontrado el Presidente para tratar de atender a los desafíos que le impone la realidad del país (gobernancia) y, por otro lado, mantener su coalición unida (gobernabilidad). El relato resultante lo ha definido contundentemente el ministro Guzmán: “sarasa”. Y de este modo, todo cuesta muchísimo tiempo, se estiran las definiciones y los problemas se agravan o son reemplazados por otros. No hay horizonte de salida de esta situación, para volver a una normalidad que permita un crecimiento con cierta estabilidad.
Esto no es muy recomendable cuando la Argentina atraviesa una doble crisis sanitaria y económica. Pero, como dice el saber popular, lapidariamente, “es lo que hay”, e incluso puede ser peor.
Red oficialista
Un apoyo esencial que tiene la Casa Rosada ha sido la red de gobernadores oficialistas. Es cierto que ellos privilegian su propia estabilidad, pero todavía pesa eso de que “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”, aunque durante la época del presidente Macri, las gobernaciones recibieron recursos como pocas veces en la historia.
Esto hace a una cuestión esencial y, en el caso del gobierno de Cambiemos, se volvió crítica, ya que no gozó de mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso. Los gobernadores gozan de un poder político sin igual: ¿alguien ha visto en alguna película o serie sobre la Casa Blanca a algún gobernador cuando se trata de cuestiones nacionales? Al punto de hacer “política nacional” a través de sus “embajadores”, que no son solo sus senadores propios sino sus diputados, que se convierten en personas claves en la negociación con el Presidente para intercambiar apoyo político por recursos económicos imprescindibles, siempre escasos. Esta forma de negociar se ha acentuado frente a la ausencia de organizaciones partidarias nacionales fuertes.
Los gobernadores hacen con el dinero de las arcas provinciales más o menos lo que se les antoja, a pesar de que a la mayoría de las provincias mucho de los recursos les llegan a través de la ley de coparticipación, que no es para ellas una mera devolución por los impuestos que el gobierno nacional cobra en los territorios provinciales. Lo que resulta en una gran redistribución automática de las provincias que producen más riqueza hacia las más rezagadas (¿dónde se cobra más IVA por metro cuadrado: en Recoleta o en Alto Pencoso, San Luis?)
Otra parte de los recursos provinciales son “caprichosos”: los famosos ATN que el Poder Ejecutivo Nacional envía a discreción. Pero también, y esto no se tiene en cuenta muchas veces, están los ingentes gastos que el gobierno nacional realiza a lo largo y a lo ancho de todo el territorio del país. Tendemos a pensar que, en cambio, lo hace en el perímetro delimitado por las rejas de la Casa Rosada.
Claro está que, gastando ese dinero el Gobierno beneficia a la comunidad en la que se radica la obra (por ejemplo, la construcción de una escuela, un hospital, un puente, o una red cloacal, y también a la provincia y municipios en los que se realiza ese gasto. El territorio es el mismo, solo que está sujeto, dado nuestro sistema federal, a tres administraciones diferentes, la nacional, la provincial, y la local. Y, obviamente, hace política permitiendo o no que en la foto o en el cartel que anuncia la obra figure el gobernador, el intendente o ambos.
Por eso, tenemos gobernadores políticamente poderosos (tanto hacia el interior de la provincia, como en sus relaciones con el Presidente), a la vez que económicamente débiles y dependientes de la mano del jefe de Estado. Muchas provincias siguen en la estela institucional de las intendencias del Virreinato: son unidades administrativas, no unidades productivas.
Las provincias opositoras
De este compromiso de supervivencia nace una base de apoyo, que se extiende a las gobernaciones en manos de opositores, especialmente las que no atraviesan una situación económica que les permita cierta autonomía. Así se comprenden las palabras de Gerardo Morales, que entran en contradicción, por el cargo que ocupa al ser, nada más y nada menos, el presidente recientemente electo de la UCR, una de las fuerzas principales de la coalición opositora.
En la reunión con los gobernadores, todos estos elementos estuvieron presentes casi de forma caricaturesca. La gobernancia demanda un Acuerdo con el FMI lo más pronto posible, pero eso choca con la gobernabilidad interna del Frente de Todos, ya que el sector kirchnerista depende de proveer a su electorado bienes simbólicos caros al ideario nacional y popular y la izquierda latinoamericana. Así lo hizo durante la campaña para las elecciones legislativas pasadas, logrando mantener su núcleo duro, pero recibiendo una señal de alarma importante. Por primera vez desde 1983, el electorado típicamente peronista se mostró reacio a votar al Frente.
Lo que el Gobierno logró fue, entonces, una foto con los gobernadores leales, algunos enviados de los gobernadores de la oposición y la participación de alguien que no estaba convocado formalmente, pero cuya presencia fue tanto para marcar la cancha ideológica como de suave apoyo al Presidente: Máximo Kirchner. Pero, lamentablemente, en estas épocas tecnológicas, si hay foto, hay video. Y el mismo Gobierno se encargó de difundirlo a través del sitio oficial de la Casa Rosada.
Ese video que da cuenta de la reunión difícilmente pueda ser entendido por la burocracia del FMI: cuadros que no explican nada, alusión a teorías conspirativas geopolíticas, objetivos contradictorios, discursos folclóricos. Nada que facilite la firma de un Acuerdo conveniente para la Argentina y necesario para reestablecer la confianza económica, pero que antes tiene que estar precedida de una solidez política, hoy muy lejana de alcanzar.
Aunque, quizás el entendimiento se alcance cuando el Gobierno haya explorado todas las formas posibles de, precisamente, no lograr un acuerdo con el FMI. Pero, ciertamente el poder “ir llevándola” con el organismo tiene sus límites, expresados en los vencimientos que se vienen ya implacables encima.
(*) El autor es politólogo y director del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires
© La Nación
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