Por Sergio Suppo
Una nueva versión de antiguos fracasos se proyecta sobre la Argentina. Como una deteriorada pantalla de un cine de barrio, el país resiste la reproducción de imágenes y palabras que parecían perdidas en el tiempo. Muchos espectadores ya se fueron a otras salas; otros saben que no conviene pagar por una entrada para ver el espectáculo de una nación que se autodestruye.
Todo ocurre en medio de la crisis descomunal que le provoca al mundo la pandemia de coronavirus. La Argentina no solo la sufre más por sus debilidades sanitarias estructurales. A sus gobernantes también se les ocurrió organizar una batalla interna que elimina las más elementales nociones del poder y el liderazgo.
A Alberto Fernández ya no le alcanza con simular moderación y aceptar todos los deseos de Cristina Kirchner. La vicepresidenta lo convierte en un presidente precario y es el propio Fernández el que acepta la reducción a la nada de su propia personalidad política.
Desnudo de impotencia, sin siquiera poder desplazar a un subsecretario y luego de dinamitar el destino de su ministro de Economía, esta semana el Presidente sobreactuó los viejos discursos de Cristina en un desesperado intento de conseguir un antídoto contra su propia declinación.
Los trucos son viejos; ya no funcionan. El oficialismo decidió sacarse una foto de unidad y lanzar un nuevo ataque generalizado para encubrir su enfrentamiento por el fallido despido del subsecretario Federico Basualdo.
El episodio quedó mucho más al descubierto que lo que cualquier gobierno desea mostrar. Ante una población golpeada por el empobrecimiento y la inflación, y castigada por la nueva ola de la pandemia, el oficialismo expuso la raíz de su lógica: Cristina solo piensa en cuidar su clientela electoral en el conurbano. Advertida de que su fuente de poder está bajo una fuerte amenaza, sin embargo, una vez más recurre a las recetas que ya la condujeron a perder elecciones y dejar el poder.
Es algo más que su dominio sobre la política energética lo que está exhibiendo la vicepresidenta cuando bloquea la salida de Basualdo y, por esa vía, frena los aumentos de tarifas a la electricidad que viene reclamando el ministro Martín Guzmán.
A Cristina le importa poco y nada que Guzmán, la cara argentina en la renegociación de sus deudas, haya quedado casi obligado a irse por no poder sacarse de encima a Basualdo. Lo que busca es que no haya aumentos de tarifas para sus votantes. Ya ocurrió. La diferencia entre las tarifas de luz de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano respecto de las que se pagan en el resto del país forma parte del dibujo que retrata la división geográfica de las preferencias del electorado.
Cristina no admite aumentos superiores al 9%, con lo que de paso beneficia a sus despreciados porteños y a los sectores medios y altos del conurbano. Mientras, en el resto del país, las tarifas eléctricas ya subieron en lo que va del año más de un 20% en casi todas las provincias y con seguridad sufrirán nuevos ajustes. A esto se suman aumentos en el transporte público y la eliminación de frecuencias de los colectivos para no transferir ajustes en el precio del boleto que serían impagables para rosarinos, mendocinos o cordobeses.
No se trata solo de la reconstrucción de un sistema inequitativo para personas según su domicilio. Es también la consolidación de un sistema que desprecia el peso de los costos de producción para una gran parte del país, como condición para que un sector afín a Cristina Kirchner pueda pagar más barata la electricidad, tenga gas natural o disponga de energía para radicar una industria.
El desprecio por el interior productivo, el que habita la franja central de la Argentina y el interior de la provincia de Buenos Aires, vuelve a contrastar con la preferencia por los grandes conglomerados del conurbano, allí donde se concentra la mayor proporción de sus votantes. Todo el país paga subsidios del Estado en beneficio del AMBA, y al mismo tiempo el 60% de la Argentina afronta de su bolsillo tarifas ajustadas según los costos.
Cristina impuso a Fernández el uso de pirotecnia que ya fue quemada en otros tiempos. Si hasta reapareció la frase “si quieren gobernar, formen un partido y ganen las elecciones”. La embestida ciega una vez más expone la debilidad del oficialismo. Otra vez, el viejo recurso de inventar una conspiración de opositores, jueces y periodistas, ahora relatada por Alberto.
El Gobierno se daña a sí mismo y luego culpa a quienes designa como sus enemigos. ¿Esperaba Alberto Fernández que la Corte resignara su conocida posición en defensa de las autonomías de los distritos? Antes que hacerle caso, Alberto podría haber recordado a Cristina que en 1994 compartió el bloque peronista de convencionales con los actuales ministros de la Corte Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Ella también votó en esa reforma constitucional un estatus de autonomía para la ciudad de Buenos Aires similar al de las provincias.
No es la Corte la que está proyectando como presidenciable a Horacio Rodríguez Larreta por validar su planteo de clases presenciales, como argumenta ahora el kirchnerismo. Es el oficialismo el que lo impulsa con la reposición de la versión pura y dura del cristinismo como forma de gobierno.
Fernández perdió hace tiempo la oportunidad de encarnar al presidente dialoguista que prometió ser y que insinuó cumplir en las primeras semanas de la pandemia. Un pasado apenas más lejano ha regresado para repetir viejos relatos y producir nuevos desatinos.
© La Nación
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