Por Sandra Choroszczucha (*)
Hasta hace unos meses, infinidad de argentinos expresaban su admiración por Uruguay, destacando como la pequeña república articulaba a la perfección libertad con responsabilidad, en medio de una pandemia que mantenía a los ciudadanos del mundo en vilo.
Muchos también elogiaron al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, porque él repetía sin pausa la importancia de no prohibir ni exigir con fuerza de ley ningún tipo de actividad, sino exhortar a la población a manejarse con cuidados de modo voluntario, priorizando el bien común frente a un virus altamente contagioso.Uruguay, en la lucha contra el coronavirus, se mantuvo como país ejemplar en la región hasta hace escasos meses, ya que pudo controlar la pandemia, y aplicando esa suerte de sintonía fina pudo lograr atender la salud sin dejar absolutamente relegadas la economía y la cuestión social. Durante casi todo 2020 la circulación del virus se pudo contener en Uruguay, y la cantidad de infectados y fallecidos por Covid-19 prácticamente no ascendía. En aquel momento, de pandemia controlada, Uruguay definió abrir las escuelas bajo un esquema de asistencia optativa, con burbujas pequeñas, donde los alumnos asistían dos veces por semana a clases, en un formato mixto que combinaba modalidad presencial y digital. Actualmente Uruguay estalla de coronavirus (las numerosas flexibilizaciones durante la primavera/verano, la súper virulenta cepa de Manaos que invadió tierra uruguaya y la asistencia a las escuelas con protocolos menos medidos parecen haber complicado significativamente su situación sanitaria) y el gobierno definió desde marzo cerrar las escuelas, bajo el imperativo de descomprimir el sistema de salud, que se encuentra desbordado.
La Argentina durante 2020, con un virus que circulaba con calma, eligió no abrir las escuelas; sin embargo en aquel momento se discutían modelos de apertura para la vuelta a las aulas, y los ministros/ministra de Educación en todos los niveles de gobierno planteaban un regreso a las aulas muy cuidado, bajo un esquema de clases optativo, donde se combinara lo presencial con lo digital, con burbujas de tan solo 9 alumnos más un docente, sin rotación de los docentes por diferentes burbujas y apelando a un control extremo del transporte público. Un modelo prudente, pero no se implementó, y se montó una vuelta a clases donde por escasos días los niños y adolescentes experimentaron lo que nuestros funcionarios políticos llamaron “reconexión con la escuela” en el momento en que ya finalizaban las clases. Pero en 2021, con el virus circulando desenfrenadamente en la Argentina, los mismos ministros/ministra que sugerían en 2020 volver con extremos cuidados a clases, plantearon la vuelta a las aulas bajo un esquema mucho más intrépido, de escolaridad obligatoria con un formato de burbujas que pueden contemplar una cantidad ilimitada de alumnos, con la posible rotación de profesores por varias burbujas y con la obligatoriedad de que todos los alumnos de las burbujas no cerradas deban acudir a clases aunque en esas burbujas puedan estar presentes hermanos de niños de burbujas cerradas. Un modelo osado.
La Argentina, según el sitio Worldometer, se encuentra en el lugar número 33 en cantidad de muertos por cada millón de habitantes sobre un total de 221 países. Según el mismo sitio, nuestro país ocupa el lugar número 11 en cantidad de infectados por Covid-19 y el lugar número 10 en lo que se califica como “serio crítico”. Respecto a la performance vacunatoria, según el sitio Our World In Data, la Argentina vacunó con una dosis de la vacuna contra el coronavirus a 12,3% de su población y con ambas dosis a tan solo el 1,8%. Mientras tanto, nos informan las diversas autoridades del sistema de salud privado que este ya se encuentra saturado, y las autoridades del sistema de salud público que este aun resiste, aunque se encuentra estresado y con una tendencia vertiginosa al alza de ocupación de camas.
En este estado de situación crítica y angustiante, en apenas días presenciamos en la Argentina el dictado de un decreto presidencial que ordenó el cierre de escuelas por un período de 15 días en el AMBA; una apelación por parte de grupos de padres de la ciudad porteña frente a un Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que llegó a un veredicto: que las clases sí continúen en la capital argentina; un nuevo dictamen de la Nación que ordenó nuevamente que se cumpla el decreto de cierre total en las escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); y una respuesta de la ciudad porteña que volvió a definir que las clases continúan en la capital argentina. Y falta aún que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia, para expedirse sobre la continuación o suspensión de clases presenciales en el AMBA.
Aseguran desde el gobierno provincial que el virus escala con más velocidad con escuelas abiertas. Sin embargo, las mediciones siguen escaseando en la provincia de Buenos Aires. Aseguran desde el gobierno porteño que la presencialidad en las escuelas no incide en los altos niveles de contagio del virus, sin embargo, en la práctica, no se testean a todos los alumnos de las burbujas que cierran con alta frecuencia (solos los alumnos con síntomas se testean por su cuenta), por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta si el virus en las escuelas no contagia como sí contagió en el resto de los países de la región y del mundo, cuando la pandemia se tornó virulenta.
Uno escucha día tras días las noticias y prevalece el asombro y la indignación, escuelas no, escuelas sí, escuelas no, escuelas sí, y mientras tanto los maestros de la ciudad porteña que adhieren a la medida del gobierno nacional de volver a la escuela digital deben acatar la orden del gobierno porteño de volver a la presencialidad, pero muchos de ellos, en lugar de volver a la presencialidad o dictar clases digitales, hacen paro. Bizarro, lastimoso, y las clases presenciales o digitales no se dictan en gran cantidad de escuelas porteñas a pesar de fallos y contrafallos.
Si en 2020 se expresaba con tamaña admiración el buen manejo frente a la pandemia que tenía Uruguay, que aplicó moderación en sus medidas, que frente a los disensos apelaba al diálogo para generar nuevos consensos, que cuando abrió las escuelas, en un momento que el virus circulaba tímidamente en el vecino país, lo hizo con cautela y sin carácter de obligatoriedad ¿por qué no apelar a un modelo similar al de un país que consideramos ejemplar al momento de enfrentar situaciones que requieren de moderación y diálogo?
Nuestra situación sanitaria se parece más a la uruguaya actual, crítica, que a la uruguaya pasada, relajada; sin embargo, si queremos seguir apostando a la presencialidad escolar apelando a que el ciclo lectivo perdido en 2020 nos lastimó tanto ¿no sería prudente aplicar un tipo de formato más medido, con burbujas más pequeñas, sin rotación de maestros por varias burbujas, bajo un esquema que contemple días de asistencia a las aulas combinados con días de virtualidad, y principalmente, un modelo que contemple un carácter optativo de regreso a la presencialidad?
Obligatoriedad respecto a la educación y no obligatoriedad respecto a la presencialidad en las aulas; esto puede implicar menor tránsito y circulación de personas, que es lo que se necesita imperiosamente para frenar un virus respiratorio altamente contagioso, al mismo tiempo implicaría que aquellos alumnos que no pueden acceder fácilmente a la virtualidad puedan asistir a clases presenciales, e implicaría principalmente que cada familia elija el modo que prefiere que sus hijos estudien, en el marco de una pandemia que a muchos genera relajación pero a otros enorme temor. Educación, libertad, menor circulación del virus y frenar la riña político-partidaria hasta el 24 de octubre.
(*) Politóloga y profesora (UBA)
© La Nación
0 comments :
Publicar un comentario