Dados cargados

Por Luis Tonelli

“Los medios tienen una agenda paralela, que no es la de la gente, que está de fiesta cuando consigue vacunarse”, se dice desde la Casa Rosada. Y tienen razón. Incluso mejora la opinión hacía el Gobierno en los vacunados, marcan las encuestas.

Claro, que a la gente del Gobierno le faltaría admitir que la gente también está de luto porque todos tenemos familiares y amigos que ya no están porque han muerto por COVID. Dato que está asociado a que hoy la Argentina es uno de los países récords en muertes por la pandemia, indicador contundente de que la cosas aquí se hicieron peor de lo mal que se la enfrentó en todo el mundo.

Hay una comorbilidad que sufrimos los argentinos. Y ella es la destrucción por parte de la política de un funcionariado capacitado y con voz propia dentro del Estado nacional (que alguna vez lo tuvo).

Con la voz de los técnicos atenuada al máximo, reemplazada por el oxímoron de “especialistas militantes”, la política tiene mucho más margen de maniobra, que duda clave. Arbitrariedad que lleva desde a la incapacidad para resolver los problemas hasta a la ausencia de transparencia en las acciones estatales.

Por supuesto, que tratándose del Estado la política es un elemento clave y rector, y sabemos de lo negativo que resulta cuando los políticos se lavan sus manos escondiéndose detrás de los técnicos. Pero si la gestión sin política no lleva a ningún lado, la política sin gestión no lleva a ninguna parte.

Y eso, en el medio de una pandemia, es no enfrentar a las muertes que produce con toda la capacidad que se pudiera tener para bajar los índices de letalidad. Y hablamos de miles y miles de fallecidos que pudieran seguir vivos, si hubieran tenido acceso a la vacuna oportunamente.

Hay una contraparte inevitable de la destrucción del Estado que es el aumento de la informalidad social. Un Estado elefantiásico pero eficiente, apaga a la Sociedad Civil, lo que es lo mismo que decir que aniquila a la democracia. Eso sucede en las dictaduras panópticas de hoy día como en China (que han tenido tanta eficacia para combatir el virus, porque con esas mismas armas acallaron a toda oposición).

En la Argentina, tenemos un Estado que no ha parado de aumentar en términos de su tamaño, pero que cada vez es más ineficiente. Ha crecido, en gran medida, para compensar el daño al tejido productivo que han generado tantas crisis profundas. Remedio que agrava la enfermedad notablemente, produciendo un círculo vicioso en el cual nos hemos estado encerrando en las últimas décadas.

La informalidad hace, no solo que el Estado llegue mal, sino que en su bruma crezca un Estado que cobija corrupción y delito, por ejemplo, el del narcotráfico, con la cantidad de dinero sucio que produce. Un verdadero Estado Inverso, que en vez de bienes públicos produce males públicos.

Estado ineficaz e inefectivo y sociedad con altos niveles de informalidad son el pasaporte seguro a una catástrofe sanitaria cuando se enfrenta una emergencia como la de la pandemia

Teniendo estas debilidades estructurales, ya que vienen de bastante tiempo atrás, el Gobierno las debiera haber compensado con una estrategia muy afinada, consensuada políticamente y discutida técnicamente en detalle.

La ventaja de estar un semestre retrasados en la llegada de las consecuencias más agudas de la pandemia, sin embargo, no fue aprovechada por el Gobierno, que siempre exhibió un galimatías de negacionismo y activismo cuyos resultados están a la vista.

Y la clave de toda estrategia pública es tener muy presentes las incapacidades y las limitaciones de una sociedad para poder cumplir con lo que se le pide desde el Estado. El Gobierno mismo se dio cuenta temprano, que en una sociedad con tanto nivel de informalidad y con tanto nivel de exclusión, la única arma efectiva contra el COVID era la vacuna. Y todo su plan consistió en apechugarla con una cuarentena tan larga como inefectiva frente a la pandemia y nefasta para la economía hasta que ella llegara.

Ahora, tarde, nos estamos dando cuenta que el Gobierno no solo perdió la posibilidad de tener temprano a la vacuna Pfizer, sino con cualquier otra vacuna producida en los Estados Unidos (si bien es cierto, que Moderna y Johnson & Johnson están abasteciendo principalmente al mercado norteamericano y europeo). Lo cual ya de entrada permite sospechar que los dados estaban cargados hacia un lado del mundo (como también lo está la apuesta que está haciendo por el 5G chino, por el retiro de la denuncia por las violaciones a los D.D.H.H de Venezuela ante la Corte de La Haya, o la condena contra Israel y no de la organización terrorista Hamas).

Es cierto que en teoría íbamos a estar atestados de vacunas (si fuera por los contratos que se firmaron), pero eso no quita, cuanto menos esa tendencia del Gobierno nacional de ir hacia Rusia y hacia China, lo cual resulta evidente. (Los únicos otros países de los más habitados en América Latina que no tienen Pfizer son Venezuela, México y Cuba).

Lo que no es evidente es por qué ha sucedido esto: sí por razones geopolíticas e ideológicas, por razones económicas (tanto públicas, por ejemplo, la presión que China siempre ejerce al ser el comprador más grande que tiene el país, aunque no se conoce porqué Rusia, la productora de la Sputnik, tendría semejante nivel de chantaje) o razones económicas privadas (lo que se conoce bajo el nombre de corrupción, que fue lo denunciado por Patricia Bullrich -aunque si hubo retorno, debe haber más bien haber venido de algunas de las empresas que abastece al país-. El acuerdo no se hubiera caído en el eventual caso de que se le habría pedido coimas a Pfizer y esta se hubiera negado a darlas, en el caso de no existir otros laboratorios que aparecían más “atractivos” que esa empresa.

Mientras tanto las mil y una excusas del Gobierno para explicar porque se frustró el contrato con Pfizer -cuyas bases no muestran ni el gobierno ni la empresa (para “proteger” sus negocios en el mundo, obviamente) habilita sospechar que la verdadera causa todavía está por descubrirse.

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