Un misil letal en la guerra contra la Justicia

Por Héctor M. Guyot

Después de dictar cátedra en la Universidad de Buenos Aires, Amado Boudou podría haberse dado el gusto de acceder a uno de los créditos hipotecarios a tasa cero que el Gobierno está otorgando a los argentinos que buscan “recuperar la ilusión de mejorar sus casas”, como dijo Alberto Fernández. ¿No es acaso la ilusión de mejorar lo que siempre movió al exvicepresidente? 

Claro, los 4 millones de pesos que otorga el programa Casa Propia tienen gusto a poco comparados con la máquina de hacer billetes, aquella gran ilusión que le costó más de cinco años de cárcel por cohecho y delitos incompatibles con la función pública, pena que hoy purga en su domicilio. Pero todo suma. Habiendo aprendido la lección, más humilde en sus ambiciones, Boudou aplicó al plancito para apuntalar la pensión vitalicia de 420.000 pesos que recibe cada mes.

Suena verosímil, pero el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat salió a desmentir todo. Un funcionario explicó que alguien sustrajo la identidad digital del exvicepresidente y se inscribió en el programa “falsamente”, bajo su nombre y DNI. Un robo paradojal, sin duda, ya que en los hechos le hubiera reportado a Boudou ese puchito extra de 4 millones. Hasta que Diego Cabot vino a meter las narices en ese listado interminable que benefició sobre todo a habitantes de las jurisdicciones gobernadas por el oficialismo, el Gobierno le había otorgado el crédito al preso vip devenido profesor de lawfare. O a su nombre, que viene a ser lo mismo. Lo dice la lista y eso es lo que importa. Lo relevante es lo que hace la autoridad, y no lo que perpetra o deja de perpetrar un reo con sentencia firme. En honor a la coherencia, hubieran hecho muy bien en concederle esa ayudita al necesitado. Y sin culpa, muchachos, como exhorta Carlos Zannini desde algún lugar más allá del bien y del mal.

En estas cosas el kirchnerismo es lo más coherente que hay. Esa coherencia sin fisuras lo vuelve previsible. Por eso cuesta creer que hayamos llegado a este punto en el que el país pende sobre el vacío, al borde del abismo, a solo un empujón de precipitarse cuesta abajo en la rodada. La reforma del Ministerio Público Fiscal es un misil letal en la guerra contra la Justicia que el kirchnerismo viene librando desde sus primeras encarnaciones. Dada la histórica mayoría del peronismo en el Senado, con ese proyecto convertido en ley cualquiera que asuma el cargo será un instrumento de Cristina Kirchner, tal como hoy lo es el ministro de Justicia, cuya única misión consiste en doblegar la resistencia del poder del que dependen la vigencia del sistema democrático y la libertad de los argentinos. Si consigue colocar un títere como jefe de los fiscales, arte para el que se muestra dotada, la vicepresidenta habrá reunido en su persona el control de los tres poderes del Estado. De esta forma, se habrá consagrado jueza suprema. Decidirá, a voluntad y capricho, quién es culpable y quién inocente. Qué causas se impulsan y cuáles no. En el reino de la impunidad y la venganza, el relato reemplazará a la ley.

El proyecto, rescatado de su letargo esta semana por el oficialismo, es a todas luces inconstitucional. Lo han dicho todos los juristas de nota. Incluso algunos agentes de la Justicia de ostensible filiación kirchnerista han tenido la decencia de cuestionarlo en su punto neurálgico: el que reduce la exigencia de los dos tercios de los votos en el Senado para elegir al procurador a la mayoría absoluta de sus miembros. En las actuales circunstancias, esto sería algo así como servirle en bandeja al poder político la cabeza del Poder Judicial. Sería, al mismo tiempo, remover una viga maestra en el edificio de la democracia republicana. Anulada la división de poderes, el edificio se derrumba. “A la luz de la Constitución”, dijo Roberto Gargarella, la iniciativa “resulta inconcebible”. Sin embargo, el kirchnerismo mira las cosas desde una luz distinta. Más que un límite a observar, la ley y las reglas de juego han sido para Cristina Kirchner un obstáculo a remover cuando su voluntad pide pista y cuenta con el poder y la complicidad suficiente como para despejar el camino.

Todos en el Gobierno se abrazan al desvarío y dan la espalda a los padecimientos de la sociedad en medio de la segunda ola. Todos viven concentrados en sus pequeños y desmedidos intereses personales. Desde el profesor de derecho que nominalmente gobierna hasta el presidente de la Cámara de Diputados, el mismo que en otros tiempos y desde la vereda opuesta, pero con la misma cara, había alardeado: “Los meto presos a todos”. Hoy aquí, mañana allá, somos todos peronistas y vamos hacia la miel, allí donde esté.

En medio de disputas mezquinas, inadmisibles en este contexto, la oposición había encontrado al menos un modo de hacer valer su fuerza: supeditar el acuerdo por la postergación de las elecciones a que el oficialismo desistiera de la reforma del Ministerio Público. Al final, Juntos por el Cambio concedió la postergación sin exigir lo otro como condición. No parece en principio el mejor modo de defender la democracia. Porque del otro lado no dudan. Avanzan. Con coherencia y sin culpa.

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