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| Por Loris Zanatta (*) |
Combatir la inflación congelando los precios es como eliminar el tráfico eliminando los semáforos. ¡Inténtenlo! Los precios no son de plastilina, no se pueden manipular a voluntad: si lo hacés, te pasan factura. Tampoco son el demoníaco diseño de especuladores voraces. Claro, los malvados existen, sobre todo si, como en la Argentina, hay poco libre mercado, la competencia está distorsionada por los subsidios públicos y los tiburones se revuelcan en la sopa de los privilegios corporativos. Pero ajustar precios es como patear la señal de alto después de tener un accidente por no respetarla.
Es que los precios son como las señales de tráfico: lo regulan, hacen predecibles los coches en los cruces, la dirección de quienes ponen el indicador. Sirven a los productores para orientarse en las inversiones, la compra de materias primas, la innovación tecnológica, la decisión de contratar o no personal. Y a los consumidores, para decidir qué comprar o no comprar, dónde hacerlo o no hacerlo, ahora o mañana. Cada uno de nosotros, ya sea como productor o consumidor de un bien o un servicio, toma esas decisiones todos los días, a veces de manera racional, la mayor parte del tiempo sin pensarlo. Los precios son guías, termómetros. Bloquearlos por decreto es como apagar las luces y jugar a la gallina ciega en la oscuridad. A riesgo de lastimarse.
¿Por qué, entonces, congelar los precios? ¿Por qué una medida tan anticuada y desacreditada reaparece de vez en cuando como una varita mágica en manos de los gobiernos peronistas, y otros más, en general acompañada por el envío de espías a los mercados para castigar a los “traidores de la patria”, los “hambreadores del pueblo”? Por varias razones, creo. La primera, la más increíble, es también la más obvia: ¡hay quien cree todavía en ella! ¡Algunos piensan realmente que así funciona la economía, que un simple comando puede reponerla en las vías de las que se ha descarrilado! La historia no les interesa ni les enseña nada. Hacen lo que creen correcto aunque no funcione y produzca efectos opuestos a los deseados: devaluaciones, rebotes inflacionarios, fuga del ahorro, retiro de inversiones.
Pero si lo creen, o fingen creerlo, es por otros dos motivos. Superficial y utilitario el primero, profundo y dogmático el segundo. El primero es más fácil de explicar. Culpar a los precios es un deporte antiguo. Tiene la ventaja de simplificar las causas de la inflación y del escaso poder adquisitivo. Y ofrece un blanco conveniente para la ira, un chivo expiatorio, un enemigo: trae votos, distrae la atención, crea una causa común. Una vez era el comerciante, el usurero, el especulador casi siempre judío. ¡Cuántos pogromos! ¡Cuántas tiendas incendiadas y guetos atacados!
Hoy nadie evoca la etnia o la religión, por lo menos en voz alta, pero las categorías a las que se apunta son las mismas. Quienes no tienen nociones básicas de economía, como la mayoría de la población de un país empobrecido y cada vez menos instruido, tendrán dificultades para vincular sus problemas diarios con el déficit público, la política cambiaria, la baja productividad, los oligopolios que elevan el costo de los bienes. En cambio, les resultará simple y diáfano el relato populista, un relato que simplifica la complejidad, la reduce a una alternativa maniquea entre nosotros y ellos, nuestro sufrimiento y el egoísmo de los demás: si somos inocentes, habrá un culpable; si somos víctimas, habrá un verdugo. Vamos a buscarlo.
Esa ha sido siempre la gramática peronista, tosca pero eficaz, mala para gobernar, excelente para juntar la grey. Lo mismo en las unidades básicas y en la jefatura de los ministerios. ¿Acaso no lo demostró hace poco el ministro de Economía? Le resultó fácil conseguir aplausos tirando de la cuerda antiimperialista, lanzando a los jóvenes kirchneristas contra el Fondo Monetario. Pero hace caer el alma a los pies. Sobre todo si con el Fondo tenés que negociar, si lo necesitás a él y no él a vos. Es el mismo juego que jugaba Perón con Estados Unidos. Con sus embajadores era todo miel y sonrisas. Pedía créditos e inversiones, prometía paz social y seguridad jurídica. “¿Cómo confiar –le respondían–, si luego usted incita a la multitud contra nosotros?”. “No me hagan caso” –se reía el general–, eso es para el pueblo”. La duda rondaba: ¿cuál era el verdadero Perón? Se creía el más vivo de todos, pero así fue como la Argentina se volvió emblema mundial de falta de fiabilidad. Más que criminal, seguir a esos pasos es obtuso.
Hay, sin embargo, una segunda y más íntima razón en el origen de esas medidas insensatas, de la primacía del dogma sobre la razón, de la ideología sobre la realidad. Una razón “cultural”, por así decirlo. Es la idea sutil y penetrante, arraigada y a menudo inconsciente de que la economía, como la historia, responde a un plan: divino para los creyentes, científico para los demás. Y que gobernarlo implica tomar el timón y marcar el rumbo, prever y disponer, ordenar y regular, prohibir y distribuir. Que sea un demiurgo o un tecnócrata, un caudillo o el alumno de un premio Nobel, no importa: ¡el barco, ya verán, irá adonde tiene que ir!
Esta creencia está tan extendida que muchos de nosotros la abrigamos en nuestros corazones. Fíjense: despotricamos contra los políticos y los burócratas, pero cuando la economía falla confiamos en que la solucionen más políticos y burócratas, esperamos que el Estado cubra el parche abierto con sus intervenciones anteriores. Con control de precios, por ejemplo. Como si los infinitos hilos que forman la trama económica, formales e informales, materiales y simbólicos, verdaderos y percibidos, respondieran a una sala de control; si causas y efectos, estímulos y reacciones, leyes y comportamientos obedecieran a una voluntad superior. Es la vieja tentación de torcer la economía a la teología, la parte al todo, el individuo al plan, de hacer lo que es “justo” aunque cause injusticia, lo “humano” aunque haga daño, lo que “combate la pobreza” aunque en realidad la cause. Es el nefasto sueño de ponerle calzones al mundo. Pero el mundo no cabe en un pantalón.
(*) Ensayista y profesor de historia en la Universidad de Bolonia
© La Nación
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