Cristina no se opone a firmar el acuerdo con el FMI, se opone a cumplirlo

 Por Marcos Novaro

Cuando el 17 de noviembre Máximo Kirchner condujo a su tropa a paso lento hacia la Plaza de Mayo, emulando al general Alais, puso en acto anticipadamente la carta que recién semanas después difundiría su madre, y el plan de acción que ella ya tenía en mente: quiso dejar bien en claro, tanto a los que temen su gravitación en el gobierno, pero la consideran imprescindible para sostenerlo, como a los que desean su retiro porque rechazan su influencia más allá de toda consideración práctica, que la idea será decepcionar a ambos; el kirchnerismo duro a partir de ahora al mismo tiempo está y no está en el gobierno, según lo que mande en cada caso su exclusiva conveniencia.

Esa es la fórmula con que Cristina pretenderá sobrellevar los dos años que restan para las elecciones presidenciales, con el mínimo daño posible para el capital político que aún conserva: en consecuencia, buscará asegurarse de que el dibujo de proyecciones incumplibles que Guzmán decidió llamar “Plan Plurianual para el desarrollo sustentable”, título rimbombante con que pretende disfrazar su carencia total de control sobre la política y más aún sobre la realidad económica, sea efectivamente incumplido.

Y lo mismo hará con los compromisos que se firmen con el FMI. Excusas habrá de sobra.

Por ejemplo, en el tema hipersensible de las tarifas. Que como se sabe, hace a la identidad misma del kirchnerismo, y afecta de forma muy directa el consumo de sectores medios y bajos del Conurbano bonaerense. Los K no van a permitir que lo que selló la suerte electoral de Macri en 2019 sepulte lo que le queda de espacio para dar buenas noticias a la administración de los Fernández, como para que su período otoñal se convierta en un invierno gélido y tormentoso.

Idas y vueltas con el ajuste de las tarifas de servicios

Repasemos brevemente la historia reciente de las tarifas de servicios, para poner el asunto en perspectiva. Cuando Cristina dejó la presidencia, en esa región del país ellas cubrían entre el 15 y el 20% del costo, según los casos. Macri llevó ese porcentaje por encima del 60, con un enorme esfuerzo político. Y Alberto retrotrajo las cosas, hasta ahora, a una zona intermedia, entre 30 y 35%.

Con un déficit muy difícil de financiar más que con emisión, y la mirada reprobatoria del Fondo, no tiene mucho margen para seguir achicando ese porcentaje. Pero como los ingresos de la mayoría de la población están bastante más deprimidos que en 2015, la chance de subirlo sin enfrentar duras protestas sociales también es muy escasa, por no decir nula.

¿A cuánto llegaría la pobreza si las tarifas de servicios suben lo mínimo que reclamará el Fondo, digamos por decir, al ritmo de la inflación proyectada para el año que viene, algo más de 30%, o peor todavía, en línea con la inflación efectiva, arriba del 50%, para que no siga aumentando el peso de los subsidios en las cuentas públicas?, ¿qué efecto electoral cabría esperar de cualquiera de esos dos escenarios en el Conurbano, después de que el gobierno en gran medida lo perdió, aún con las tarifas congeladas? El kirchnerismo, por tanto, está compelido por las circunstancias a evitar esos aumentos, a como dé lugar.

Para ello cuenta con la ayuda de un Estado por demás ineficiente y una administración que en términos operativos está en gran medida controlada por su facción.

Podrá argumentar que no es posible segmentar socialmente las quitas de subsidios hasta que no termine el proceso de reempadronamiento de los usuarios. Cuyo inicio se anunció hace unos meses, y ha avanzado hasta aquí poco y nada. Podrá también ofrecer compensaciones a los que demuestren que no están en condiciones de pagar los aumentos, con lo cual buena parte de lo que ganen las cuentas públicas, por un lado, lo perderán por otro, pero Cristina se asegurará que sean funcionarios que le son fieles quienes devuelvan a la gente lo que Alberto les saca.

Y finalmente podría ir dosificando las subas a lo largo del año que viene, según cómo evolucione la economía, para en 2023 directamente interrumpirlas y patearlas para después de los comicios.

Así las cosas, hay de todos modos un escollo difícil de sortear para los seguidores de la vice, y es que gracias a la reforma que ellos mismos impulsaron en la legislación sobre acuerdos de financiamiento internacional, van a tener que votar en el Congreso lo que firmen el presidente y su ministro en Washington. Cristina y Máximo juegan a las escondidas con Alberto y con la oposición respecto a esta obligación.

El jefe de la bancada oficial de diputados dijo incluso, tras el acto del viernes pasado, que el presidente ya cuenta con “los 116 votos de Juntos por el Cambio” y le deberían alcanzar. Una chicana para ocultar un dilema sin solución, al menos de momento.

En los compromisos de este tipo suele haber cláusulas reservadas, condicionalidades que se revelan solo cuando se hacen efectivas, para no disparar comportamientos especulativos o defensivos entre los potenciales afectados. Es difícil imaginar al Fondo aceptando que las subas de tarifas, así como otros compromisos que desmientan la pretensión oficial de presentar su “programa” como uno “sin ajuste”, se incluyan en esa condición.

Implicaría aceptar que la conveniencia política y electoral del oficialismo local, y la necesidad de simular lo que no es para contar con una mínima colaboración legislativa de la principal facción que lo integra, pesan más que la búsqueda de confianza de los actores económicos en la viabilidad de lo que se acuerda. Pero dado que es razonable pensar que esa confianza está fuera del alcance del país, tal vez entienda que ceder en este punto es el mal menor.

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