María Fernanda Raverta
Nacionales - La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, volvió a cargar contra el beneficio
de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para cobrar dos jubilaciones de privilegio y apuntó contra la titular de la ANSES, María Fernanda Raverta, a quien acusó de comportarse "como una
militante política".
"Lo de Raverta es vergonzoso porque no se ha comportado como una funcionaria pública sino como una militante política", comenzó diciendo la legisladora en declaraciones a CNN Radio. "Hasta recibió los escritos directamente del abogado de Cristina, es una cosa inédita", añadió.
En ese sentido, opinó que el accionar de Raverta configura un "incumplimiento de los deberes de funcionaria pública". "Ella es parte de La Cámpora. tiene como jefes políticos a Cristina y Máximo Kirchner y nunca debió haber permitido esto", consideró.
Sobre esta línea, Ocaña afirmó que la expresidenta cobra como jubilación de privilegio entre 2,5 millones y 2,8 millones de pesos por mes y que el ente público le paga el doble beneficio desde el mes de marzo sin tener la sentencia firme. "La cifra es enorme, mientras los jubilados ganan 25.900 pesos de mínima", disparó.
El organismo presidido por Raverta decidió retirar la apelación a diferencia de lo que hace con todos los casos de los jubilados en Argentina, según dijo la diputada. "Quiero que se me vuelva a tener como tercera interesada dado que la ANSES no está defendiendo los bienes públicos”, expresó,
"Durante el gobierno de Cambiemos Cristina solamente recibió un beneficio, ella apelo a la Justicia y nosotros nos presentamos. Pero por el pedido de los abogados de la actual vicepresidenta nos revocaron esa autorización", señaló.
Las jubilaciones de privilegio de Cristina Kirchner
Ocaña afirma que la ANSES no es un organismo que pueda disponer cómo utilizar los recursos públicos, porque es un ente “de administración” y no de resolución. “Así lo establece su decreto de creación N°2.741/91″, se sostiene. En el caso de la doble pensión a favor de Cristina “se ha realizado un acto de disposición de sumas millonarias, sin respaldo normativo”, se menciona.
En el hecho de que se trate de la disposición de fondos públicos basa la diputada su presentación, en la cual pretende ser reconocida como un “tercero” interesado en la causa judicial. “Por los montos involucrados, por la persona involucrada, y por las maniobras que han ocurrido y se encuentran acreditadas, trasciende el interés de las partes”, señala respecto de lo que está en discusión.
Y agrega que el desistimiento que decidió hacer Raverta “produce un enorme perjuicio al erario público, que es el dinero recaudado con el esfuerzo de todos los argentinos, que en nuestro carácter de representantes del Pueblo nos vemos obligados a defender, ante la escandalosa actitud de los funcionarios”.
El desistimiento de la apelación había sido pedido por los abogados de Cristina y, a los pocos días, la Anses, que tenía la función de actuar como contraparte para defender los intereses del Estado, cumplió con esa solicitud: presentó un escrito ante los jueces renunciando a la apelación al fallo y pidiendo que se archivara la causa, que había sido iniciada por la actual vicepresidenta en 2017, luego de que se le suspendiera el pago de una de las prestaciones de privilegio.
Había sido una resolución del Ministerio de Desarrollo Social, en ese entonces a cargo de Alicia Kirchner, la que le había otorgado en diciembre de 2015 la asignación como expresidenta, pese a que ya existía a su favor otra prestación del mismo régimen, como viuda del expresidente Néstor Kirchner. En el gobierno de Mauricio Macri uno de los pagos fue suspendido, por invocación a la incompatibilidad dispuesta por la ley 24.018 y, meses después, Cristina Kirchner inició un juicio.
Aceptar el desistimiento de la apelación implica que quede firme el fallo de primera instancia y que no siga el debate en la Justicia. Es lo que le conviene a Cristina Kirchner, ya que de todas formas logró lo que reclamaba, por una decisión administrativa de un organismo conducido por la agrupación La Cámpora, que la tiene como líder.
Raverta es ahora acusada por Ocaña de haber violado el Código de Ética aprobado por el decreto 41/99, que establece que “el funcionario público tiene el deber primario de lealtad con su país a través de las instituciones democráticas de gobierno, con prioridad a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones de cualquier naturaleza.” En el escrito se cita una declaración hecha por la funcionaria, según consigna un artículo de LA NACION de un año atrás: “Me encantaría ser la favorita de Cristina Kirchner”. Y se concluye que la directora ejecutiva de la Anses estaba obligada a excusarse de actuar en la causa por el vínculo existente.
En febrero pasado, muy poco antes de que ingresara a la justicia previsional la apelación de la Anses al fallo de primera instancia, varios diputados de la oposición (entre ellos, Ocaña) se habían presentado como terceros interesados, y también hicieron su apelación (a diferencia de la Anses, expresando argumentos). Sin embargo, basándose en la opinión expresada por el fiscal Juan Carlos Paulucci, los jueces de la sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazaron en septiembre pasado ese pedido de intervención.
Ahora, en su nuevo pedido para ser aceptada y poder participar en una cuestión en la cual el orden público “obviamente” está comprometido, Ocaña resalta argumentos usados por el fiscal que, señala, quedaron desvirtuados: el dictamen señalaba, como un sostén para el rechazo a la actuación de terceros, que la Anses estaba actuando como contraparte. Se había mencionado, expresamente, que el organismo no había desistido de su apelación, algo que finalmente sí ocurrió el 25 de octubre pasado, provocando que la causa judicial quedara, en los hechos, con las dos partes tirando para el mismo lado.
Informe: Perfil, LN, agencias y Agensur.info
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